Durante las últimas horas, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) realizó un emplazamiento al Gobierno de Gabriel Boric en materia de seguridad. Estos dichos salen a raíz del ataque incendiario, que dejó unas 50 máquinas quemada y pérdidas de $4.000 millones, ocurrido en la madrugada de este domingo a la central hidroeléctrica Rucalhue en la región del Biobío.
Susana Jiménez, presidenta de la CPC, entregó sus peticiones hacia el gobierno en conferencia de prensa. “La violencia y cobardía de quienes son responsables de estos actos reviste la máxima gravedad. Ante todo, solidarizamos con los guardias de seguridad heridos y esperamos su pronta recuperación“, dijo.
Siguiendo la línea del ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, tildó el acto como un “ataque terrorista”. “Más allá de los considerables daños materiales a la infraestructura, este es un ataque terrorista que afecta directamente a los trabajadores, las comunidades vecinas y el Estado de derecho, sembrando el miedo entre las personas y socavando la confianza de los inversionistas“, añadió Jiménez.
“Hechos de este tipo no pueden tener cabida en nuestra sociedad, pues atentan contra valores y derechos fundamentales como son la libertad, la seguridad, la democracia y el emprendimiento, todos indispensables para proteger la vida y dignidad de las personas, la paz y estabilidad de nuestro país, y su desarrollo social y económico“, indicó Jiménez.
Finalmente, la presidenta de la CPC valoró el actuar del Gobierno y “los dichos del ministro Cordero en cuanto a investigar el caso y perseguir a los responsables como miembros de asociaciones terroristas, haciendo efectivas todas las herramientas del Estado de derecho”.
El Ejecutivo, de la mano de Cordero, ya anunció que se querellará por Ley Antiterrorista en el caso. “Las leyendas en el lugar reivindican a una asociación terrorista“, indicó el ministro de Seguridad.
Algunas de las pruebas fueron los rayados en el sitio del suceso: “Libertad a Luis Tranamil y a todos los P.P.M. (presos políticos mapuches) (…) presente en el Weichan, nuestro objeto es Wallmapu”. También mencionan a Yordan Llempi y Matías Catrileo, comuneros que murieron en altercados con la Armada y Carabineros, respectivamente.
Atentado “socava gravemente” confianza en Chile, dice la embajada china
Otra de las autoridades que exigió medidas al Gobierno fue la embajada de China en Chile.
China, el principal socio comercial de Chile, advirtió a través de su embajada en el país que el atentado “socava gravemente la confianza” de sus empresas en nuestro país. La empresa dueña de la hidroeléctrica afectada, Rucalhue Energía SpA, es una filial del conglomerado China International Water & Electric Corp CWE.
A través de una declaración enviada a El Mercurio, los hechos registrados en la Macrozona Sur fueron descritos como “actos violentos que han causado lesiones a los empleados del proyecto, graves daños a la infraestructura y cuantiosas pérdidas económicas, socavando gravemente la confianza de las empresas chinas en la seguridad local y en el entorno empresarial, mermando su entusiasmo por invertir en la región“.
Por lo mismo, la embajada china exigió al Gobierno “una investigación exhaustiva y la implementación de medidas efectivas y concretas para garantizar la seguridad, tanto del personal como de los proyectos de empresas chinas en Chile”. Asimismo, hace un llamado “a todos los sectores de Chile a trabajar conjuntamente para crear un clima propicio que cuide una relación tan importante y mutuamente beneficiosa“.
Las relaciones entre Chile y el gigante asiático datan de hace muchos años, materializándose en el Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado en 2005 y actualizado en 2019.
