La desconocida red de propiedades que Pinochet compró para el Ejército en el extranjero

En pleno centro de Londres, a pasos del Hyde Park y del popular barrio Camden Town, se encuentra un espacioso departamento de cuatro habitaciones ubicado en el tercer piso de un edificio, el cual desde el 7 de febrero de 1977 es del Ejército de Chile. Ese día, la dictadura de Augusto Pinochet firmó un contrato de uso de la propiedad por 125 años -un “leasehold”-, inmueble que sería destinado a los agregados militares que fueran designados en Inglaterra, de los que solo hay registro desde 1983.

El acuerdo incluyó el pago inicial de 18 mil libras de la época y desembolsos mensuales que se mantiene en la actualidad. Era la primera vez que se hacía una inversión de este tipo, pese a que las agregadurías existían desde finales del siglo XIX. Ese departamento, se transformó en la primera de una serie de adquisiciones hechas por la dictadura fuera del país, con el objetivo de que los designados militares pudieran vivir en residencias del Estado chileno alrededor del mundo.

Argentina fue el segundo país donde se hicieron suntuosas compras, esta vez para las tres ramas de las Fuerzas Armadas que controlaban el país por esos días. En mayo de 1979, la Armada compró un departamento de 195 metros cuadrados en Buenos Aires, según aparece en uno de los contratos de compraventa de inmuebles fuera de Chile, realizados por las FF.AA., a los que accedió El Dínamo vía Ley de Transparencia.

La propiedad tuvo un costo de 200 millones de pesos argentinos de la época y la compra fue firmada por el entonces embajador en ese país, Sergio Onofre Jarpa. Dos meses después, la misma exautoridad suscribió la adquisición de un departamento de 159 metros cuadrados en la capital argentina, por $62 millones locales, pero ahora destinado a los agregados del Ejército.

Tres años más tarde, también con órdenes desde Santiago, Onofre Jarpa haría lo mismo para los enviados de la Fuerza Aérea, comprando un departamento de 373 metros cuadrados en Buenos Aires. El contrato fue hecho por $120 mil dólares.

Si bien las tres ramas de las Fuerzas Armadas accedieron a propiedades en el país vecino para sus agregados durante ese breve periodo, desde 1980 en adelante la situación cambió radicalmente y el favoritismo en las compras por órdenes de la dictadura fue concreto: solo el Ejército -alma máter de Pinochet- adquirió 26 inmuebles adicionales en Europa y Latinoamérica, en un plazo de once años.

Adicionalmente, la Armada en 1981 compró una propiedad para su agregado en Lima, Perú, pero la siguiente no llegaría hasta recién 1994, en Estados Unidos, bajo el gobierno de Patricio Aylwin. En la Fach, en tanto, las siguientes dos solo fueron compradas en 1995 (EE.UU.), cuando Eduardo Frei era Presidente, y en 2007 (Perú), con Michelle Bachelet a la cabeza del país.

En total, durante la dictadura militar se compraron 31 inmuebles en el extranjero para las Fuerzas Armadas, privilegio único dentro del Estado que continúa en la actualidad. De estos, cinco se encuentran hoy en día deshabitados.

Desde 1977, las Fuerzas Armadas han registrado en su conjunto 34 casas y departamentos alrededor del mundo para sus agregados.

Expansión mundial

Tras el Golpe de Estado, Pinochet estaba interesado en ampliar su red militar a nivel internacional, por lo que decidió duplicar el número de agregados militares en el mundo. Tanto en ese momento como en la actualidad, el rol de estas designaciones es ser un representante de las Fuerzas Armadas y asesor del embajador en temas de defensa, aunque -según expertos- durante los primeros años de la dictadura apuntaban a otro rol. De hecho, varios enviados fueron agentes de la DINA.

De acuerdo a registros del Ejército, en septiembre de 1973 había 15 agregadurías, incluyendo las de Rusia y Cuba que fueron eliminadas abruptamente. El dictador mantuvo trece de ellas y agregó once adicionales en distintos puntos del planeta.

Colombia, Ecuador, Argentina, España, Estados Unidos, Francia, Paraguay, Perú, Inglaterra, Venezuela, Alemania y México mantenían una relación militar previa a la dictadura a través de agregados; en las diez primeras Pinochet determinó la compra de viviendas, como vínculos prioritarios para el régimen. Suiza, en tanto, se mantuvo solo entre 1972 y 1980, y con el país azteca se cortó la relación militar entre 1973 y 1993.

