La Fiscalía Occidente comunicó de manera oficial la decisión de no formalizar a Tonka Tomicic. La animadora y ex rostro de Canal 13 estaba en calidad de imputada en la investigación por el Caso Relojes. La resolución se presentó ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, según informó La Tercera.
“Cite a audiencia a los intervinientes para comunicar la decisión de no perseverar, respecto de los siguientes imputados, por no haberse reunido durante la investigación los antecedentes suficientes para fundar una acusación“, indica la decisión de la Fiscalía Occidente.
El escrito incluía un listado de personas a las que el Ministerio Público dirigió averiguaciones por delitos aduaneros, de contrabando y de receptación de joyas de lujo. Allí se encontraba el nombre de la modelo, quien se vio vinculada al caso en agosto de 2021. La determinación, sin embargo, no implica un sobreseimiento o declaración de inocencia. Solamente responde a la imposibilidad de reunir pruebas contundentes durante el tiempo de investigación.
Tomicic podrá asegurarse de dicha resolución cuando el tribunal agende una audiencia para explicitar oralmente lo que el fiscal jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, dijo por escrito. Es relevante mencionar que el caso provocó la salida de la animadora de Canal 13. Además también fue dejada de lado por las marcas que la auspiciaban. Una vez conocida hace algunas semanas de que no se iba a formalizar a Tonka Tomicic es que ha vuelto a tener apariciones públicas, incluyendo un propio docureality.
Paralelamente, el Ministerio Público sí decidió presentar una acusación formal contra los presuntos líderes de la organización criminal, responsables de ingresar al país especies robadas. Marco Antonio López, mejor conocido como Parived, logró desprenderse de la causa judicial mediante un juicio abreviado. De esta manera quedo fuera de la acusación por asociación ilícita, que en primera instancia lo mantenía como uno de los nexos con Estrella Dinamarca, considerada la cabecilla del grupo.
Acerca de esta última, la Fiscalía solicitó una pena que ascienda a 10 años en total de presidio efectivo.
