Como no existe una clara definición de lo público y lo privado, debe ser difícil para los ministros y subsecretarios entender que una vez asumido su cargo, la vida privada se reduce. Y que cuando asumen la labor de servidores públicos es una obligación llevar a cabo una rendición de cuentas exhaustiva y que eso pasa por la declaración de patrimonio.
Durante el fin de semana vimos como la actual cartera ministerial de la Presidenta Bachelet trajo una vez más a la palestra temáticas en torno a la transparencia, probidad y más que nada sobre el sentido común que deben tener los más altos funcionarios públicos del Estado.
Frases como “la confusión fue por un problema digital, porque las fichas sí estaban y solo faltaba actualizar la página web de gobierno transparente” son indignas en el contexto de probidad y mucho más aún con relación a las expectativas legítimas que tienen los ciudadanos hacia los que han sido escogidos para administrar el país.
En el Chile de hoy, con la más importante crisis de confianza en las instituciones que hemos tenido quizás desde el regreso a la democracia, jugar con la información pública, el financiamiento de la política, el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada no es la mejor táctica para superar la crisis.
Por lo mismo, no es permisible y raya en la falta de ética y empatía con la ciudadanía el hecho que 7 ministros y 15 subsecretarios no hayan presentado su declaración patrimonial, independiente de la causa. Aún más imperdonable es que el Gobierno indique que las razones son “X” para que luego la ciudadanía se entere que las causas reales fueron otras. Todo esto resulta en un círculo vicioso en el cual ni el Estado ni la ciudadanía ganan.
La gravedad que reviste esta conducta negligente por parte de las autoridades, no es solo dañina para los lentos avances que se han realizado respecto de políticas de Gobierno Abierto en Chile, sino que continúa la caída del gobierno en temas ciudadanos como la confianza en las autoridades.
La carencia de prolijidad en el cumplimiento del Instructivo sobre Buenas Prácticas de Declaración Patrimonial que es imperativo y claro en palabras de la misma Presidenta: “Instruyo a todas las autoridades de mi designación a cumplir con las siguientes buenas prácticas en materia de declaración de patrimonio y de intereses […] integras, esto es, completas y veraces”, genera por decir poco, suspicacias y nos desemboca en un debate que lo único que logra es un retraso en temas país y desarrollo de la nación.
En Chile ya no extraña que los problemas de este tipo se arreglen con leyes y regulaciones ad hoc, transformando las normativas en analgésicos al malestar social. Sin embargo, la praxis indica que no basta con leyes. Para solucionar estos problemas, también se requiere de cambios a nivel de entendimiento y comportamiento social partiendo por las autoridades en el espíritu intrínseco de vocación de servicio público. Así evitamos dar cabida una vez más al lamentable cliché “hecha la ley, hecha la trampa”.
