En la tarde de este miércoles, el Senado aprobó el reajuste de 4,1% para el sector público. Hoy es el segundo día de la paralización nacional de la ANEF.
Este miércoles y jueves los trabajadores de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) sostienen una paralización a causa de su disconformidad con la propuesta del gobierno.
Durante esta mañana, el presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, Raúl De La Puente, hizo un llamado a paralizar las actividades de los funcionarios públicos durante 48 horas.
El gobierno enviará el proyecto de ley de reajuste al sector público sin haber conseguido satisfacer las demandas de los empleados fiscales. Se planteó elevar a un 4% nominal este reajuste, mientras que los trabajadores solicitaban que éste se situara en un 5,5%. El Registro Civil, que estuvo 39 días paralizado, podría sumarse.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, adelantó en el comité político que el Ejecutivo no está en condiciones de alcanzar las exigencias de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, que se alza por un 6,5%.
A las 11 de la mañana comienza la marcha de estos trabajadores, quienes acusan también al Estado de incurrir en prácticas antisindicales, y adelantaron que esperan con atención el resultado de la negociación, ya que en unas semanas se comenzará a discutir por parte del Ejecutivo con los trabajadores el reajuste general del sector público.
El gobierno no ha cejado en sus intentos de resolver la controversia con los funcionarios del servicio de identificación y registro, pero siempre apuntando que cualquier conversación debe darse con el fin de la paralización, la que será evaluada esta tarde, según la presidenta Nelly Díaz. Han empezado a cursar sumarios, pero el apoyo de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) tiene al máximo la tensión, mientras que los damnificados, los ciudadanos, deben enfrentar esperas que superan las 10 horas, sin certeza de que recibirán sus documentos.
Dirigentes acusan falta de voluntad política para llegar a un acuerdo ya que el porcentaje que propone el Gobierno equivale a una reducción de un 2,5 % en comparación al año anterior.
Los trabajadores no descartan un paro total, en protesta por un informe de una consultora externa que asegura que sólo se cumplieron el 75% de las metas del organismo para el 2012, lo que rechazan.
La sentencia impugnó la validez de un instructivo que, a juicio del dirigente Raúl de la Puente, "coaccionaba a funcionarios públicos para delatar a sus colegas que estaban en movilización".