El Gobierno planea regular el mercado de distribución de gas a los hogares. Esta idea va tomando cada vez más fuerza y ahora cuenta con algunos antecedentes claves para comenzar el debate, que se espera ser uno de los más fuerte en la Agenda de Energía.
En ese sentido, el Ejecutivo contrató los servicios del consorcio chileno argentino compuesto por las consultoras, Valgesta-Mercados Energéticos, para determinar si la rentabilidad de las distribuidoras de gas se ajusta a lo dictado por ley. El estudio debe concluir en octubre próximo.
Según informa La Tercera, fuentes que accedieron a las conclusiones preliminares, sin embargo, revelaron que al menos Metrogas, distribuidor de gas natural en la Región Metropolitana (RM), habría excedido del nivel de rentabilidad, cercano a 5 puntos porcentuales en 2013. En vista de ello, las cuentas de gas que la firma cobra a sus 548 mil clientes en la RM deberían ser entre 20% y 25% más bajas. GasValpo, en tanto, estaría en el límite.
De acuerdo a la normativa actual, las empresas Metrogas, GasValpo, GasSur, Lipigas e Intergas, reciben una retribución compuesta por dos factores: tasa de costo de capital y de rentabilidad, que en conjunto no deben superar el 11%.
La CNE tiene como responsabilidad fiscalizar las rentabilidades. Sin embargo, el último estudio que se realizó fue para 2010 y 2011. En el último año, Metrogas ya se acercaba al límite, con un 10,4%. Mientras que GasValpo, GasSur e Intergas registraron niveles de 4,9%, 8,5% y 0,6%, respectivamente.
Las fuentes consultadas aseguraron que uno de los cuestionamientos de las actuales autoridades son hacia el gobierno anterior porque inició fiscalizaciones para 2012, pero no las concluyó por circunstancias que se desconocen. En esa fecha, agregan, Metrogas ya habría sobrepasado la rentabilidad.
Impactos
La actual regulación del gas dice que las distribuidoras tienen libertad tarifaria. Sin embargo, especifica que en caso de que una empresa exceda el límite máximo de rentabilidad en un año calendario, los antecedentes deben ser enviados al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), para que determine si hay condición de competencia o no y se ordene la regulación tarifaria.
Amparada en esto, la autoridad prepara los antecedentes necesarios para acudir al TDLC. Esto podría ocurrir a mediados de octubre, cuando el informe de rentabilidad esté concluido y sea público. Sin embargo, el marco regulatorio posee un vacío legal, ya que no existe norma que defina el procedimiento y metodología para fijar esa eventual fijación tarifaria.
El proceso ante el TDLC podría adelantar para este año el proyecto de ley que regula el sector, cuya entrada a tramitación está definida para el primer trimestre de 2015, según la Agenda de Energía. Dentro de este podría modificarse el actual 11% como tope, a un nivel más bajo.
