Protocolos para alumnos y funcionarios: cómo avanzan las universidades privadas en materia de acoso sexual

La información comenzó a circular durante la tarde de este jueves. La Universidad Andrés Bello (UNAB) había iniciado un sumario en contra del decano de la Facultad de Derecho, Juan David Terrazas, acusado por acoso sexual a una profesora y acoso laboral a su cónyuge, también académico de la institución.  

La casa de estudios comenzó de manera inmediata una investigación sumaria, la cual fue notificada el día martes 8 de mayo al denunciado. De manera oficial, UNAB informó en un comunicado que “rechaza de manera categórica todo tipo de violencia, abuso, acoso, maltrato o discriminación en todas sus formas” y que estos hechos “son consideradas graves y es atendiendo a ello que el sumario se realizará con la mayor celeridad, resguardando la reserva correspondiente para garantizar la integridad de los denunciantes y también del denunciado”.

En conversación con El Dínamo, el director general de Desarrollo Estudiantil, Vicente Cáceres, explicó que esta casa de estudios, desde el 2016 y a través de la Junta Directiva, generó “una política institucional amplia en contra del abuso, de la que se desprenden procedimientos, inclusión y promoción de la sana convivencia, que viene a resguardar cualquier tipo de abuso, violencia tanto física, sexual y psicológica”.

“Este ha sido un trabajo en conjunto con estudiantes, alimentándose con reuniones que han hecho fortalecer esta política, con un canal claro de denuncias, que es confidencial, que lo toma la máxima autoridad jurídica de la institución, que es la secretaría general, y tiene un procedimiento claro y establecido”, apunta. 

Cáceres agrega que, a diferencia de otras instituciones que se enfocan en lo sancionatorio, en la UNAB “nos preocupamos y le damos énfasis al tema preventivo a través de instancias que promuevan el respeto y la sana convivencia”.

Asimismo, cuando se materializa la denuncia, hay un sistema de acompañamiento psicológico de las víctimas. “Nosotros como institución tenemos una misión que es ser pluralistas, inclusivos y tolerantes, y tenemos que ser fieles a ello, con todas las visiones con un espacio en la universidad”, concluyó.

Los procesos internos que tiene la Universidad Andrés Bello en relación a las denuncias de acoso sexual contrastan con la de otros planteles. En el contexto de las “tomas feministas” en distintas universidades del Consejo de Rectores (Cruch) se hizo público el caso de la Universidad de Chile, donde las alumnas acusan que las autoridades no han actuado con la celeridad requerida.

Esto se ejemplifica en el caso de una denuncia de acoso sexual que realizaron 11 estudiantes de la carrera de Geología contra dos académicos. Si bien la rectoría recibió los antecedentes de la investigación en septiembre de 2017, el 9 de enero de 2018 el recién electo rector Ennio Vivaldi, rechazó el recurso. De esta manera, el 16 de marzo se entregaron los documentos a la Contraloría para su toma de razón, seis meses después de la denuncia. Aún permanece en este proceso.

En este caso -y para las otras 17 universidades estatales- la Ley de Fortalecimiento de Ues. del Estado establece una serie de prohibiciones para el personal con respecto “a actos atentatorios a la dignidad de los demás funcionarios, incluido el acoso sexual, laboral y la discriminación arbitraria, se entenderán referidas también a conductas del mismo tipo que resulten atentatorias a la dignidad de estudiantes, y de toda persona vinculada, de cualquier forma, a las actividades de la institución”. Sin embargo, esta normativa aún no está promulgada, dejando a cada casa de estudios tomar sus propias medidas en caso de existir denuncias, las que han sido cuestionadas por los mismos alumnos.

Una situación similar ocurre en la Pontificia Universidad Católica (PUC), donde en tan sólo tres meses han recibido 37 denuncias por acoso sexual, una menos que en todo el año 2017. La mayoría se trataría de situaciones que ocurrieron en fiestas universitarias o grupos de estudio fuera de la universidad.

Lo que ocurre en los planteles del Cruch difiere a los protocolos que han instalado las universidades privadas, las que -si bien tienen reglamentos distintos- han abordado la problemática desde la prevención y un constante diálogo con los alumnos para abordar el tema.

En el caso de la Universidad Diego Portales, el plantel ha definido un procedimiento formal de denuncia, investigación y sanción en acciones de violencia sexual que ocurran dentro de la institución. Según explica la Secretaría General del plantel a El Dínamo, este proceso “define responsables, plazos y permite tomar medidas protección para las víctimas”. 

