Retrasos en las obras sumados a la búsqueda de un socio son las amenazas que hoy enfrenta el proyecto minero binacional de Barrick Gold. No antes de un año, podrían finalizar las obras comprometidas con la Superintendencia del Medio Ambiente.
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La cita contó con la presencia de agricultores, sacerdotes, concejales, dirigentes vecinales, representantes de los regantes y comunidades diaguitas, quienes rechazaron el apoyo del Ejecutivo al proyecto de Barrick y al acuerdo de la firma con algunos indígenas.
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La presidenta del Consejo Comunal Diaguita de Huasco Alto, Solange Bordones, dijo "sólo es un convenio en el que la empresa, a propósito de que nosotros ganamos los juicios, ha accedido a prestar toda la información que nosotros requerimos y los especialistas, para que nosotros podamos procesarla".
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La organización ambientalista considera que Barrick debe responder ante la justicia y la institucionalidad ambiental. Ya el tribunal ambiental señaló que la firma debe ser sancionada por las atrocidades cometidas y la Corte Suprema debe ratificarlo.
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A juicio de las organizaciones de Alto del Carmen o San Felix, quienes lograron el acuerdo corresponden a "un grupo muy reducido de dirigentes quienes firmaron un acuerdo inconsulto y secreto con Lorenzo Soto para ser representados y negociar con Barrick".
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La firma canadiense dijo que "nuestro objetivo es obtener los permisos para retomar la construcción. Y lo haremos de la mano de las comunidades". La ministra de Minería valoró el avance, pero agregó que no es el único que debe darse para una eventual viabilización
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“El proceso puede culminar en un convenio que sea un ejemplo y un modelo para América Latina tanto en su elaboración como en su contenido, o puede que lo peor que ocurra es que no haya acuerdo y las cosas sigan como están, y que se sigan en términos de conflicto” dijo Alonso Barros.
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Solange Bordones, cacica y presidenta de la Asociación Diaguita Huasco Alto, confirmó las tratativas pero agregó que los acuerdos no incluyen la entrega compensaciones económicas y que ellos no han renunciado a las acciones judiciales emprendidas.
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En una decisión unánime, la justicia rechazó la la acción cautelar presentada en contra de determinación de la Comisión Ambiental del Atacama que en octubre del año pasado, calificó favorablemente el proyecto.
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La iniciativa, ligada a la empresa colombiana ISA, corresponde a la construcción de una línea de transmisión de 753 kilómetros entre la subestación Cardones (cercana a Copiapó) y la subestación Polpaico (Santiago).
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