El Comité de Ministros retiró en junio del 2014 el permiso ambiental de HidroAysén. Ahora, el Ejecutivo está impulsando la elaboración de una nueva política energética en Aysén, la que tiene por objetivo establecer si es que se podrá o no utilizar los recursos hidroeléctricos que tiene la región austral.
Es en este contexto en el que, de acuerdo a Diario Pulso los ejecutivos de Colbún y Endesa Chile están analizando diversas fórmulas para aprovechar el potencial que los ríos Baker y Pascua tiene a nivel hidroeléctrico. La mira está concretamente en los derechos de agua.
El sitio de la ley de Lobby muestra que el gerente general de HidroAysén, Camilo Charme, se reunió con el secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía Andrés Romero. El motivo fue la eventual “Modificación DFL Nº4 Servicios Generales de Electricidad”.
Fue una audiencia de media hora, donde el ejecutivo buscó conocer más antecedentes sobre la estrategia energética del gobierno en la zona de Aysén, además de consultar información sobre el concepto de “polos de desarrollo” incorporado en la Ley de Transmisión, el que consiste en zonas de potencial eléctrico que mantienen en común una línea de transmisión.
La propuesta de cambio legal señala que “se entenderá por polos de desarrollo a aquellas zonas territorialmente identificables en el país, ubicadas en las regiones en las que se emplaza el sistema eléctrico nacional, donde existen recursos para la producción de energía eléctrica proveniente de energías renovables, cuyo aprovechamiento, utilizando un único sistema de transmisión, resulta de interés público por ser eficiente económicamente para el suministro eléctrico”.
En este punto, el gobierno dejó fuera a la región de Aysén, y el interés de los ejecutivos apunta a que se podría dar viabilidad en el proyecto a partir de este punto.
Un socio de Colbún se manifestó convencido “que el potencial hidroeléctrico de la Región de Aysén presenta beneficios para el crecimiento del país”. Desde Endesa no emitieron comentarios.
Asimismo, la sociedad continuó jugando sus fichas ante la justicia en la Corte de Apelaciones de Santiago, donde se libra una batalla por la revocación de los derechos de agua que hizo la Dirección General de Aguas a fines del 2015, y además la Justicia Ambiental, que sigue evaluando la legalidad de la revocación del permiso ambiental.