Durante diez años, Pinochet instaló agregadurías en distintos lugares: El Salvador, Panamá y Uruguay en 1974; Bolivia y Corea del Sur en 1975; Nicaragua en 1977; China en 1979; Honduras y Sudáfrica en 1981; Israel en 1982 y Canadá en 1983. Años más tarde se compraría una propiedad para el agregado de Montevideo.

Estados Unidos lidera la cantidad de inmuebles destinados a la agregaduría del Ejército. Son once casas y departamentos ubicados entre Maryland y Washington DC. La primera fue adquirida en 1981, por US$163 mil de la época y equivalente a haber pagado hoy $315 millones (sin considerar plusvalía y otros), en el condado de Montgomery; luego se compraron tres casas por 418 mil dólares, de cuatro habitaciones y cuatro baños, según estipulan los contratos de compraventa.

Ese mismo año, en agosto, se compraron otras tres por US$432 mil dólares. El contrato incluye un decreto autorizado por Pinochet pidiendo -en su afán por el secretismo- que se rinda “cuenta de forma reservada de esta inversión”, que otorga US$1.200.000 para ello. Tres años después, se realizaron otras tres compras de propiedades, por US$116 mil, US$83 mil y US$86 mil, a tres distintos vendedores, todas en el mismo condado. Finalmente, en 1988 se compraron dos propiedades en Washington por casi dos millones de dólares.

Según el Ejército, actualmente son usadas por el jefe de la misión militar, el secretario, asesor de finanzas, asesor militar, oficial de capacitación, jefe de plana mayor, tres dactilógrafos y un auxiliar técnico. Una propiedad está desocupada.

Amplias propiedades

En España se compraron nueve propiedades. La primera se realizó en 1980 en Madrid, por 19 millones de pesetas, por un departamento en un quinto piso de 320 metros cuadrados, de cuatro dormitorios y dos estacionamientos. Esta primera compra se realizó en conjunto con una residencia para el embajador y oficinas para el consulado, entre otras adquisiciones que realizó el régimen.

Dos años más tarde se adquirieron tres departamentos de entre 110 y 115 metros cuadrados por 10 millones de pesetas cada uno. En todos los contratos se estipula que serán destinados a “funcionarios de la agregaduría”. En 1985, en tanto, se compraron cinco propiedades más: dos departamentos de 98 metros cuadrados, por 6,5 millones de pesetas cada una, en un cuarto y un sexto piso, además de otras tres propiedades de entre 86 y 90 metros cuadrados por 40 millones de pesetas.

Éstas últimas iban a ser destinadas a ser oficinas de la agregaduría militar en España, según se establece en los documentos enviados por el Ejército. Actualmente, de acuerdo a la institución, en los departamentos viven el agregado militar, el oficial de capacitaciones y el jefe de plana mayor, mientras que tres propiedades se encuentran desocupadas.

La expansión por Europa también llegó a Francia. En octubre de 1980, la dictadura compró un departamento de tres dormitorios en un primer piso en París, por dos millones de francos, un equivalente actual a haber pagado USD$1.660.394, sin considerar plusvalía u otros. Un año después se compró una propiedad de 300 metros cuadrados en Montevideo, por 295 mil dólares de la época, ubicado en la Rambla República de Perú.

Ese mismo año se compró una propiedad de 709 metros cuadrados en el distrito La Recoleta de Asunción, Paraguay, por 2,5 millones de guaraníes. Luego, en 1984, se adquirió un departamento en un piso 9 en Quito, Ecuador, por 31 mil sucres.

Y al año siguiente, en Caracas, Venezuela, se compró una casa en la Quinta Mamia de 658 metros cuadrados, por tres millones de bolívares, contrato firmado por el entonces embajador Carlos de Costa-Nora, quien estipula que se entrega la propiedad al Ejército para “los fines que estime conveniente”. Según la institución, ésta se encuentra desocupada actualmente, esperando a ser vendida “hasta que hayan mejores condiciones en el país”.

Ya en democracia, en 2008, el Ejército adquirió un departamento de 244 metros cuadrados, con dos estacionamientos en Lima, Perú. Luego, un inmueble de cuatro habitaciones en Bogotá, Colombia, en 1994.

