Argentina investiga a Cencosud por posible contrabando de productos donados
Prensa trasandina asegura que alimentos para ir en ayuda de los damnificados por el terremoto de febrero de 2010 fueron sacados del país bajo beneficios de donación y en Chile fueron vendidos a la ONEMI.
La justicia argentina abrió un proceso penal contra la empresa Cencosud -cuyo dueño es el empresario Horst Paulmann- por la sospecha de contrabando en la exportación de ayuda humanitaria. Según fuentes judiciales, el fiscal compartió los argumentos denunciados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que aseguró que la compañía vendió en Chile alimentos donados en Argentina, con su consecuente evasión impositiva.
De acuerdo a lo que informa el diario trasandino Ámbito Financiero, la empresa habría vendido a la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) productos que fueron donados en Argentina para ir en ayuda de los damnificados por el terremoto del 27 de febrero de 2010. La compañía niega haberse beneficiado con esa operación.
Según la publicación, en 2010 Jumbo Retail Argentina (de propiedad de Cencosud) envió mercadería de primera necesidad como ayuda gratuita a los afectados por la catástrofe, exenta del pago de impuestos por su naturaleza (bajo el régimen de envíos de asistencia y salvamento). Sin embargo, esos productos exportados en 183 camiones habrían sido comercializados por Cencosud en Chile.
Como consecuencia de esta operación, la AFIP inició investigaciones y el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza dispuso diez allanamientos en oficinas de la compañía en esa provincia y en Buenos Aires. El organismo formuló una denuncia penal por contrabando documentado agravado de exportación contra Jumbo Retail Argentina SA, Cencosud Retail de Chile SA, Cencosud SA, y contra los propietarios de la compañía (apoderados y gerentes generales).
Las eventuales penas para estos delitos son de prisión desde 4 hasta 12 años, multas de 4 a 20 veces los montos afectados, previstas en el Código Aduanero. El juez remitió la denuncia al Ministerio Público Fiscal, a cargo de Fernando Alcaraz, que después de evaluar la situación requirió al juez la instrucción (pidió que se abra el proceso). Este requerimiento es el que ahora fue aceptado.
La AFIP calcula que la firma evadió impuestos por más de US$ 4 millones, al haber vendido la mercadería sin pagar el 35% correspondiente al Impuesto a las Ganancias, el 5% de derechos de exportación y el 21% de IVA.
