Drones y reconocimiento facial: los detalles del plan de La Moneda y municipios para vigilar a la población

A mediados de marzo el gobierno del Presidente Sebastián Piñera presentó el proyecto de Televigilancia Móvil para “combatir” la delincuencia. Las estrellas del anuncio fueron la flota de drones con cámaras térmicas para visión nocturna y de alta definición, además de un software de reconocimiento facial que promete detectar rostros en la capital.

Sin embargo, el plan aún está a medias. Los protocolos de funcionamiento de los drones no están listos, la Subsecretaría de Prevención del Delito todavía no ha definido cuál será el software de reconocimiento facial que se implementará y las autoridades a cargo reconocen que la idea aún no supera la etapa de análisis.

El solo anuncio ya suma detractores, principalmente entre las organizaciones que velan por la protección de la privacidad. Esto, considerando que las nuevas tecnologías han comenzado a instalarse en una zona oscura: sin reglas claras que normen su funcionamiento ni cifras contundentes que respalden su efectividad en el combate a la delincuencia. Lo que sí queda claro es que implementar estos sistemas sale caro; solo la puesta en marcha de ocho drones en la RM ha costado más de $797 millones.

El Dínamo pesquisó el funcionamiento de drones, globos de vigilancia y softwares de reconocimiento facial en los tres municipios capitalinos que han implementado al menos una de esas tecnologías con fines de seguridad: Lo Barnechea, Las Condes y Peñalolén. En los dos últimos acumulan cifras sobre la cantidad de personas detenidas con ayuda de los drones, pero ninguno accedió a entregar datos que permitan comprobar si esas detenciones se han traducido en formalizaciones o condenas.

Lo Barnechea solo entregó cifras sobre la cantidad de delitos denunciados dentro del perímetro cubierto por el globo de vigilancia entre 2015 y 2018 para demostrar su eficacia como herramienta disuasiva. Pero los números no convencen: de los ocho delitos reportados, la mitad se mantiene o sube, mientras que la otra mitad baja.

En el caso del reconocimiento facial los costos también son altos, pero la nebulosa que rodea su implementación es el mayor problema. En 2017, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI), anunció que se instalaría esa tecnología en la comuna y al poco tiempo el municipio de Lo Barnechea también se subió al carro. A casi dos años de los anuncios la herramienta todavía no está operativa y lo que se sabe es muy poco: la compra del software se hizo por trato directo entre la multinacional Idemia (ex Morpho) y la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente, una corporación privada que reúne a Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura.

En agosto de 2018, el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara (RN), presentó las cámaras con reconocimiento facial a la prensa y aseguró que la herramienta permitirá “crear bases de datos”, identificar personas con antecedentes e incluso detectar sonidos. En paralelo, en Las Condes esperan ocuparla para prohibir la entrada de personas con antecedentes a estaciones del metro y centros comerciales: “La idea es que la fiscalía trabaje órdenes de restricción para que las personas que habitualmente cometen cierto tipo de delito no puedan ingresar”, adelantó la encargada de Seguridad de Las Condes, Javiera Benítez.

En conversación con El Dínamo, Benítez aseguró que el sistema de reconocimiento facial costó alrededor de $600 millones y que siguen “ajustando detalles” para su funcionamiento, al igual que Lo Barnechea. Sin embargo, ninguna de las dos municipalidades accedió a entregar documentación que permita comprobar cuánto se pagó y cómo funciona el software adquirido, mientras que Vitacura no es parte del proyecto.

Por su lado, en la Subsecretaría de Prevención del Delito afirman que se han tomado en cuenta los antecedentes de estos municipios y que además se están estudiando experiencias internacionales, como la de Londres.

Pese a esto, el sistema aplicado por la policía inglesa ha sido criticado por el alto porcentaje de errores que ha tenido en las pruebas. En mayo de 2018, la organización británica Big Brother Watch, que se dedica a la defensa de los derechos civiles y la privacidad de los ciudadanos, publicó una investigación que echó por tierra la confiabilidad del sistema: en promedio, el 95% de los rostros identificados por el software de la policía a nivel nacional arrojó “falsos positivos”, es decir, identificó como criminales a personas inocentes. De todas las prefecturas analizadas, la metropolitana fue la peor evaluada, con más de un 98% de reconocimientos erróneos.