Un exmiembro de la Junta Militar, cercano a Pinochet y que participaba activamente en las decisiones de la dictadura, justificó estas compras y afirmó a El Dínamo que “resultaba más económico comprar las propiedades, porque en algunos países era muy caro arrendarlas”. “Fue un criterio económico para ahorrar un poco”, agregó.

Los arriendos

Por vivir en cualquiera de estas propiedades, el Ejército actualmente descuenta del sueldo base de los agregados el 5,5%, tal como ocurre en Chile con quienes viven en viviendas fiscales de las Fuerzas Armadas. Hoy, el coronel Sergio Gutiérrez Sepúlveda es agregado militar en Londres y, pese a que tiene un sueldo bruto final de $3.511.768 por su grado, la remuneración base es de 660 mil pesos, monto con el que se calcula el “arriendo” del departamento. Es decir, su pago es de $36.300 mensuales por vivir en plena capital inglesa.

En el caso de la Fach, en sus tres propiedades en el extranjero, se cobra ese mismo porcentaje a los funcionarios que son designados. Esta institución cuenta hoy con los inmuebles de Argentina, Estados Unidos (que fue comprada en 1995 por US$465 mil) y otra que se adquirió en 2007 en Perú, por US$168 mil.

Ni la Fuerza Aérea ni el Ejército arriendan propiedades a costo del fisco, como sí lo hace la Armada y Carabineros. Los marinos cuentan hoy con tres inmuebles comprados; el de Buenos Aires y el de Perú, que tuvo un costo de 64 mil soles de la época, correspondiente a un “chalet de dos plantas” en un terreno de 546 metros cuadrados. A eso se suma uno comprado en Estados Unidos por 712 mil dólares en 1994. En ninguno de esos tres países a los agregados navales se les hace descuento por el uso de la vivienda fiscal, explicó la institución.

Adicional a eso, la Armada arrienda tres propiedades a cargo del fisco en Colombia, China e Israel, y hasta hace un año en India y Corea del Sur, con arriendos mensuales que van desde los $2,1 millones hasta los $3,1 millones, de acuerdo a los contratos de arriendo revisados. Además, hay agregados navales en Australia, Brasil, Canadá, Francia, España, Ecuador y Panamá, quienes deben costear su propio arriendo.

Carabineros no posee propiedades compradas, pero sí arrienda doce inmuebles para sus agregados y funcionarios: tres departamentos en Argentina, tres en Bolivia, dos en Italia, uno en Reino Unido, España, Ecuador y Estados Unidos. Los precios pagados van desde 700 a 4200 dólares.

Cuánto es el patrimonio que tienen las agregadurías en inmuebles fuera del país es un misterio. Desde el Ejército explicaron a El Dínamo que no cuentan “con un registro que contenga en forma sistematizada los antecedentes de los inmuebles consultados”. La Armada, en tanto, afirmó que no encontraron “documentos respecto del valor comercial o fiscal, o estimaciones actuales sobre las propiedades mencionadas”. Situación similar ocurre con la Fach.

Según confirmaron desde Cancillería a este medio, ninguna agregaduría civil en las embajadas de Chile cuenta con el privilegio de tener viviendas fiscales a bajo precio o a costo cero para sus funcionarios.

Los designados

El rol de los agregados castrenses es de asesoría al embajador en temas de defensa y de representación de las Fuerzas Armadas en el país anfitrión, entre otras funciones menores. Esta figura existe en Chile al menos desde fines del siglo XIX, terminada la Guerra del Pacífico, cuando el Ejército comenzó a profesionalizar la carrera militar y se empezaron a enviar oficiales fuera del país como parte de su instrucción.

Hasta entonces, según explica el historiador Gabriel Salazar, la oficialidad era designada por el Ejecutivo, por lo que normalmente solo la clase alta y aquellos con redes políticas lograban un ascenso. Con la modernización de la carrera, comenzaron a enviarse militares a Europa para formarse, donde eran condecorados y bien tratados diplomáticamente. Así aparece pronto la idea del agregado militar.

“Se fue configurando una carrera de honores y prestigio, muy vinculado al clasismo. Los generales o coroneles que vienen del exterior con una medalla se sentían en un nivel muy superior”, explica Salazar. Eso Augusto Pinochet lo entendía bien y lo avalaba. En 1956 había sido agregado militar en Washington e inmediatamente después fue enviado a Ecuador, por tres años, para organizar la Academia de Guerra de ese país. Distintas investigaciones periodísticas han revelado la importancia que tuvo esta etapa en la vida del dictador.

