La democracia de tomas y paros

Durante este año, con algunas entradas y salidas, con alojos y desalojos, algunas decenas de colegios, carreras, facultades y universidades han pasado por paros y tomas en las que por la razón o la fuerza se han suspendido sus clases. Aparentemente las demandas detrás de estas movilizaciones son diversas, en la escuela de derecho de la Chile querían evitar la expulsión de alumnos que estaban con la causal para ello, en la UNAB para que su universidad adscriba a la gratuidad, en algunos colegios para mejorar la infraestructura, en otros para adscribir a las propuestas de la Aces o la Cones, mientras la Universidad Diego Portales tiene su propia lista de demandas, como la supuesta falta de campo clínico para los estudiantes de medicina. En muchos de ellos las demandas específicas se combinan con referencias a sus “sueños” y a una “nueva sociedad”.

Estos estudiantes “soñadores” han creado un mecanismo que consideran democrático para resolver si se va a un paro o a una toma. Así, con una diversidad de procedimientos, que van desde la asamblea y voto a mano alzada hasta la votación en urnas, se ha ido plebiscitando la participación de cada colegio, carrera, facultad o universidad en estas movilizaciones. El pretendido principio de legitimación de estas acciones es el de la mayoría de los propios estudiantes. Es decir, si la mayoría de los estudiantes aprueba, hay paro o toma para todos.

Parece legítimo. Demás está decir que en muchos casos (especialmente cuando las participaciones han sido altas) las movilizaciones han sido rechazadas, como ocurrió recientemente en la USACH.

El problema es que, aunque sean minoritarios, hay un grupo de alumnos que por las más diversas razones quiere ir a sus clases. Habrá los que están abiertamente en contra de las demandas particulares o generales del movimiento estudiantil, otros que pueden estar de acuerdo, pero no están dispuestos a sacrificar su formación por ellos, o por cualquier otra razón. Lo que les dicen los líderes de este “movimiento social” es que si quieren ir a clases tiene que ganar una elección. Sí, si ganan la elección tienen el derecho a sus clases, si no, no. Para ir a clases tiene que hacer campaña a favor de las clases, poner algo de plata para publicidad, conseguir líderes que hablen en las asambleas, armar grupos en Facebook, promover en las redes sociales, en twitter en whatsapp, etc, etc.

¿Por qué? ¿No les parece absurdo? ¿No se suponía que el derecho a las clases se ganaba sólo con haber sido aceptado por la universidad?

¿Se imaginan que un grupo de pobladores igualmente “soñadores” decidiera tomarse un consultorio e impidieran que una madre opuesta a la toma llevara a tratar a su hijo enfermo? ¿Lo legitimaría una votación?

¿Y si la votación fuera contra los negros?
Lo cierto es que no.

Desde hace mucho sabemos que los derechos son anteriores a la voluntad popular, nadie tiene derecho a prohibirle entrar a clases a quien quiera, por mucho que una mayoría lo quiera impedir. La democracia, entre otras cosas, está para proteger los derechos de las minorías, no para someterlos a la voluntad de alguna mayoría. Las mayorías están para decidir entre opciones, no pueden negar derechos. Eso está haciendo el “movimiento estudiantil”.

Frente a este flagrante abuso, que se disfraza con estos procedimientos pseudo democráticos, las autoridades tienen la obligación de proteger el derecho a estudiar. Las autoridades educacionales deben asegurar el acceso a las salas, garantizar que las clases se hagan y continuar con las evaluaciones. Por otra parte la autoridad política, que recibió democráticamente el monopolio de la fuerza, tiene que garantizar el acceso a los establecimientos y castigar la violencia y destrozos que se cometan.
Eso es lo democrático.

Ya basta de indolencia, en algún momento la natural tendencia de políticos y autoridades a congraciarse con los grupos organizados tiene que someterse a su obligación principal, la protección de los derechos de todos.