La Corte Suprema despeja el camino

Los globos aerostáticos instalados en 2015 por Las Condes y Huechuraba abrieron la polémica disputa entre vigilancia y privacidad. Los aparatos prometían perseguir el delito en ambas comunas, pero su alcance de 3 kilómetros de diámetro también cubría departamentos y casas particulares.

En marzo de 2016 la Corte de Apelaciones de Santiago acogió un recurso de protección interpuesto por un grupo de vecinos de Las Condes contra los globos y decretó el cese inmediato de su funcionamiento, por considerar que atentaban contra el derecho a la privacidad y la inviolabilidad de los hogares. Pero tres meses después la Corte Suprema revocó la decisión.

El fallo del máximo tribunal autorizó el funcionamiento de los globos y definió un escueto marco regulatorio. Aclaró que las grabaciones solo podrían realizarse en espacios públicos y que la captación de imágenes en sectores privados sería considerada una intromisión ilegítima, a menos que se tratara de un espacio abierto mientras se persigue la comisión de un delito.

Además, definió que las imágenes deberían destruirse al cabo de 30 días, a menos que en ellas se registre un delito. En ese caso, la grabación debía ser enviada a las instituciones encargadas de investigar el hecho. También zanjó que cualquier ciudadano podrá tener acceso a las grabaciones enviando una solicitud al municipio y que al menos una vez al mes un delegado municipal deberá certificar que no se hayan hecho grabaciones en lugares privados (ver fallo).

Fallo Corte Suprema 2016 by on Scribd

El fallo despejó el camino. Los alcaldes UDI recién electos, Evelyn Matthei (Providencia) y  Joaquín Lavín (Las Condes), anunciaron que comprarían drones para vigilar calles y plazas. La administración de Matthei nunca concretó el anuncio, pero en Las Condes el plan venía con fuerza.

Habemus drones

En diciembre de 2016, solo una semana después de instalarse en la alcaldía, la administración de Joaquín Lavín publicó la primera licitación para conseguir un dron (vea el acta con esa compra).

Adjudicación Primer Dron La… by on Scribd

Durante 2017 la ONG Derechos Digitales, una de las que recurrió a la Corte de Apelaciones en contra de los globos de vigilancia, volvió a presentar un recurso de protección pero esta vez para frenar la implementación de los drones. Sin embargo, la ofensiva no fructificó. El recurso fue rechazado por el tribunal de alzada y luego por la Corte Suprema. “¡Habemus drones!”, celebró el alcalde Joaquín Lavín en Twitter el día del fallo.

Según la información disponible en Mercado Público, entre 2016 y 2019 la Municipalidad de Las Condes ha comprado 13 drones junto a una larga lista de repuestos y accesorios, por un total que supera los $87 millones. La cifra aumentará en los próximos días, ya que está en curso una licitación para adquirir otro dron y más de 100 accesorios. Hasta ahora la torta de los drones se ha repartido entre dos proveedores: Importadora Lillo, con dos adjudicaciones ($20,4 millones), y Zalaquett y Avendaño Limitada con cinco ($66,8 millones).

La flota de drones es utilizada para patrullar las plazas públicas de la comuna y despachar órdenes a través de parlantes adosados a las máquinas. En 2017, la imagen de Lavín simulando una fiscalización con walkie talkie en mano se hizo viral: “Al de camisa azul: no se puede beber alcohol en esta plaza. Última advertencia”.

Patrullaje de drones parte próxima semana. La innovación: el parlante para entregar advertencias personalizadas pic.twitter.com/Z5RAC7zWxO

— Joaquín Lavín (@LavinJoaquin) April 15, 2017

En entrevista con El Dínamo, la encargada de Seguridad de Las Condes, Javiera Benítez, explica que los drones son operados por funcionarios municipales y que, además de patrullar plazas, apoyan el trabajo de las policías. Para el patrullaje, Benítez explica que cuentan con un carabinero “sentado acá las 24 horas, los siete días de la semana”. Para el apoyo en investigaciones policiales, aclara que el trabajo se coordina con la Policía de Investigaciones (PDI). “Son ellos los que definen qué días van a hacer la vigilancia. Nosotros vamos y ellos nos van diciendo qué hacer y a quién seguir”, sostiene Benítez.