Por lo tanto, ya al mando del país, Pinochet rápidamente comenzó a nombrar agregados militares de su entorno cercano y amplió la red de agregadurías en el mundo, tanto como para -en lo formal- representar a las Fuerzas Armadas como para otras tareas asignadas por la dictadura. Ex militares de la época reconocen que era un puesto apetecido en el régimen y que existía una competencia soterrada por llegar a ellos.

Muchos de los primeros enviados eran comandantes de regimientos, mientras que otros eran agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) o personas que se encontraban en el círculo cercano de Pinochet, enviados probablemente -afirma Salazar- para fines de espionaje y operaciones. Este periodo es coincidente, además, con la expansión internacional del organismo al mando de Manuel Contreras y su plan anticomunista, una suerte de “Gestapo” mundial, que tuvo una breve vida.

De la DINA a la cúpula

Los primeros cinco agregados de Paraguay, al menos dos en Ecuador, dos en Francia, uno en Uruguay, Venezuela, España, El Salvador, China y en Argentina, han sido sindicados como agentes del organismo represivo por parte de organizaciones de Derechos Humanos. Luego, se repetiría una fórmula similar con agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Uno de ellos fue Pedro Ewing Hodar, quien había sido designado ministro en la Secretaría General de Gobierno entre 1973 y 1974, y que al llegar a Madrid en 1975 era jefe de la DINA en Europa y de los agregados militares de ese continente. A Brasil llegó un año después del Golpe Humberto Gordon Rubio, quien más adelante sería director de la CNI. Otro agente fue Carlos Mardones Díaz, enviado a Ecuador entre 1977 y 1978, un año después de haber participado en operaciones de exterminio en Chile, de acuerdo a investigaciones judiciales.

De los cercanos al dictador aparecen -en la lista de agregados entregada por el Ejército- Enrique Morel Donoso, quien había sido edecán de Pinochet previo a ser designado en Estados Unidos. Lo mismo con Alejandro Chacón Reveco, designado tras el Golpe como segundo jefe del Comité Asesor de la Junta de Gobierno y luego enviado como representante a París, Francia. También Rafael Ortiz Navarro, reconocido del círculo de hierro del dictador, enviado a Suiza en 1974.

Le siguieron Óscar Coddou Vivanco, padrino de Marco Antonio Pinochet Hiriart. Fue el primer Subsecretario de Guerra de la Junta Militar y solo duró un año como agregado por problemas vinculados a sus relaciones personales. Al llegar a Chile fue nombrado como director de INACAP, que aún dependía de Corfo.

En esta misma etapa inicial de las agregadurías militares se cometieron varios crímenes en suelo internacional, como los asesinatos del general Carlos Prats y Sofía Cuthbert, en 1974 en Buenos Aires, y del ex ministro de Relaciones Exteriores de Allende Orlando Letelier, en 1976 en Washington. A eso se suman los primeros intentos de asesinato del exsenador Carlos Altamirano en España.

Un alto miembro de la Junta Militar, que fue mano derecha de Pinochet, aseguró a El Dínamo que nunca se enviaron agentes de la DINA fuera del país porque “las otras naciones conocen los antecedentes de los militares y no iban a aceptar a alguien que trabajara en inteligencia, porque les generaba una vulnerabilidad. El agregado tenía que ser una persona muy transparente”.

“Los agregados militares tenían una trayectoria impecable al interior del Ejército, entonces más que un reconocimiento era una necesidad de poder representarnos fuera del país”, insistió. Pese a esto, 18 exagregados militares de la dictadura y de los primeros años del retorno a la democracia están acusados por delitos contra los Derechos Humanos y están presos hoy en Punta Peuco.

Altos cargos

A partir de 1978, cuando la DINA ya había desaparecido y el plan de Manuel Contreras iba en retirada mientras que la presión internacional por los delitos de lesa humanidad crecía, en los países que eran de mayor relevancia para el régimen se empezaron a enviar agregados militares de rango superior o que hubieran tenido cargos más altos previamente, como ministros, subsecretarios e intendentes.

