El ex gerente general de la minera no metálica, y uno de los principales imputados de uno de los casos de presunto financiamiento irregular de la política había demandado a la empresa por 4 mil millones.
Redacción EL DÍNAMO
La solicitud que realizó el fiscal Carlos Gajardo, del caso Penta, apunta a “levantar información asociada a Bancorp, Vox Populi, Bancard, Sebastián Piñera”.
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El 2 de noviembre, un grupo de funcionarios de la PDI le solicitó al ex gerente de SQM que les permitiera acceso a sus correos. Esto no se le informó a su defensa, y el otrora ejecutivo firmó, pero no daba la autorización a los funcionarios policiales.
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Es un correo que tenía quien fuese la secretaria de uno de los principales imputados del caso, Katherine Bischof.
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La declaración la realizó la mañana del 6 de septiembre pasado, casi tres meses después de que fuera formalizado por delitos tributarios, entre los que se cuenta la facilitación de boletas y facturas ideológicamente falsas.
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Además, el abogado del pre candidato presidencial, Juan Carlos Manríquez, reparó en una situación que podría poner en jaque las pretensiones presidenciales del ex diputado. “La constitución establece que presentada una acusación contra una persona con derecho a sufragio, este último en ese momento se suspende. Ahí se achica la carrera presidencial. Por eso intentaremos refutar y mostrar la falta de méritos de los cargos que se le imputarán”, indicó.
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También otro informe de la policía menciona a 32 personas, tanto naturales como jurídicas, que recibieron transferencias desde la empresa de quien fuera estrecho asesor del presidenciable, Cristián Warner, y están vinculadas a Marco Enríquez-Ominami, Cristián Warner, el PRO y o la Fundación Progresa.
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El tribunal determinó fijar para el 19 de octubre la comunicación de cargos en contra de Cristián Warner, investigado por presuntos delitos tributarios en el contexto del caso SQM.
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“La gravedad siempre está asociada a la penalidad y, en el caso del delito de cohecho, tiene una pena bastante menor. Por lo tanto, no se justifica pedir la prisión preventiva”, dijo el fiscal.
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La información primero la recibió el entonces Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, y en octubre del 2015 se comenzó a negociar el juicio abreviado de Jovino Novoa, en tanto que también se solicitó el desafuero de Jaime Orpis. La información no habría tenido repercusiones inmediatas en el equipo investigativo.
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