Brecha digital y deserción: Informe Anual de Derechos Humanos evaluó el impacto de la pandemia en la educación

El próximo lunes Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP) entregará su Informe Anual de Derechos Humanos, el que en uno de sus capítulos mencionó el derecho a la educación de los niños y adolescentes y el impacto provocado por la pandemia de COVID-19 en el último año.

En un adelanto a EL DÍNAMO, el documento elaborado por los académicos Elisa Franco Sentis y Juan Pablo González Jansana abordó algunas situaciones que van más allá de la pérdida de aprendizajes provocadas por la pérdida de clases presenciales, las que han sido graficadas por reportes como el Diagnóstico Integral de Aprendizajes (DIA), que afirmó que los escolares no alcanzaron el 60% de las metas establecidas para 2020.

La alimentación básica recibida en los colegios, la asistencia, los problemas en el acceso a las tecnologías, la deserción escolar y posible aumento en el trabajo infantil son algunas de las ramificaciones que tendría la crisis, la que según los investigadores se debe abordar de forma multifactorial y con una mayor entrega de información por parte del estado.

El reporte completo, con el resto de las temáticas abordadas por la institución, se dará a conocer el próximo lunes en el Auditorio 1 de la Facultad de Derecho UDP, en una presentación híbrida.

La crisis severa

Entre sus conclusiones, el informe de derechos humanos afirmó que la situación de los niños y adolescentes se vio impactada en tres dimensiones: en la accesibilidad al sistema educacional, en la deserción escolar y en otros derechos interdependientes a la educación, como el derecho a la alimentación y a la salud.

En cuanto a la accesibilidad, los autores detectaron problemas una brecha entre el mundo urbano y rural, la que no se mitigó a pesar del incremento en las conexiones.

“Uno de los problemas es, por ejemplo, la disponibilidad de aparatos tecnológicos. Pero no es solo eso, sino que es también cómo es la conectividad respecto a estos aparatos. Y ahí nos dimos cuenta que los datos son insuficientes para poder hacer un análisis muy profundo”, señaló Franco a EL DÍNAMO.

El segundo aspecto incluido en el capítulo de educación del Informe Anual de Derechos Humanos es la deserción, donde se evidenció “una disminución del -0,43% de matrículas en el período 2019-2020, porcentaje que representa una disminución de 15.725 estudiantes menos matriculados con relación al periodo anterior, entre 2016 y 2019”.

Sobre este aspecto González afirmó a EL DÍNAMO que “hay que entenderlo todo en su conjunto (…) también está el tema de que hubo una crisis económica severa, que eso obliga a las familias a reorganizarse frente a la precariedad”.

Franco agregó que esta salida del sistema también acentuó la brecha de género, planteando que “si uno aplica esta perspectiva las mujeres han desertado más que los hombres, y ahí se ve un aumento en una desigualdad ya existente”. A ello también se agregan las cifras de las escuelas especiales, que vieron la deserción de muchos alumnos en situación de discapacidad.

Los derechos adicionales a la educación

En su tercera dimensión el informe consideró el derecho a la alimentación, el que fue impactado debido a que muchos estudiantes se alimentaban gracias a los programas de Junaeb. Desde esta perspectiva se alertó por un aumento en la desnutrición infantil.

Otro aspecto abordado por el documento fue el derecho a la salud mental de niños y adolescentes, donde se evidenció que “la ausencia de la presencialidad en los establecimientos educacionales a raíz de la pandemia, ha tenido consecuencias en aspectos psicoemocionales y de convivencia social, donde los esfuerzos del Estado no han sido suficientes para garantizar este derecho acorde a sus obligaciones internacionales de derechos humanos”.

Los autores de la investigación también agregaron otros derechos afectados como el de recreación, los que durante la crisis se vieron limitados y con una brecha en el acceso a actividades deportivas o talleres artísticos, en donde las escuelas cumplían un rol fundamental.

Más allá de esto, tanto Franco como González plantearon que el análisis global con perspectiva de derechos humanos requiere de la entrega de mayores datos por parte de las autoridades, los que se deben complementar a las cifras de aprendizajes alcanzados o apertura de escuelas.

“No sabemos el por qué las personas están interrumpiendo su trayectoria escolar. Puede ser porque efectivamente falta un acceso al internet, a la tecnología, pero también puede ser por otras causas como el aumento del trabajo infantil, o puede ser porque el trabajo doméstico recae más en las mujeres… ahí hay toda una caja negra que no tenemos información por parte de las autoridad y que nos deja en una interrogante. Y la consecuencia de eso es que no se pueden generar políticas públicas para dar soluciones”, precisó la académica.