Sigue generando “efectos colaterales” la sentencia de la Corte Suprema que rechazó el proyecto termoeléctrico Castilla. A raíz del fallo, el Gobierno está llevando a cabo una profunda revisión de leyes, reglamentos, decretos y ordenanzas relacionadas con el tema medioambiental, con el fin de hacer los cambios necesarios para que ofrezcan mayor certeza jurídica.
Así lo afirmaron fuentes de La Moneda al diario La Tercera, las que agregan que los asesores de los ministros de la Secretaría General de la Presidencia, Cristián Larroulet, y de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, se encuentra trabajando en una serie de propuestas de cambios, las cuales podrían ser dadas a conocer dentro de un mes.
Uno de los eventuales cambios sería la entrega al Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) de la potestad de determinar si una actividad industrial es contaminante, molesta o inofensiva, algo que hoy está en manos de las Seremis de Salud. Para implementar esta reforma se debe cambiar la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (Oguc).
De materializarse esto, las discusiones a futuro se radicarán en los nuevos tribunales medioambientales, limitando a su vez la clase de recursos que puedan llegar a nivel de la Corte Suprema, que en el caso de Castilla cuestionó la calificación de “molesto” para el proyecto que hizo una Seremi de Salud, revirtiendo la decisión.
También entraría dentro de las reformas una Ley de Ordenamiento Territorial que otorgue a las regiones la obligación de definir las zonas en que se puedan instalar industrias. Una iniciativa que, si bien no cuenta con apoyo dentro del Gobierno, ha ido ganando terreno luego del fallo Castilla.