Los funcionarios municipales que operan las máquinas deben entregar todos los días un reporte con mapas, indicando dónde se grabó y qué hechos ocurrieron. Algo relevante, considerando que los drones tienen un alcance de 6 kilómetros. “La ruta que siguen no es la misma que la que vigilan”, acota Benítez.

En cuanto a los conflictos que podrían surgir con los vecinos y la posible invasión a su privacidad, Benítez aclara que hay solo dos formas de que esto ocurra: cuando se está cometiendo un delito de manera flagrante o cuando la comunidad ha firmado una autorización expresa. “La mayoría de los condominios de Las Condes aprueban que volemos con los drones por arriba”, sostiene la encargada de Seguridad.

Benítez asegura que la implementación de los drones ha permitido desbaratar “varias bandas”, intervenir domicilios y lograr la detención de personas vinculadas al narcotráfico. Sin embargo, el municipio no accedió a entregar la información de los casos para corroborar si esas detenciones pasaron a una siguiente etapa. Solo indicaron, a través de un correo electrónico, que son 89 las personas que han sido detenidas con ayuda de los drones en Las Condes, aunque sin precisar cuánto tiempo abarca esa cifra.

Las cifras de resultados también fueron solicitadas a Lo Barnechea, para conocer el desempeño del globo de vigilancia instalado en esa comuna. A través de un comunicado, el municipio sostiene que han probado su eficacia como elemento disuasivo, midiendo la cantidad de delitos denunciados al teléfono de seguridad municipal dentro de su área de visión. Para eso compararon la cantidad de delitos denunciados durante el tercer trimestre de 2015 con el mismo periodo de 2018.

“En términos comparativos, desde su inicio en el año 2015 se ha reducido un 41% los delitos de mayor connotación social en la vía pública en el área de cobertura del globo”, reza el comunicado. Pero al mirar el detalle las cifras no son tan alentadoras. De ocho tipos de delito medidos, la mitad se mantiene o sube, mientras que la otra mitad baja. Mira los detalles en la tabla entregada a El Dínamo:

La ida se expande

A fines de 2017, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), anunció que la idea de los drones se replicaría en su comuna. La noticia se concretó en 2018, pero en lugar de comprar las máquinas decidieron arrendarlas, para evitar los costos de mantención y no quedar sin servicio en caso de que el aparato se estropee. El contrato se hizo con la empresa Ingeniería Nous SpA a través de una licitación pública. El mismo proveedor que hoy está a cargo de pilotear los drones del gobierno en la Región de Antofagasta.

En Peñalolén, el servicio les cuesta $16,4 millones mensuales e incluye un dron con doble cámara (una con zoom óptico y otra térmica), dos pilotos acreditados, el transporte de implementos y funcionarios, además de los seguros exigidos.

A través de un correo electrónico, la alcaldesa Leitao explicó a El Dínamo que el dron está destinado principalmente a apoyar el trabajo de las policías, levantando evidencia para desbaratar grupos dedicados al tráfico de drogas en la comuna. Según la alcaldesa, el apoyo del dron ha permitido la “detención e incautación de drogas y dinero”. Sin embargo, el municipio no accedió a entregar cifras consolidadas ni mayores datos para corroborar esos hechos en los registros del Poder Judicial.

“Además, el dron ha prestado ayuda al personal de Carabineros en jornadas de conflicto político, como la conmemoración del 11 de septiembre y el día del joven combatiente”, acota la alcaldesa DC.

El único espacio aéreo vetado para el dron en Peñalolén es el sector del aeródromo de Tobalaba, que abarca un radio de 2 kilómetros en torno a esa instalación.

