Nueva institucionalidad destinada a mujeres y equidad de género: Desafíos territoriales

Si bien es cierto el fenómeno de la violencia física y particularmente los femicidios que han remecido a la opinión pública -tanto en Chile como en otros países de América Latina-, ponen de manifiesto la urgencia de hacernos cargo de que nuestras sociedades avancen hacia una cultura del respeto y la no violencia, ésta discusión no se agota en la violencia física y requiere ir de la mano de una reflexión en torno a las particularidades territoriales de estos desafíos.

Uno de los aspectos menos estudiados en las discusiones de equidad de género se relaciona con la distribución de las desigualdades entre hombres y mujeres al interior de los países, entre sus distintos territorios. En este sentido, el “Informe Latinoamericano de Pobreza y Desigualdad 2015: Género y Territorio” avanza en esta dirección y da cuenta que las características de los territorios inciden en las posibilidades de las mujeres de alcanzar su autonomía económica, es decir, de generar ingresos y recursos propios, a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres, cuestión relevante que impacta positivamente en las posibilidades de avanzar en su autonomía física y en lo que respecta a la toma de decisiones.

En el caso de Chile encontramos que la discriminación de género en el salario es mayor en zonas urbanas (36%) que en zonas rurales (15%), que la mayor brecha de ingresos entre hombres y mujeres se da en los territorios especializados en servicios, y la menor en los territorios secundarios. Asimismo, la actividad económica silvoagropecuaria tiene mayores retornos para mujeres que para hombres, por lo que tiende a cerrar brechas, y la pobreza rezagada del territorio disminuye la capacidad actual de generación de ingresos, siendo su efecto mayor en las mujeres.

Estos hallazgos han venido a reafirmar que para lograr la equidad de género no basta con invertir en las mujeres como sujetos individuales, sino que es necesario intervenir sus contextos. Para lograr el empoderamiento económico de las mujeres es necesario eliminar las barreras estructurales que limitan el ingreso de las mujeres al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres y que restringen su acceso a activos productivos, pero también es necesario actuar sobre las dinámicas específicas de los territorios que dificultan la participación de las mujeres en la esfera económica del desarrollo.

Algunas de las propuestas concretas que emergieron de estos análisis se relacionan con varias dimensiones. Por ejemplo, en lo que respecta a inserción laboral y productiva se plantea la necesidad de tener en cuenta las características de los sectores productivos y las posibilidades de incorporación de las mujeres al momento de diseñar programas de formación, capacitación y apresto laboral; además de considerar la oferta de bienes y servicios públicos existentes en cada territorio al momento de diseñar políticas tendientes a disminuir el costo de oportunidades de las mujeres en el trabajo, por ejemplo, disponibilidad de salas cuna, de centros de cuidado de niños y adultos mayores, entre otros aspectos.

En lo que respecta a su vinculación social y política, se propone potenciar políticas que apoyen el trabajo asociativo de las mujeres y también fortalecer y generar espacios de organización comunitaria para el desarrollo de capacidades personales y empoderamiento de las mujeres a través de estrategias colectivas de generación y movilización de activos. Esto implica necesariamente considerar el diseño de políticas específicas para sectores rurales que mejoren las posibilidades de acceso a activos económicos de las mujeres, como la tierra y el crédito, así como instrumentos de apoyo a las actividades productivas de las mujeres que superen la lógica de subsistencia y de reproducción de los roles tradicionales de género.

Uno de los desafíos centrales para las políticas públicas está dado por avanzar en definir acciones tendientes a intervenir los sistemas de género y hacerse cargo de las desigualdades cruzadas de las mujeres, como es el caso de las mujeres indígenas o pobres, por ejemplo, con especial atención en las características sociodemográficas de sus territorios.

Las políticas públicas deben tomar en cuenta que ciertos territorios imponen más obstáculos para la autonomía de las mujeres, ya sea por sus características productivas, los estereotipos que lo rodean, las políticas y el modo en que se implementan, o por la propia capacidad organizativa de las mismas mujeres.

Esto impone un gran desafío a la nueva institucionalidad existente en Chile, específicamente al Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Por una parte, en la definición de las políticas públicas que persigan estos complejos objetivos con la necesaria articulación intersectorial y, por otro lado, y por otro lado, al Servicio Nacional de la Mujeres y la Equidad de Género en la gestión de sus programas, para realizar este análisis territorial y adecuar sus diseños, modelos de gestión y mecanismos de evaluación a las particularidades y especificidades de las dinámicas territoriales existentes. Esto, de modo de responder adecuadamente a la multidimensionalidad que involucra la reducción de las desigualdades de género, en donde a pesar de su gravedad e impacto público, la violencia física y los femicidios son sólo una manifestación de un profundo y complejo problema de desigualdad socialmente construida y sostenida.