La millonaria indemnización es por daños y perjuicios al denegar en 2011, de forma ilegal, la solicitud de una licencia minera para el proyecto Reko Diq, ubicado en ese país.
Redacción EL DÍNAMO
El ingeniero agrónomo y ex secretario ejecutivo del CDP, salió así a paso de versiones que apuntaban a que la firma responsable del proyecto Pascua Lama, le pagaba por su participación como asesor en el marco del memorándum de diálogo que la empresa firmó en mayo pasado con 15 organizaciones diaguitas.
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En el marco de un cruce de misivas y declaraciones tras el memorándum firmado por 15 organizaciones indígenas y Barrick en mayo, 14 organizaciones que no se sumaron a este proceso sostienen que no representa a todas las comunidades indígenas ni sectores que conforman el Valle del Huasco.
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"A esta fecha no se ha suscrito, ni está en estudio, convenio alguno que vincule a la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile con alguna Comunidad Diaguita o con la empresa Barrick", señalaron desde la citada repartición.
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"Todas las irregularidades y faltas reiteradas en que ha incurrido la empresa y la incapacidad del Estado de hacer un seguimiento oportuno y diligente, no hacen más que reafirmar la urgencia de revocar el permiso ambiental entregado al proyecto", señaló el dirigente Rubén Cruz.
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“Este Acuerdo abre la posibilidad a la negociación y pretende a través del estudio de variables e indicadores ambientales demostrar que no hay ni habrá daño medio ambiental, en pocas palabras la empresa está comprando el silencio de la gente del valle”, dijo el dirigente Rubén Cruz.
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La ministra Javiera Blanco hoy también salió a referirse a la política por el nombramiento de Eugenio Ortega como gerente de asuntos corporativos de Barrick.
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Eugenio Ortega Frei, miembro de la familia Frei, llega a la minera transnacional cuando su polémico proyecto Pascua-Lama atraviesa un difícil momento.
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La firma que será representada por el abogado Juan Antonio Urrutia defenderá el proceso desarrollado por la SMA, que culminó en una sanción ambiental de US$16 millones y que luego fue anulada por el Tribunal Ambiental.
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A través de una declaración pública, el también ex presidente de la Comunidad Diaguita Chiguinto, Oriel Campillay Cortez, exige copia del Memorándum de Entendimiento entre las partes y denuncia la entrega de un poder ilegal a la presidenta de la Asociación Indígena Consejo Comunal Diaguita de Guascoalto.
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