¿A qué costo garantizamos el agua para la Región Metropolitana?

Los polémicos y masivos cortes de agua potable ocurridos en los últimos años en la Región Metropolitana, han dejado al descubierto una serie de ineficiencias, normativas públicas pro-empresariales y una falta de planificaciones estructurales de la sanitaria de capitales españoles, Aguas Andinas, en su labor de saneamiento y distribución efectiva del vital líquido para 50 comunas de la capital.

Cuando se producen episodios de turbiedad en el río Maipo casi la totalidad de las comunas de la Región Metropolitana se ven afectadas por cortes de agua potable por parte de la sanitaria, los que en general atribuyen a fenómenos propios del cambio climático, ocultando la gran incidencia en la turbiedad del río que tienen las invasivas obras que el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) realiza a lo largo del Cajón del Maipo, el último pulmón verde de la región.

Pero los diversos impactos sociales y ambientales que ha traído consigo en los últimos años la construcción de esta hidroeléctrica, que pretende entubar 70 kilómetros del río, para generar energía para empresas mineras del norte, como es el caso de Minera Los Pelambres, propiedad del grupo Luksic, ex socio del 40% de PHAM. Entre otras afectaciones directas a los habitantes de la zona, ahora avizora otro peligro latente.

Se trata del proyecto que Aguas Andinas planea construir en San Juan de Pirque, al inicio del Cajón del Maipo, que implica la construcción de seis estanques de hormigón para reserva de agua, ubicados en un área de 72 hectáreas, con el fin de aumentar de 13 a 32 las horas de autonomía de agua potable para la Región Metropolitana en caso de cortes de suministro. No obstante, el gobierno ha solicitado a la empresa 48 horas de autonomía, por lo que este proyecto no cumple con los requisitos que solicita el Estado.

La iniciativa, que se encuentra en fase de estudio de impacto ambiental, y a la que las comunidades y autoridades de Pirque y San José de Maipo enviaron cientos de observaciones, además suma la disposición de dos botaderos, resultado de la construcción de los seis estanques, y que se instalarán en las comunas de San José y Puente Alto.

Riesgo de colapso e impactos

Uno de los grandes problemas que hacen inviable este proyecto es la inestabilidad y baja resistencia del suelo de terrazas fluviales que precisamente sostendrían los estanques de agua. Lo que implica un claro riesgo de colapso -ante un terremoto, por ejemplo- lo que provocaría una catástrofe humana, ambiental y sanitaria para las comunidades aledañas. Temores que se fundan en estudio que solicitó la Asociación de Canalistas del Canal de Pirque, presentado al Servicio de Evaluación Ambiental el año pasado. Cabe destacar que el proyecto se ubicaría a escasos kilómetros de distancia de donde cruza la Falla de San Ramón por el Cajón del Maipo.

Un colapso de los estanques implicaría un corte de semanas en el suministro de agua para las comunas de la RM que se abastecen del río. Asimismo -no existen hasta ahora- medidas de prevención, mitigación y resguardo donde se considere a los vecinos colindantes al proyecto, como lo es San Juan de Pirque, y los pueblos de La Obra y Las Vertientes.

Otro de los impactos que contempla el proyecto es la tala de más de 4.000 nogales, de 50 años de antigüedad, lo que además significa la pérdida de masa arbórea que constituye una barrera natural ante desplazamientos de tierra y roca, producto de eventos climáticos en el Cajón del Maipo. Esta iniciativa también implica el “chipeo” de los miles de nogales, labro que debe realizarse dentro de la obra.

Por otra parte, para el año 2019, fecha preliminar de conclusión del proyecto, la población de la Región Metropolitana habrá aumentado, en contraposición a los habitantes considerados en el estudio de impacto ambiental original, que data del año 2011.

Por cierto, que la opción de construir seis estanques es la salida menos costosa para Aguas Andinas, ya que una solución permanente, y no a 50 años, como lo propone el actual proyecto, sería que cada comuna o grupo de comunas dispusieran de estanques propios, generando autonomía local para contar con agua, además de evitar impactos sociales y ambientales a habitantes de otros territorios.

Sin embargo, el costo de las obras de la sanitaria está garantizado por el propio Estado. Pues desde el año 2014 que los usuarios ya pagan de sus bolsillos la primera fase de obras que asegurarían el suministro a los habitantes de la RM, medida que se tomó tras el histórico corte en mayo de 2008. No obstante, los nuevos y extendidos cortes de agua ocurridos en 2013, 2016 y 2017, demostraron que las adecuaciones no fueron suficientes, por lo que se planeó el presente proyecto de estanques, que debería comenzar a operar en el año 2019. Periodo en que los clientes nuevamente verán subir sus cuentas de agua.

¿Cómo es posible? Fácil. Todo ello está amparado por la normativa de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), que hace que sean los usuarios los que no solo paguemos por el agua que consumimos, sino también por dar seguridad a su abastecimiento, fruto del Decreto Ley 70, dictado en 1988, a fines de la dictadura, y que fue reforzado en democracia por la Ley 19.549, aprobada por el Congreso en 1998. Esa normativa es la que impide que sea la empresa sanitaria concesionaria la que financie esas obras con sus propias utilidades.

Finalmente, lo más preocupante es que el actual proyecto de estanques no resuelve el problema de fondo y establece una medida parche, que extendería en algunas horas el suministro de agua para la Región Metropolitana, y sigue haciendo depender de instalaciones y planes de emergencia de una empresa privada, en un área de estrategia pública, y que no dan el ancho ante las necesidades de una mega-urbe como Santiago, y que al mismo tiempo, impacta y satura a un determinado ecosistema y sus habitantes, como lo es el Cajón del Maipo y la provincia Cordillera.