Desplazados por accidente nuclear de Fukushima denuncian violación de derechos ante la ONU

Por la vulneración de sus derechos básicos y la precariedad que mantienen tras ser obligados a abandonar sus casas en 2011, un grupo de evacuados de Fukushima presentaron una denuncia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Mitsuko Sonoda, representante del grupo, expuso ante el órgano internacional en Ginebra su experiencia y la de otros desplazados que, como ella, no han podido regresar a sus hogares más de seis años después. Ella junto a su hijo de 10 años abandonaron su domicilio cerca de la central nuclear de Fukushima por miedo a la radiación.

El accidente nuclear de Fukushima ocurrió en marzo de 2011, como consecuencia del terremoto y tsunami que sufrió Japón, lo que produjo explosiones y posteriores filtraciones en los reactores nucleares.

Esta liberación de radicación es considerado el segundo mayor accidente nuclear desde Chernobil (Ucrania) en 1986 y uno de los mayores desastres mediambientales del mundo.

Tras el accidente, las autoridades niponas determinaron zonas de evacuación obligatoria y áreas de acceso restringido en torno a la central de Fukushima Daiichi, en función de los niveles de radiactividad detectados.

Los damnificados y las ONG que los apoyan en esta presentación aseguran que el gobierno japonés ha vulnerado numerosos derechos básicos reconocidos internacionalmente, tales como el derecho a la vivienda y a estándares mínimos de salud.

“A raíz de la catástrofe perdimos un derecho tan básico como es el no estar expuestos a la radiación”, explicó Sonoda en una entrevista telefónica a la agencia EFE, quien además reclama al Gobierno “que acepte la responsabilidad moral y financiera” por el accidente y “proteja la salud de las víctimas” por encima de intereses económicos.

“Vivíamos en un entorno natural y una comunidad local maravillosos, pero el desastre nuclear destruyó nuestras vidas”, relató Sonoda.

Las autoridades han reabierto progresivamente las zonas afectadas para completar tareas de limpieza y descontaminación radiactiva, aunque muy pocos de los desplazados han querido regresar a sus antiguos hogares por el miedo a que persista la radiactividad.

Además de esta denuncia ante la ONU, unos 12.000 evacuados han presentado numerosas denuncias colectivas buscando indemnización ante distintas instancias del país asiático.

“No confío en el Gobierno. Durante la catástrofe ocultaron mucha información y lo siguen haciendo ahora”, dijo Sonoda, que reside actualmente en Reino Unido y prefiere no revelar la localidad de Fukushima donde vivía por temor a que su familia sea estigmatizada en caso de regresar a Japón.

En pasado marzo, tras cumplirse seis años de la catástrofe, el Gobierno puso fin a los programas de ayudas a la vivienda para los evacuados, lo que signficó que muchos desplazados se vieron forzados a retornar contra su voluntad a zonas que habían sido declaradas inhabitables.

“Me preocupa mucho la salud de mis hijos, por eso sigo viviendo lejos de Fukushima”, explicó Sonoda, quien agregó que entre el colectivo de personas desplazadas hay numerosos casos de divorcios, depresión, problemas económicos, acoso escolar o suicidios.

“Las víctimas de Fukushima hemos sido abandonadas, es como si no existiéramos. Se nos trata como si fuéramos responsables de nuestras dificultades”, se lamentó Sonoda.