Desde la Coordinadora Regional Anti Represas de Aysén detallaron una serie de artículos que perjudican a los propietarios rurales ante el avance de las compañías eléctricas. Además subrayaron que los senadores Horvath y de Urresti presentarán requerimientos ante el Tribunal Constitucional
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De esta forma se cumple con el acuerdo del gobierno con el PRSD, PPD, DC, RN y UDI, alcanzado durante la discusión del proyecto que establece un procedimiento para otorgar concesiones eléctricas, en orden a sacar los puntos conflictivos a cambio de una aprobación en el Senado y la Cámara.
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El Ejecutivo apostó por este veto que debe ser respaldado por ambas ramas del congreso durante esta semana para publicar la ley a la brevedad.
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El veto supresivo del Ejecutivo sobre los dos puntos más polémicos logró destrabar el proyecto en las Cámaras. Para el director ejecutivo de Acera, Carlos Finat, la iniciativa es un avance respecto de la legislación que había y destaca las "certezas" que aporta.
Patricia Zvaighaft
Tras este paso la iniciativa ahora deberá ser enviada al Ejecutivo para su promulgación como Ley. Previamente, en la Càmara Baja se selló un protocolo de acuerdo entre la DC, PPD, PRSD, UDI y RN, que permitió aprobar el informe de Comisión Mixta dejando fuera los puntos conflictivos.
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Los puntos a suprimir incluyen la consulta indígena realizada después de la concesión, y antes de comenzar la construcción y lo concerniente a las áreas silvestres protegidas. La luz verde se concretó tras un protocolo de acuerdo entre la DC, PPD, PRSD, UDI y RN.
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Esta semana, la instancia despejó por acuerdo de mayoría los puntos pendientes que tenían que ver, entre otros, con la consulta a los pueblos indígenas, las áreas silvestres protegidas, la toma de posesión de los predios y el uso de las fuerza pública.
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Este miércoles, la Comisión Mixta aprobó los últimos cinco artículos que habían generado controversia entre la Cámara Baja y el Senado. El ministro de Energía, Jorge Bunster, apuesta porque la iniciativa sea zanjada antes de fin de mes.
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Esta decisión implica que la comisión mixta que hoy analiza la polémica iniciativa cuenta con un periodo de 15 días para resolver las discrepancias entre diputados y Senado.
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Ocho obras nuevas y ampliaciones que se adjudicaron a lo largo de mayo y octubre de 2012 y que se ubican en distintos puntos del SIC, deberían estar listas en 2017. Pero esas instalaciones -de las que sólo tres están en trámite ambiental o recibieron permisos- entrarían en operación a fines de 2018.
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