El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Mendoza juzgará a 40 imputados, entre ellos cinco ex jueces federales acusados de participar del entramado del terrorismo de Estado y ser cómplices de torturas y desapariciones.
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El ex magistrado deberá responder ante los tribunales argentinos por 103 delitos, entre ellos privación ilegítima de libertad con desaparición forzada de personas, privaciones ilegítimas de libertad, torturas, allanamiento ilegal y denegación de justicia.
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La justicia argentina pidió la extradición de Romano por 34 delitos de privación ilegítima de libertad con desaparición forzada de personas, 26 delitos de privaciones ilegítimas de libertad, 36 delitos de tortura, un delito de allanamiento ilegal y un delito de denegación de justicia.
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Andrés Chadwick instó al país trasandino a proteger la inversión extranjera y a fortalecer la cooperación bilateral judicial y policial, en el marco de los casos de LAN y la extradición de Otilio Romano.
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La petición de extradición fue hecha desde Argentina, donde se inició un proceso en contra de Romano, a cargo del Poder Judicial, como autor de delitos de lesa humanidad durante la dictadura de Jorge Rafael Videla.
Redacción
El juez Sergio Muñoz aprobó el pedido de extradición al señalar que existen presunciones fundadas de su participación en delitos de desaparición forzada, tortura, allanamiento ilegal, denegación de justicia y privación ilegítima de libertad.
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Mónica Maldonado indicó en su informe que existen presunciones fundadas de la participación del ex magistrado trasandino en delitos relacionados con la desaparición forzada de personas durante la dictadura argentina.
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El ex juez huyó desde Argentina en agosto del 2011 cuando debía presentarse ante los tribunales para enfrentar cargos por encubrir violaciones a los derechos humanos en la dictadura del vecino país.
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La orden se dispuso debido al actual estado de salud del ex juez acusado de graves violaciones a los derechos humanos durante la disctadura argentina, quien padece de un cuadro de hipertensión arterial
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En septiembre, el ex magistrado trasandino fue declarado prófugo por la justicia de su país al no presentarse a la citación judicial que terminó en su destitución.
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