Denunciante por discriminación de la PSU ante la CIDH: “Nos interesa que el Estado sea condenado”

A través de una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA se busca revertir los elementos discriminatorios que contiene la PSU, reclamo surgió a raíz de la denuncia realizada en 2012 por Carol Venegas, en ese entonces estudiante de un colegio técnico profesional (TP).

En la solicitud, se acusó al Ministerio de Educación y al Consejo de Rectores (Cruch) de perjudicar a los alumnos de establecimientos técnicos en el proceso de admisión a las universidades tradicionales. Presentación que surgió luego que se interpusiera un recurso de protección buscando que la PSU se suspendiera, el cual no prosperó.

El abogado Rodrigo Mora, quien a través de la Fundación Pro Acceso conoció y lleva actualmente adelante este caso, comenta a El Dínamo que el objetivo de la solicitud “es que la comisión escuche nuestros argumentos y que pueda decidir ojalá prontamente sobre el fondo de tal manera que pueda pasar a la corte y que pueda determinar la ilegalidad de la PSU y obligar al Estado a tomar medidas reparatorias”. 

Entre estas medidas, los demandantes solicitan que se reforme la PSU a partir del proceso de admisión del año 2020, a través de una comisión de racionalización de contenidos “que impida que se perpetúe la desigualdad”. Solicitan también una bonificación para los estudiantes técnico profesionales que hayan ingresado al nivel universitario para concursos de emprendimiento que se financien con fondos públicos, tales como Sercotec, Corfo o Fosis, “para poder ponerlos en una situación de discriminación positiva tras la merma que han tenido en el acceso a la oportunidad a aprender”. En tercer lugar, apuntan a que se establezcan becas de estudios en instituciones de educación.

La PSU discrimina

Mora explica cuál es el fondo de su demanda: La Prueba de Selección Universitaria está basada en el currículum humanista científico de primero a cuarto medio, y los técnicos profesionales sólo ven esos contenidos en primer y segundo año.

Según un estudio realizado por la Cátedra UNESCO de la Universidad de Santiago (Usach), para un liceo polivalente donde existe la misma infraestructura, el mismo presupuesto, los mismos profesores, donde se imparte enseñanza técnico profesional y humanista científico, estos últimos obtienen 80 puntos más en la PSU. “Ahí está la clave de la discriminación”, ejemplifica Mora.

“Desde la fundación de la PSU, es decir, desde hace 16 años, no hay ninguna modalidad especial en la que ellos (TP) pudieran ser evaluados en torno a los contenidos que ellos vieron. O al revés, contenidos que sean racionalizados, por ejemplo, que sean comunes para ambos estamentos”, añade.

En términos concretos, su denuncia no se refiere a una discriminación relativa al diseño de la PSU sino que con los contenidos que se entregan previos a dar la prueba para acceder a las universidades.

“El problema no es que la prueba en sí sea discriminatoria porque es una prueba que nosotros podríamos pensar es igual para todo el mundo, sino que la barrera que pone no deja a los alumnos técnicos profesionales ejercer su derecho a estudiar en la universidad. La prueba es la misma para todo el mundo, aparentemente es justa. Pero al discriminar por contenidos está poniendo a los humanistas científicos en una ventaja que es insalvable”.

Señala además que a este problema de currículum se suma “el hecho de que los diseñadores de la PSU conocen la discriminación y no han hecho esfuerzos para racionalizar los contenidos, básicamente por desidia y por negligencia, ya que el grupo técnico profesional no tiene gran peso en la opinión pública. Eso es lo más triste”.

El único avance, agrega, es la eliminación de la prueba especial de ciencia, en la que los estudiantes TP no tenían ni siquiera los contenidos básicos, mientras que en las pruebas obligatorias persiste la brecha.

“La verdad es que a nosotros nos interesa que el Estado sea condenado en razón de esto, eso es lo que más nos importa, que sea condenado en tribunales internacionales para que esto se visibilice y se corrija. Lo que nosotros buscamos es aumentar la presión internacional sobre el Estado, sobre el Ministerio de Educación y sobre el Consejo de Rectores para que esta situación se revierta. Para nosotros, los denunciantes, esta situación es intolerable, porque ha habido un daño que es evidente”, concluye Mora.

El próximo hito ante la denuncia es la audiencia fijada para diciembre en la CIDH. Esto incluyendo tanto a los denunciantes como a representantes del Estado de Chile.