El Sernac busca que Bike Santiago restituya el dinero cobrado en exceso, cumpla con el deber de profesionalidad del servicio que ofrece, y repare a los usuarios por todos los daños causados.
Noemí Arcos
El Sernac alegaba en su demanda que Presto S.A. ha vulnerado los derechos de los consumidores referidos a la libre elección del bien o servicio, la información veraz y oportuna en relación a las condiciones de contratación, entre otras.
Redacción EL DÍNAMO
El Servicio Nacional del Consumidor busca erradicar lo que va en desmedro de los alumnos de cuatro entidades privadas.
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Se trata de las universidades Santo Tomás, San Sebastián, Mayor y Central, las cuales no aceptaron la mediación del organismo para eliminar estas condiciones abusivas.
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Entre enero y agosto de este año se recibieron 506 quejas por cláusulas abusivas y el incumplimiento de las condiciones ofrecidas.
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Con esta demanda, el Sernac pide a los tribunales, entre otras cosas, que declare la nulidad de ciertas cláusulas; que el Banco de Chile restituya a los consumidores las sumas previamente cobradas; que se indemnice a los consumidores; y se apliquen las multas correspondientes.
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La demanda colectiva busca que se condene a la entidad financiera al pago de las máximas multas por cada infracción, que algunas cláusulas de sus contratos hipotecarios se declaren nulas y se condene a la institución al pago de las devoluciones e indemnizaciones que correspondan para todos los consumidores perjudicados por las referidas infracciones.
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Tras analizar los contratos de las cinco firmas con más reclamos, el Servicio detectó en estas dos firmas cláusulas donde las empresas se desligan anticipadamente de su responsabilidad y desconocen su calidad de intermediarios, entre otras.
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Tras el acuerdo alcanzado por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, el Servicio Nacional del Consumir y BancoEstado, alrededor de 535 mil clientes serán beneficiados por estas compensaciones por los cobros indebidos. Además, la empresa deberá cancelar una multa a beneficio fiscal.
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La acción Judicial se originó en agosto del años pasado, luego de que la empresa enviara una carta a los consumidores anunciando que cada año aumentará unilateralmente las comisiones en 3% por sobre el reajuste en UF.
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