El 17,8 % de las mujeres en todo el mundo -cerca de una de cada cinco- denunció haber experimentado una agresión física o sexual por parte de su pareja en 2018, según un informe presentado esta semana por ONU Mujeres.
Este porcentaje es una media global de mujeres emparejadas con una edad comprendida entre los 15 y los 49 años, donde el mayor porcentaje de violencia de género se registró en Oceanía (sin Australia y Nueva Zelanda), con el 34,7 % (una de cada tres mujeres). Mientras que el menor porcentaje fue el registrado en Europa y Norteamérica, el 6,1 % (una de cada dieciséis).
Si bien los derechos de las mujeres han avanzado a lo largo de las décadas, las desigualdades de género y otras violaciones a los derechos humanos fundamentales dentro de las familias persisten, según el estudio.
El reporte asegura que las familias, en toda su diversidad, “pueden ser factores determinantes de la igualdad de género, siempre que los responsables de la toma de decisiones apliquen políticas arraigadas en la realidad, de cómo vive la gente hoy, con los derechos de las mujeres en su núcleo”, dijo la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka.
Sin embargo, la misma personera advirtió que las familias también pueden ser terreno de conflicto, desigualdad y, con demasiada frecuencia, violencia.
El texto enfatiza que las leyes familiares deberían reconocer los derechos de las mujeres dentro del matrimonio, el divorcio y la custodia de los hijos, de manera que tengan una mejor garantía para abandonar situaciones violentas o abusivas.
“El hogar es uno de los lugares más peligrosos para la mujer”, aseguró Mlambo-Ngcuka.
Actualmente 3 mil millones de mujeres y niñas viven en países donde no se criminaliza explícitamente la violación dentro del matrimonio. Pero la injusticia y las violaciones también toman otras formas.
En uno de cada cinco países, las niñas no tienen los mismos derechos de sucesión que los niños, mientras que en 19 Estados las mujeres están obligadas legalmente a obedecer a sus esposos. Además, en los países en desarrollo, alrededor de un tercio de las mujeres casadas dicen tener poca o ninguna opinión sobre sus propias decisiones de atención médica.
El informe observó que la edad promedio de matrimonio ha aumentado en todas las regiones, mientras que las tasas de natalidad han disminuido, y las mujeres en general han aumentado su independencia económica.
Sin embargo, sólo la mitad de las mujeres casadas entre las edades de 25 y 54 años participa en la fuerza laboral, en comparación con el 96% de los hombres casados y dos tercios de las mujeres solteras.
Los hogares monoparentales—de los cuales un 84 % a nivel mundial están conformados por madres solas que viven con sus hijos— y los compuestos por parejas (heterosexuales u homosexuales) sin hijos, también son comunes en muchas regiones. En las sociedades que están pasando por un proceso de envejecimiento, los hogares unipersonales son una realidad cada vez más frecuente.
La cohabitación sigue una tendencia al alza y, en algunas regiones, un número creciente de mujeres optan directamente por no casarse. Estas decisiones pueden ser consecuencia tanto de la necesidad como de la elección, ya que para algunas parejas el costo de formar una familia puede ser excesivo. También pueden ser el reflejo de una disposición cada vez menor por parte de las mujeres a entablar relaciones en las que se espera que asuman un rol subordinado.
Recomendaciones del informe:
Llama a los responsables de la formulación de políticas, activistas y cualquier persona a transformar las familias en espacios de igualdad y justicia, en los que las mujeres tengan voz y capacidad de elección, además de tener garantizada su seguridad física y económica y hace varias recomendaciones para lograr ese fin:
- Modificar y reformar las leyes familiares para garantizar que las mujeres puedan elegir si, cuándo y con quién casarse; y permitir el acceso de las mujeres a los recursos familiares.
- Reconocer las diversas formas de asociación, para proteger a las mujeres en la convivencia y las parejas del mismo sexo.
- Invertir en servicios públicos, especialmente en salud reproductiva, para ampliar las opciones de vida de las mujeres y las niñas.
- Fomentar los sistemas de protección social, como el permiso parental remunerado y el apoyo estatal para que los niños y las personas mayores cuiden de sus familias.
- Garantizar la seguridad de las mujeres mediante la implementación de leyes para eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas y brindar justicia y apoyo a las víctimas.
Revisa el informe completo aquí.
