Chávez lo decidió. Lecciones para Chile

En un interesante e ilustrativo libro sobre Hugo Chávez, el periodista Marcel Oppliger cuenta que el sábado 31 de enero de 2009, dos días antes de cumplirse una década del comienzo de la Revolución Bolivariana, el entonces Presidente de Venezuela decretó —motu propio— feriado nacional para el lunes siguiente.

Esta decisión la habría tomado en medio de un partido de béisbol, destinado, justamente, a celebrar dicha efemérides. “Tal vez sea el ambiente festivo del juego —afirma Oppliger— lo que impulsa al Presidente a anunciar sorpresivamente que el lunes será feriado”.

Luego agrega: “Durante un descanso en el partido, el Vicepresidente de la República lo confirma: pasado mañana no se trabaja en todo el país” (Oppliger, Marcel, La Revolución Fallida. Un viaje a la Venezuela de Hugo Chávez, Instituto Democracia y Mercado, Santiago, 2009, p. 17).

Lo anterior resulta inconcebible para un país como Chile en el que, supuestamente, y al decir del ex Presidente Ricardo Lagos (2000-2006), “las instituciones funcionan”. En efecto, los últimos años hemos sido testigos de proyectos de ley destinados ampliar los feriados en la semana de Fiestas Patrias.

Por ejemplo, el 28 de julio de 2010 se aprobó el proyecto que “Establece, por una sola vez, como feriados obligatorios e irrenunciables, los días 19 y 20 de septiembre de 2010, para todos los trabajadores dependientes del comercio” (boletín Nº 7082-13).

A diferencia del caso arriba citado, en el que unilateralmente el Presidente de Venezuela decidió (al parecer) en cuestión de minutos un feriado para dos días después, en Chile los proyectos que establecen feriados se debaten durante un tiempo adecuado, pasando por ambas cámaras legislativas: Cámara de Diputados y Senado.

Todo esto revela que los países serios y democráticos no son gobernados por personas individuales, menos aún por caudillos clientelistas y populistas. Incluso, en Chile siempre el Presidente de la República ha sido entendido como una institución —impersonal y abstracta, como pensaba Diego Portales (1793-1837)— y que, por lo tanto, no se manda sola, sino que debe ajustar su accionar a un orden jurídico preestablecido, constitucional y legal. Esto es lo que se llama Estado de Derecho.

Volviendo al ejemplo del otrora Comandante Chávez, Oppliger señala que la respuesta de la venezolanos a la decisión de decretar el feriado referido más arriba, así como a muchas otras determinaciones discrecionales de su mandato, era muy simple: “Chávez lo decidió” (Ibíd., p. 20).

Al igual que Chávez, Nicolás Maduro ha gobernado básicamente por decreto (con facultades habilitantes para legislar). Pese a haber llegado al poder por la vía electoral, ello no obsta a que su gobierno pueda ser catalogado de autoritario, incluso de autoritario legal. No hay democracia stricto sensu cuando se sustenta en resquicios legales (de triste recuerdo para los chilenos) y cuando las minorías —que, en verdad, constituyen la mitad del electorado— no son respetadas en lo más mínimo. No hay democracia cuando los vencedores en las elecciones, le pasan la retroexcavadora a los vencidos. Y, menos aún, cuando no se respetan libertades políticas fundamentales.

Si bien nuestro país está lejos de llegar a los extremos de la actual Venezuela, deberíamos aprender de ellos. Y, de este modo, evitar volver a caer en la democracia de la intolerancia y de la polarización, lo que nos costó un golpe de Estado y una cruda dictadura. Por otra parte, aunque sea cierto que la institución Presidente de la República tiene un carácter impersonal, ello no quiere decir que la conducción del país no dependa de quien, de manera concreta, ejerza el cargo.

Precisamente, el presidencialismo reforzado que nos rige (y que siempre nos ha regido) hace necesaria la existencia de un liderazgo fuerte, aunque no por ello autoritario.