Acuerdo compensatorio por colusión del papel tissue debe ser ratificado a la brevedad

Cuando ya parecía que el acuerdo compensatorio por la colusión del papel tissue estaba listo, el proceso se estancó porque no pudo ser ratificado formalmente ante el 10° Juzgado Civil de Santiago.
El pasado lunes 20 de febrero debió resolverse el tema en la audiencia de conciliación, pero se suspendió porque el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) no se hizo parte de la demanda colectiva interpuesta por la Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus). Este es un requisito para legalizar el acuerdo alcanzado durante la mediación del organismo público con la Papelera, Conadecus y la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu).

Lo extraño es que el Sernac dijo luego de la fallida audiencia de conciliación que ese no había sido parte de los acuerdos de la mesa y que estaba analizando alternativas. Sin embargo, el organismo asistió a la instancia legal y lo mismo hicieron los representantes de Conadecus y la Papelera.

¿Por qué asistió el Sernac a esta instancia legal si no es parte de los acuerdos de la mesa? ¿Sus abogados desconocían el procedimiento legal y ese día se enteraron de la forma en que debía ratificarse? ¿Faltó comunicación efectiva entre los asesores jurídicos y la dirección del organismo que debe velar por los intereses de los consumidores? ¿El Sernac le teme a CMPC y no quiere involucrarse en la demanda colectiva de Conadecus?

Estas son algunas de las preguntas que surgen luego del traspié judicial y que, desde luego, atrasan el trabajo de casi un año y medio de mediación.

Por su parte, la Papelera reiteró la vigencia del acuerdo y repitió su decisión de compensar en 7 mil pesos a cada uno de los chilenos mayores de 18 años. El costo total para ellos asciende a los 150 millones de dólares y se pagará vía cuenta rut del BancoEstado.

Una vez que trascendió la suma que se pretende pagar a cada uno de los chilenos, se desató en la opinión pública una serie de suspicacias y críticas sobre la cantidad acordada. Para muchos pareció una burla la pequeña cantidad, dado que no se comparan las ganancias mal habidas con el monto a reparar.

Según cálculos de economistas de Conadecus, los dividendos obtenidos por el cartel integrado entre CMPC y SCA Chile serían de 510 millones de dólares, de los cuales alrededor de 445 millones de dólares corresponderían a la Papelera. Cada cual sacará sus conclusiones sobre si fue un mal o buen acuerdo.
Independiente de la calificación sobre el monto a pagar a cada chileno, este debe ser ratificado a la brevedad ante la justicia. Para ello, el Sernac debe disipar rápidamente sus nubes y poner de su parte para que opere el mecanismo compensatorio.

Es claro que la estrategia de CMPC ha sido intentar mitigar a la brevedad posible el daño reputacional que le ha significado liderar un cartel, ya que ha tenido un impacto negativo en sus ventas. Además, al ratificarse el acuerdo judicial, la empresa cierra cualquier opción de una demanda en su contra el operar el llamado Erga Omnes, es decir, nadie en el futuro podrá requerirla civilmente por el daño causado. Negocio redondo.

Lo que no se debe perder de vista es que CMPC y SCA Chile se acogieron a la delación compensada tras ser denunciados en octubre de 2015 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Vale decir, admitieron su responsabilidad en los delitos cometidos durante 10 años. Es más, la empresa del Grupo Matte hizo lo mismo en Perú, donde utilizó el Programa de Clemencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

Mientras ya parece concluir la arista civil de la colusión, la causa aún sigue su curso en la arena de la justicia económica. Vigilaremos atentamente el proceso que se lleva adelante ante el TDLC para que tanto CMPC como SCA Chile reciban el castigo que se merecen por haber abusado de la confianza de millones de chilenos.

Espero que las mayores facultades que contiene la nueva legislación de defensa de la libre competencia, como aumento de multas y pena de cárcel, inhiba la creación de futuros carteles, aunque queda en suspenso su efectividad por los altos grados de concentración económica.

Asimismo, el gobierno debe priorizar el proyecto de ley que fortalece las atribuciones del Sernac para que sea un organismo que de verdad defienda a los consumidores de los abusos empresariales, de los a veces casi imperceptibles, pero nefastos delitos de cuello y corbata.