El comienzo del título de esta columna alude, por supuesto, a la frase acuñada durante la revolución francesa y que posteriormente se transformaría en el lema de la República de Francia (Libertad, igualdad y fraternidad). ¿Por qué termina el título con “educación”? La respuesta es simple: la reforma educacional impulsada por el gobierno ha hecho que la discusión de nuestros políticos se pueda dividir (en forma extrema) entre quienes opinan que la reforma “quita libertad” y otros que argumentan que “no existe libertad para elegir si no se disponen de los recursos para optar” (por un establecimiento educacional en particular).
Primero que nada, un breve comentario respecto al concepto de libertad. Cuando se discuten conceptos como estos existe, en general, dos formas de abordarlos. La primera es una en el plano conceptual: antes de discutir nada debemos ponernos de acuerdo en una definición aceptada por las partes que discutirán. La segunda, es en un plano normativo. Acá se debatiría qué tan conveniente es para una sociedad (o no) el concepto discutido. Claramente el plano conceptual antecede al normativo. Si esto no fuera así, las discrepancias podrían deberse (sólo o en parte) a que los bandos están refiriéndose a definiciones distintas. Mi sospecha en particular es que este es uno de los fenómenos que enturbia la discusión actual. De hecho, unos vez que nos pusiéramos de acuerdo en la definición de un concepto, es perfectamente legítimo que estemos de acuerdo o no en el plano normativo. Por ejemplo, una vez que hablemos de la misma definición de pobreza, podremos disentir o no en la efectividad de las políticas propuestas para paliarla.
Asumamos entonces que al hablar de libertad nos referimos a la libertad negativa, la cual se define por la ausencia de coacción (física o legal) externa al individuo. Esta definición proviene de la tradición política libertaria y ha sido elegantemente teorizada por autores como Berlin y Nozick. Nótese que esta definición no incluye la restricción de recursos como una coacción, esto es (caricaturizando), todos (ricos y pobres) somos libres de mirar las mercancías que se nos ofrecen en los escaparates. También nótese que esta definición implícitamente asume la existencia de desigualdades. Dicho lo anterior, lo que no es una implicancia de este esta definición es que, a pesar de adherir a ella, no se reconozcan las externalidades negativas de sus consecuencias, en específico de la desigualdad, ni que se discuta en el plano normativo las formas de mitigarla.
Vayamos ahora a un planteamiento normativo. En un sistema de mercado mayores habilidades debiesen ser sinónimo de mejores ingresos y, dentro de las habilidades hay aquellas que son educadas y las que son innatas al individuo ¿Cuándo en general debiesen operar los pagos a las habilidades? Cuando los individuos entran al mercado laboral, es decir (en Chile), cuando superan la edad de 15 años. Nos es difícil prever que personas con distintas calidades de educación distorsionan el mecanismo de pagos a las habilidades pues las comparaciones son opacas. Por ejemplo, una persona con pocas habilidades innatas, pero bien educada (en el colegio), es difícil de contrastar con una persona con altas habilidades innatas pero educada deficitariamente.
Dicho de otra forma, cuándo ambas personas saben escribir (y leer) bien podemos comparar mejor qué tan brillante es lo que cada una de ellas escribe. La situación actual de la educación en Chile se ve empeorada además, por los distintos niveles de calidad de la educación en los hogares. Por tanto, el Estado debiese aún suplir más educación en este tipo de hogares para que las comparaciones tuviesen como efecto un pago genuino a las habilidades ¿Cuál será el resultado de estado estacionario cuando los hijos de hogares como estos se transformen en padres? Emparejando la cancha fuertemente en un comienzo y menos en el mediano plazo, podríamos (por ejemplo) ahorrarnos los recursos destinados a viajes a Finlandia y Francia.
