Sigue el tira y afloja entre la justicia y los operadores de la industria del iGaming
Aunque la Ley aún no entra en vigencia, este proyecto ya convierte a Chile en el tercer país sudamericano en contar con una regulación local.
No obstante, el marco regulatorio de las plataformas iGaming no cesó ahí, sino que continuó con varios procesos como el aprobado en enero de 2024 y que pronto entrará en vigor. Freepik.
La industria de los juegos de azar en Chile data de 1849, cuando se popularizaron los primeros juegos de tragamonedas y ruletas en el país. Cuarenta años más tarde se creaba el primer casino y, en 2005, con la aprobación de la Ley 19.995, estallaron los operadores online, bajo la conocida industria del iGaming.
Con la proliferación de dichas plataformas, han aparecido algunos hechos donde los operadores y la justicia chilena han sido protagonistas. Entre ellos resalta el propio proyecto de ley que no ha estado exento de controversias, y al cual se une un grupo de acciones y hechos legales que han mantenido ocupados a operadores de la industria y la justicia desde inicios de este año.
Operadores de la industria iGaming y el proyecto de ley
El proyecto de ley está en proceso desde 2022, siendo una realidad este año, cuando la Cámara de Diputados finalmente la aprobó en enero con 80 votos a favor, 36 en contra y 18 abstenciones. Aunque aún no entra en vigor, este proyecto ya convierte a Chile en el tercer país sudamericano en contar con una regulación local. No obstante, la ley ha ocasionado todo tipo de opiniones por varios factores polémicos.
Uno de ellos son los impuestos que deberán pagar los operadores de juego en línea chilenos que, aunque se trata de una recaudación fiscal, se consideran actualmente unos de los mayores tributos cobrados en toda América Latina. En ese sentido, las distintas plataformas online deberán acreditar iguales impuestos de renta e IVA que sus contrapartes físicas, además de pagar un impuesto correctivo del 20% sobre los ingresos brutos; impuesto del 1% por el programa de Juego Responsable; y un gravamen cada año del 2% sobre ingresos brutos.
A ello se suma, además, el denominado cooling off, una medida que prohibirá el funcionamiento durante un año de los operadores que se mantienen activos en el presente. Esto significa que los sitios de juego online actuales, una vez entre en vigor el proyecto de ley, deberán cesar sus operaciones por el tiempo establecido, y luego solicitar una licencia local a la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar.
A esta medida poco gratificante, se suma la negativa de patrocinios. En este caso, varias plataformas, sobre todo casinos online, se han beneficiado históricamente de ese tipo de colaboraciones, siendo una forma de publicidad tradicional. No en vano los mejores sitios de juegos de la industria en Chile, reseñados por los expertos de casino.cl, han atraído miles de usuarios no solo a través de sus juegos y experiencias de alta calidad, sino también mediante patrocinios de clubes deportivos y otros eventos.
El proyecto, aunque seguirá sometido a evaluaciones, no ha evitado los múltiples comentarios a favor o en contra. En ese sentido, la Agrupación de Plataformas de Apuestas Online, aunque consideró dicha ley, destacó los resultados negativos de sus normas más polémicas. A ello se añaden recientes hechos legales entre algunos operadores de la industria iGaming y la justicia chilena que intensifica la tensión entre ambos.
El caso de los clubes deportivos
Recientemente, tres clubes deportivos chilenos, O’Higgins, Palestino y Deportes Iquique, exigieron a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que concluyera sus contratos con empresas que recogen información para sistemas de apuestas. En la misiva, enviada al presidente de la ANFP, criticaron su vínculo con compañías específicas que, según afirman, proporcionan información detallada sobre los partidos para el uso de operadores de la industria iGaming, específicamente en las apuestas.
Uno de los móviles principales para tales exigencias es que según los demandantes esto conduce a influencias negativas en los jugadores más jóvenes y en los partidos, calificándolo de peligroso e inaceptable. Además, subrayan que atenta contra la ética deportiva y puede incurrir en la manipulación de los resultados. Por ello sugieren efectuar charlas que eviten tales prácticas entre técnicos del fútbol formativo y jugadores, así como campañas publicitarias.
Fallo legal contra la operadora Enjoy
En los primeros días de julio, la Corte Suprema denegó las acciones judiciales de Enjoy para cambiar la decisión de la Superintendencia de Casinos de Juegos. La empresa intentaba zanjar un conflicto que data de hace cinco años, específicamente en 2018, cuando le fue otorgado un permiso de actividad en el Casino Puerto Varas, bajo la condición de construir un proyecto integral de casino en el tiempo legal establecido de dos años. Aunque tenía la posibilidad de prorrogar por un año adicional, su plazo venció en 2021 e inmediatamente comenzó el proceso de revocamiento por incumplir el acuerdo.
En aquel entonces el conflicto se elevó a grandes escalas cuando Enjoy alegó no ser culpable del incumplimiento, pues la Dirección de Obras Municipal no otorgó el permiso de edificación. Según esta última, el proyecto no se adaptaba a las normas constructivas determinadas por el Plan Regulador. A pesar de todos los recursos presentados para revertir la decisión de la SCJ, la corte desestimó el último de ellos y actualmente el Casino de Puerto Varas es operado por Dreams como casino municipal. Tal fracaso supone para Enjoy un nuevo problema en el orden económico, por lo que ahora podría enfrentarse a un nuevo proceso por deudas acumuladas.