La Normativa de Prevención y Sanción de Acciones de Violencia Sexual contempla la figura de los Consejeros que son académicos y funcionarios que han sido capacitados para orientar y proporcionar la primera acogida de quienes han sido afectados por una situación de violencia sexual. La misma normativa, regula la posibilidad de aplicar medidas de protección, las que pueden activarse a petición de los afectados. Éstas incluyen acciones como reubicación del puesto de trabajo, ajuste en el calendario de evaluaciones, cambio de sección si es posible, entre otras.

Asimismo, la universidad cuenta con una Dirección de Asuntos Estudiantiles que apoya a los estudiantes que han sido víctimas de acoso.

Panorama similar ocurre en la Universidad Santo Tomás. La institución explicó a El Dínamo que “todas nuestras acciones apuntan a resguardar la dignidad e integridad de nuestra comunidad. Los posibles casos de acoso sexual y abuso de poder entre los integrantes de nuestra comunidad educativa, ciertamente nos mantienen alerta y por tanto de llegar a presentarse alguna situación de estas características, puede y debe atenderse con mucha delicadeza, respeto y cercanía”. 

Esta casa de estudios cuenta con un “Reglamento de convivencia y responsabilidad disciplinaria de la comunidad académica” y el “Reglamento Interno de Orden Higiene y Seguridad”, que aplica para estudiantes y colaboradores, respectivamente, cataloga explícitamente como una “infracción grave” un comportamiento probado en esta materia, teniendo como sanción máxima la expulsión de la institución. 

Cada normativa establece el procedimiento a seguir para un posible caso, además de contar con un canal de denuncia para actuar por oficio. Además, ya iniciada la investigación y de manera paralela, está considerado el acompañamiento psicológico para los posibles afectados, a través de las vías establecidas por la institución. 

Ante eventuales denuncias, explica, se reciben éstas formalmente y Secretaría General abre un sumario de investigación, nombra un fiscal instructor y secretario de actas. “Este
sumario debe ser tramitado en 20 días, durante el cual se puede suspender, incluso, al denunciado. En caso de que suceda, los alumnos pueden denunciar en su Escuela o Facultad y, también, existe una canal de denuncias en la intranet para facilitar este proceso”, explica la directiva.

En el caso de la Universidad de Las Américas (UDLA), Paulina Hernández, Secretaria General, contó a El Dínamo que “este tema es de suma importancia para la universidad, queremos garantizar un entorno de trabajo y estudio, de respeto y libre de todo tipo de abusos. Dada la gravedad de estos casos, se decidió incluir el procedimiento que se sigue ante este tipo de denuncias, en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, que es de alta jerarquía. Este procedimiento se aplica a alumnos, funcionarios contratados o a honorarios de la universidad. En estas normas se definen las conductas y tipos de acoso, el procedimiento y las medidas o sanciones que se pueden aplicar terminado el sumario.

La Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) en tanto, comenzó a aplicar un protocolo el 31 de agosto de 2017, donde se estipula que, junto a los canales de denuncia que pueden hacer los afectados a la Secretaría General, se establece que “los profesores, colaboradores y/o autoridades de la universidad, que tomen conocimiento por cualquier hecho constitutivo de acoso, estará obligados a denunciarlo”. 

Desde el plantel explican que, una vez recibida la denuncia, la Secretaría General dispondrá de cinco días hábiles para contactar al afectado. Luego, el organismo podrá instruir un procedimiento de investigación con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades disciplinarias. 

El protocolo de la UAI también establece que, tratándose de conductas de acoso sexual entre personas que tienen calidad de trabajadores, será aplicado lo establecido por el Código del Trabajo.

Loreto Campos, directora de Asuntos Estudiantiles de la UAI, conversó con El Dínamo y explicó que “el apoyo que ofrece la universidad son dos. Uno, durante el proceso, si el denunciante quiere realizarlo acompañado (por familiar, amigo, psicólogo, etc,) se le permite sin problema. El segundo, es, si es estudiante puede ir al CADE (Centro de Asesoramiento y Desarrollo Estudiantil), que ofrece apoyo psicológico gratuito a través de consejería o ir al CEAP (Centro de Atención a Personas de la Escuela de Psicología), donde puede comenzar una psicoterapia especializada, tanto alumnos, como profesores y funcionarios, en este caso”.

“La universidad está en contra de cualquier tipo de acoso sexual y manifestación de cualquier tipo de violencia entre sus miembros. Por eso busca permanentemente promover una cultura de buena convivencia universitaria, así como contar con protocolos apropiados y canales de denuncia pertinentes, útiles cuando alguien siente que ese límite se ha transgredido. Los alumnos, además, están muy atentos a este tema, hay organizaciones estudiantiles revisando el tema y trabajando activamente para que nada de esto ocurra en nuestra comunidad universitaria y si ocurren, que se puedan abordar de la mejor forma posible”, concluyó.