Justicia deja en libertad a hincha de la U por crimen de barrista de Colo-Colo

El 13º Juzgado de Garantía de Santiago otorgó la libertad al hincha de la Universidad de Chile, Pablo Ávila, acusado por el crimen de un barrista de Colo Colo ocurrido el domingo.

Esto, luego de que la magistrada Valeria Vega considerara que no existen pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del imputado en los hechos.

A cambio, se fijó como medidas cautelares firma quincenal y arraigo nacional durante el periodo de investigación de 90 días decretado por el tribunal.

Ávila, fue capturado en un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), pero no quedó retenido por no tener antecedentes y haber ayudado con la investigación.

De acuerdo a los antecedentes presentados por la Fiscalía Oriente, Ávila actuó de manera premeditada, ya que antes de cometer el crimen concurrió hasta su domicilio a buscar el arma que utilizó para luego atentar contra Claudio Lincaqueo.

Por lo mismo, fue formalizado por los delitos de homicidio calificado, homicidio frustrado y homicidio en grado de tentado.

Tras conocer la decisión de la jueza, el fiscal Francisco Sepúlveda aseguró que no considera que no hubo errores en la investigación realizada por el Ministerio Público, mencionando que “estamos convencidos de que todo lo que se hizo fue con estricto apego a todas las garantías fundamentales de todos los intervinientes”.

Asimismo, dijo que acata la decisión del tribunal, pero ejercerá los recursos pertinentes ante la Corte de Apelaciones de Santiago para que se revise la resolución, argumentando que no apeló durante la audiencia, pues el acusado concurrió en libertad ante la magistrada.

Desde la dirección de comunicaciones del Poder Judicial se informó que “la audiencia de formalización de Pablo Ávila Méndez fue fijada por la jueza de turno del tribunal Natacha Ruz, toda vez que no se accedió a la solicitud de orden de detención del Ministerio Público el lunes 1 de octubre, y se fijó para el mediodía del martes 2, dejando notificado al imputado por personal policial”.

Agrega el comunicado de la judicatura que a “la audiencia fijada compareció el imputado por sus propios medios, a la hora de la citación, a sabiendas de que se le investiga por los delitos de homicidio” donde la jueza a cargo fue Valeria Vega.

A su vez, el Poder Judicial apunta que “en el propio domicilio del imputado, la policía interrogó a su conviviente y al propio imputado. La primera accede a que se registre su vehículo donde fue hallada una pistola que no fue periciada y, por su parte, el imputado es trasladado a la unidad policial informándosele que concurría a un “control de identidad”, donde se le tomó declaración y éste reconoció haber realizado disparos para asustar a unas personas de la barra de Colo-Colo” dice el texto.

El senador de Renovación Nacional, Alberto Espina, sostuvo que la resolución “constituye un profundo error en la aplicación de la ley”

El parlamentario miembro de la comisión de Constitución, dijo que, “se trata de un imputado que fue formalizado por tres delitos: Homicidio Consumado, Homicidio Frustrado y Tentativa de Homicidio. Más aún, según la información que se conoce, el imputado habría confesado el delito”

Por lo tanto, agregó, “este es precisamente un caso en que concurren todos y cada uno de los requisitos que establece el artículo 140° del CPP para dejar en prisión preventiva a un imputado. Es incomprensible, la decisión de la jueza, ya que el homicidio es un delito de la mayor gravedad, y tiene asignada pena de crimen, que va de 5 años y un día a 15 años”.

En conclusión, se lee en el escrito, “debo señalar que tengo la convicción que esta resolución será revocada por la Corte de Apelaciones, pero lo preocupante, es que una jueza de la República haga una interpretación de la ley absolutamente contraria al texto y espíritu de las normas que rigen la materia”.

Al respecto subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira, dijo a Emol.com que lo resuelto por el tribunal “violenta el sentido común y el sentido de justicia”.

“Esto es un homicidio con alevosía, por lo tanto, esta decisión es impresentable y violenta el sentido común y el sentido de justicia”, dijo el funcionario de gobierno.