Los drones del Gobierno

El proyecto de Televigilancia Móvil anunciado por el gobierno consideró experiencias como la de Las Condes, Lo Barnechea y Peñalolén, pero también la asesoría de Carabineros, que en las mismas fechas estaba creando su brigada de drones con base en la prefectura en el Aeródromo de Tobalaba.

En diciembre de 2018 la Subsecretaría de Prevención del Delito inició su plan piloto de drones en la Región de Antofagasta. A través de una licitación pública, arrendó horas de vuelo para tres drones durante 13 meses. La elegida fue la sociedad Ingeniería Nous Spa, por un total de $233,5 millones.

En la Región Metropolitana se ocupó una fórmula distinta. Los ocho drones con cámaras fueron comprados en $198 millones a la empresa Geologística SpA, pero la operación de las máquinas quedó en manos de Carabineros. Así será al menos durante los tres meses de marcha blanca, ya que al momento de los anuncios no estaba lista la licitación para conseguir un operador civil certificado.

El jefe de la División Territorial de la subsecretaría, Daniel Escobar, explica que el trabajo de los drones se organiza en base a dos ejes: el apoyo a los municipios y el trabajo con Carabineros. “A eso vamos a sumar, una vez que tengamos el protocolo definido con la fiscalía, el uso que las fiscalías quieran darle”, sostiene.

El trabajo con los municipios se ordena en función de lo que cada comuna pida. La Municipalidad de Santiago ya solicitó el apoyo de los drones para perseguir el comercio ilegal en eventos masivos. Otros municipios han pedido ayuda para controlar vertederos ilegales y construcciones no autorizadas en el borde del Río Mapocho. En el norte, la Municipalidad de Antofagasta ocupó los drones para resguardar la seguridad en el festival que realizó durante el verano y Tal Tal los solicitó para revisar el mal uso de los terrenos de uso público en la zona costera.

En entrevista con El Dínamo, Daniel Escobar explicó que las imágenes captadas por los drones se guardan en las tarjetas de memoria que porta cada uno y además en un servidor de respaldo ubicado en la central de monitoreo instalada en la Intendencia.

“Nada puede ser completamente infalible, pero están tomadas las precauciones para que no haya situaciones de vuelo de dron donde no tengamos un respaldo”, asegura Escobar. “Por lo tanto, piloto ni copiloto van a poder tomar imágenes sin supervisión. Saben que hay un respaldo y que la información está siendo transmitida de forma inmediata y directa a través de un sistema que compramos junto con los drones y que es el mismo que ocupa un canal de televisión”.

El hecho adquiere relevancia considerando que los drones serán operados y utilizados por Carabineros. El proceder de la institución en casos como el de Camilo Catrillanca en la Araucanía y los numerosos uniformados dados de baja por participar en actos delictuales tiene en tela de juicio a sus funcionarios y el criterio que ocupan en sus procedimientos.

Respecto a los resultados que ha arrojado el plan implementado en la Región de Antofagasta, la subsecretaría informó a El Dínamo que se ha logrado la detención de 89 personas con ayuda de los drones, pero no aportaron información que permita hacer un seguimiento de los casos.

La entrada del reconocimiento facial

Las Condes, bajo la administración de Joaquín Lavín, fue el primer municipio en anunciar la implementación de un sistema de reconocimiento facial en el país. En junio de 2017, a pocos días de ganar la batalla por los drones en la Corte Suprema, Lavín figuró en televisión y prensa escrita anunciando la medida.

Al poco andar el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara (RN), se sumó a la iniciativa. “Eso fue bueno para nosotros, porque nos permitió repartir los costos de adquirir el sistema”, dice Javiera Benítez, encargada de Seguridad de Las Condes.

Según Benítez, el software y todo lo que involucra la implementación del mismo, ha tenido un costo de alrededor de $600 millones. Sin embargo, ninguno de los municipios involucrados accedió a entregar los documentos que permitan corroborar lo dicho. Se escudan en que la compra se hizo a través de la Asociación de Municipalidades de la Zona Oriente, una corporación privada que reúne a Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura.

A pesar de su carácter privado, la asociación está obligada a cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia, pero basta navegar unos minutos en su página web para corroborar que no cumple. No hay rastro de la compra del software, ni de ninguna adquisición realizada antes o después de 2018, pese a que la organización existe desde 2012.

