La Dirección Regional de Obras Hidráulicas asegura que “está llegando a sus límites”.
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La situación de sequedad, que está presente en gran parte del país, más un informe del Banco Mundial, serán claves en el diseño del nuevo sistema que regulará el agua de Chile.
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Informes técnicos señalan que hay un déficit de precipitaciones, una importante disminución de los caudales de los ríos y bajos niveles de los embalses.
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Máximo Pacheco señaló que la medida tomada por la DGA está en línea con la determinada por el Consejo de Ministros.
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Luego de siete años de espera, la DGA finalmente le denegó a HidroAysén más de la mitad de las solicitudes de derechos de agua.
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En el listado completo de la Dirección de Aguas, hay más de 5 mil derechos consuntivos y no consuntivos, por más de $44.500 millones.
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La demanda de nulidad de derecho público, presentada en la Corte de Concepción, apunta a la Dirección General de Aguas, organismo que ha entregado los derechos impugnados.
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El desafío hoy día es cómo perfeccionar un sistema que, si bien tiene debilidades, en términos generales ha demostrado ser exitoso. No por nada a nivel mundial el sistema chileno es presentado como modelo para reformas internacionales.
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El avance de las políticas públicas y modificaciones legales relacionadas con agua, es urgente en un país donde crece alarmantemente el número de personas que no tiene acceso directo a agua para beber y con ello se multiplican los conflictos socio ambientales.
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Y la verdad es que si uno lo analiza fríamente, no es mucho lo que saca la empresa con ir a los tribunales. Eso, porque ahí puede pasar otro año sin poder avanzar con el proyecto, hacerse mala sangre con el gobierno del que depende para otras iniciativas y si finalmente lograse retrotraer el rechazo ministerial, el Estado aun les puede hacer pasar malos ratos de otras formas.
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