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Gobierno refuerza ofensiva judicial contra red del Tren de Aragua y presenta querella

La red habría logrado mover y blanquear cerca de $75 mil millones obtenidos mediante delitos como extorsión, tráfico de drogas, contrabando, trata de personas y otras actividades ilegales.

El Ministerio de Seguridad Pública presentó una querella contra los 17 imputados vinculados a una presunta red de lavado de activos asociada al Tren de Aragua, organización criminal transnacional investigada por diversos delitos en el país.

La acción judicial se suma a la investigación liderada por la Fiscalía Metropolitana Sur, que logró formalizar a los acusados durante el fin de semana.

Gobierno refuerza ofensiva judicial contra red del Tren de Aragua

En la audiencia, el fiscal regional Héctor Barros, junto a los persecutores Milibor Bugueño y Luis Barraza, expusieron antecedentes que permitieron obtener la prisión preventiva para 14 de los imputados. Según la investigación, la estructura conocida como “Los Shelby” operaba como el brazo financiero de la organización criminal, canalizando recursos provenientes de actividades ilícitas.

De acuerdo con los antecedentes recopilados por el Ministerio Público, la red habría logrado mover y blanquear cerca de $75 mil millones obtenidos mediante delitos como extorsión, tráfico de drogas, contrabando, trata de personas y otras actividades ilegales. La indagatoria estableció además la existencia de una compleja organización destinada a ocultar el origen de los fondos y facilitar su circulación dentro y fuera del país.

La denominada “Operación Tokio” permitió acreditar delitos relacionados con asociación criminal, extorsión, contrabando, lavado de activos, asociación ilícita para el lavado de dinero y tráfico de drogas en pequeñas cantidades.

En el operativo fueron detenidas 19 personas, aunque 17 fueron formalizadas por su presunta participación en la red financiera, mientras que los dos restantes enfrentaron procedimientos por delitos flagrantes detectados durante los allanamientos.

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La discusión sigue abierta. La respuesta que entregue el SII y la evaluación que posteriormente realice la Contraloría permitirán determinar si estamos frente a un simple cambio de criterio administrativo o ante una cuestión más profunda: si el ordenamiento jurídico chileno admite, en definitiva, que lo ilícito también pueda ser objeto de tributación.

Foto del Columnista Germán R. Pinto Perry Germán R. Pinto Perry