Esto, luego que la Usach recurriera a la Justicia para evitar que el Consejo para la Transparencia tenga acceso a esta información, tras acoger un amparo de El Mercurio para conocer los antecedentes de Elisa Loncon.
Cristián Meza
El organismo afirmó que la cifra demuestra la exitosa aplicación de la Ley de Transparencia, que cumplió 10 años de vigencia.
Redacción EL DÍNAMO
Según los registros del Consejo para la Transparencia, el mayor aumento de solicitudes y reclamos coincide con los anuncios del gobierno en materia de migración.
Noemí Arcos
"Para los que queremos ser ciudadanos de una democracia moderna que no le aguante nada a papito Estado cuando trata de pasarnos gato por liebre, para los periodistas que quieren atrapar a los piérdete-una, este proyecto de ley es un fiasco".
Columnista
"Esto busca en Chile ninguna autoridad quede ajena a los principios de probidad y transparencia", destacó el Presidente Sebastián Piñera.
Redacción EL DÍNAMO
El Presidente de la entidad, Marcelo Drago, valoró que a 10 años de la promulgación de la ley se conforme una mesa que aborde su reforma junto a Segpres y Justicia.
Redacción EL DÍNAMO
El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago asegura que la entrega de dicha información no "generaría una afectación cierta, probable y específica a la seguridad de la nación".
Redacción EL DÍNAMO
El caso se remonta al año 2013, cuando dos ex académicos de la casas de estudios fueron despedidos en un proceso de reestructuración impulsado por el rector, por lo que solicitaron los antecedentes considerados para su desvinculación, los cuales no les fueron entregados.
Redacción
“SQM no se había acogido a ningún régimen de invariabilidad hasta antes de la Ley de Royalty del año 2010, ya que no cumplía con los requisitos que la ley del año 2005 estableció para que empresas nacionales se pudieran beneficiar del régimen tributario que establecía”, indicó el abogado Mauricio Daza, de Ciudadano Inteligente.
Redacción
La iniciativa ya despachada por el Congreso y que se encuentra en revisión en el Tribunal Constitucional, fija en dos años el plazo para investigar delitos electorales. El Ejecutivo quería fijarlo en cinco. EE
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