Esa dinámica se dio especialmente en países vecinos, como Perú y Brasil, y sobre todo en aquellos en que Chile ya había adquirido propiedades, como Estados Unidos, España, Argentina, Uruguay, Venezuela e Inglaterra, a diferencia de las restantes donde eran enviados militares de menor grado.

“No me extraña que Pinochet haya enfatizado el envío de altos cargos, solo con fines honoríficos, para elevar el nivel y subir el rango de sus militares”, explica Gabriel Salazar, uno de los pocos que ha estudiado el tema. Ni la Academia de Historia Militar hoy cuenta con investigaciones sobre las agregadurías militares.

Gran parte de los designados que volvieron a Chile lo hicieron para encabezar organismos y altos cargos. Carlos Schalchli Villalobos, agregado en Argentina, fue el encargado de comprar una propiedad en ese país. Al regresar a Chile lo hizo como intendente de La Araucanía, en 1980. Entre 1982 y 1983, el enviado fue Hugo Salas Wenzel (exdirector de la Escuela Militar), quien al llegar a Chile encabezaría la CNI como subdirector y, luego, director.

En Buenos Aires también fue asignado, entre 1985 y 1987, Alejandro González Samohod, quien había sido asesor de la Junta de Gobierno tras el Golpe y, entre 1980 y 1985, intendente de Atacama. Al regresar a Chile se transformó en el último intendente de Magallanes, ya ascendido como general.

El entonces coronel Alejandro Medina Lois era director de la Academia de Guerra cuando lo designaron como agregado militar en Madrid, en 1978. Al año siguiente fue ascendido a general y al regresar a Chile fue ministro de Salud y luego rector de la Universidad de Chile por casi tres años.

Entre 1984 y 1985, Francisco Ramírez Migliassi fue agregado en ese mismo país. Antes había sido subsecretario de Economía y vicepresidente ejecutivo de Corfo. Al regresar a Chile fue director de la Oficina de Planificación (Odeplan) en 1985, antesala del Ministerio de Planificación, y luego subsecretario de Relaciones Exteriores.

Tras Ramírez Migliassi, asumió Sergio Ballerino Sandford por tres años en España. Había sido un colaborador cercano del dictador, a cargo de la Casa Militar de La Moneda, por lo que después terminó directamente involucrado en el Caso Riggs. Al regresar a Chile se transformó en el último Jefe de Estado Mayor Presidencial (predecesor de la Segpres), entre 1988 y 1990.

En los ‘70

Varios de los designados a mediados de los ’70 también ascendieron rápidamente tras su paso internacional. En Estados Unidos, Washington Carrasco Fernández fue enviado pocos meses después del Golpe y al regresar a Chile fue nombrado Comandante en Jefe del Comando Conjunto Austral, luego ministro de Defensa en 1982 e Intendente de dos regiones del sur del país.

Enrique Morel Donoso (1975), edecán de Pinochet, tras su paso por EE.UU. fue comandante de la Guarnición Santiago, jefe del Estado Mayor, presidente del directorio de SQM y rector de la Universidad de Chile. Por su parte, Nilo Floody Buxton (1976) a su regreso al país en 1977 fue ascendido a general de división y asumió como intendente de la Zona Austral y más tarde como embajador en Israel.

En Paraguay, entre 1977 y 1978, fue designado César Manríquez Bravo, quien había sido un alto funcionario de la DINA, a cargo de prisioneros del Estado Nacional y de varios centros de represión. Tras regresar a Chile, en 1981 fue nombrado subsecretario de Guerra por dos años.

Otros tuvieron un breve periodo fuera del país. Christian Ackerknecht San Martín había sido jefe de la provincia de O’Higgins tras el Golpe y en 1982 fue designado agregado militar en Washington, pero denuncias de exiliados por su participación en violaciones a los Derechos Humanos hizo que su estadía en ese país fuera muy corta. Murió en 1989 sin enfrentar la justicia.

Solo el Ejército entregó a El Dínamo una lista completa de quiénes fueron sus agregados militares desde 1970 en adelante. La Armada aseguró que “no es posible contar con la información de los años anteriores” a 1990, ya que no se encuentra sistematizada, mientras que la Fuerza Aérea respondió que no cuentan con el registro.

 

NOTA: Este reportaje fue hecho con distintas solicitudes de información vía Ley de Transparencia, documentos publicados por la Biblioteca del Congreso Nacional y biografías del sitio Memoria Viva.