Pero más allá de los costos, considerando la abultada chequera de estos municipios, lo grave de esta falta de transparencia es la nula información disponible sobre los alcances de la herramienta. El alcalde Felipe Guevara adelantó a la prensa que el sistema, además de reconocer rostros, será capaz de “crear bases de datos”, detectar sonidos y alertar sobre la “permanencia sospechosa” de alguna persona.

Desde Las Condes, Javiera Benítez explica que el sistema funcionará con una base de datos entregada por la PDI: “El software va a identificar solo a 100 mil personas que están en esa lista de interés de las policías. No va a identificar a cualquier persona”, asegura. Además del reconocimiento en vivo, la herramienta tendrá un uso forense. “La policía va a tener la capacidad de meter cualquier video, desde Arica a Punta Arenas, y ver si en ese video aparece alguna persona de interés”, explica Benítez.

Pero los protocolos de las policías para regular ese trabajo todavía no existen. “En Las Condes el protocolo lo estamos terminando de definir”, dice Benítez. La encargada de Seguridad asegura que también esperan trabajar protocolos con la Fiscalía, para controlar el ingreso de personas a las estaciones de metro de la comuna y a las zonas comerciales. “La idea es que la fiscalía trabaje órdenes de restricción para que las personas que habitualmente cometen cierto tipo de delito no puedan ingresar”, dice Benítez.

El software y sus servicios asociados fueron comprados a la empresa multinacional Idemia (ex Morpho), la misma que estuvo a cargo de la puesta en marcha del último sistema de cédulas de identidad y pasaportes del Registro Civil.  Ese contrato estuvo en el centro de la polémica en 2013, debido a los numerosos problemas que tuvo la plataforma durante su implementación.

Por otro lado, el alto porcentaje de errores del sistema de reconocimiento facial instalado en el centro comercial Mall Plaza Los Domínicos también ha puesto en duda la confiabilidad de la herramienta. Sobre las altas cifras de “falsos positivos”, Benítez advierte: “Existen softwares mejores y peores, pero también es importante la cámara. También depende de si tú la instalas a la altura correcta, con la luz correcta y en el ángulo correcto. Todo eso aumenta o disminuye los errores”.

Por su lado, Daniel Escobar aseguró que el gobierno ve la experiencia inglesa como un ejemplo a seguir: “En Londres tienen un sistema de cámaras bastante sofisticado, probablemente uno de los más sofisticados del mundo. Vamos a tomar contacto con ellos personalmente en algún minuto”.

Pero el software de reconocimiento facial aplicado en Inglaterra ha estado en el centro de la polémica, luego que la policía inglesa realizara una serie de pruebas en eventos masivos. Big Brother Watch, una organización británica dedicada a la defensa de los derechos civiles y la privacidad de los datos personales, consiguió los resultados de dichas pruebas a través de la ley de transparencia de ese país y en mayo de 2018 los dio a conocer a la opinión públicas. Las cifras fueron demoledoras: en promedio, el 95% de los reconocimientos arrojados por el sistema fueron erróneos. Además, la peor evaluada fue justamente la policía metropolitana, con más de un 98% de reconocimientos erróneos.

“El reconocimiento facial ha sido durante mucho tiempo temido como una característica de una futura sociedad autoritaria, por su potencial para convertir las cámaras de circuito cerrado de televisión en puntos de control de identidad, creando un mundo donde los ciudadanos son observados y rastreados de manera intensiva”, señala el estudio de Big Brother Watch.

Por ahora, a pesar de los anuncios del Presidente Sebastián Piñera, el gobierno sigue evaluando la factibilidad del sistema. En el Congreso, el martes 9 de abril la Comisión de Constitución del Senado reactivó la discusión del proyecto de ley que regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la agencia que los protege. El tema no estaba en tabla, pero seguirá siendo discutido el martes 16 de abril. Al cerrar la sesión, el senador  y presidente de la comisión, Felipe Harboe (PPD), anunció que ese martes se comenzarán a votar en particular las más de 300 indicaciones que acumula la iniciativa.