Respuesta a la violencia
"La actitud de ciertos grupos que buscan la defensa de los derechos de la mujer se aleja de ese ideal y caen en la irracionalidad al pretender que, para hacer “más eficiente” el trabajo de la Justicia, se niegue o restrinja el derecho de los acusados a defenderse y a ser tenidos por inocentes hasta que se demuestre lo contrario".
Rodrigo Pablo es Abogado Universidad Católica.
Hechos de violencia como los sufridos por Nabila Rifo o Valentina Henríquez son situaciones macabras que la sociedad no puede dejar impunes. Sin embargo, la actitud de ciertos grupos que buscan la defensa de los derechos de la mujer se aleja de ese ideal y caen en la irracionalidad al pretender que, para hacer “más eficiente” el trabajo de la Justicia, se niegue o restrinja el derecho de los acusados a defenderse y a ser tenidos por inocentes hasta que se demuestre lo contrario; es decir se relativicen el debido proceso y la presunción de inocencia.
En efecto, algunos grupos y autoridades de gobierno, se han referido de forma negativa a la defensa de su inocencia hecha por Camilo Castaldi o a los argumentos que durante el proceso judicial ha esgrimido el abogado de Mauricio Ortega en defensa de los intereses de este último. Se ha aducido que los dichos de estos revictimizan a las víctimas, hacen más difícil denunciar y ofenden a las mujeres en general. Además, hay quienes sostienen que por darse ciertos patrones comunes a distintos tipos de agresión no caben dudas de la culpabilidad de los involucrados (valga decir que el juicio en base a patrones es universalmente rechazado en las democracias occidentales).
Quienes toman estas banderas olvidan que las garantías procesales no están para proteger a los culpables, sino a los inocentes. Así, si tienen éxito en sus demandas, ello significaría un retroceso mayúsculo para el país, por cuanto estas garantías son derechos humanos esenciales para que vivamos seguros de que no seremos víctimas de acusaciones infundadas, y porque representan la certeza de que se está castigando a un culpable y no a un inocente con mala fortuna, siendo la diferencia entre un juicio racional y uno basado en la arbitrariedad. De esta manera, su relativización redundaría en numerosos inocentes castigados y reviviría fantasmas como las confesiones bajo tortura o los juicios en ausencia (muy comunes en Corea del Norte).
En este orden de ideas, debemos tener presente, por un lado, que cualquiera de nosotros podría ser acusado de un delito que no cometió, y, por otro, que cuando tomamos conocimiento de una acusación lo hacemos teniendo en vista solo una parte de la historia y muchas conjeturas que interpretamos a la luz de nuestros prejuicios y experiencias; lo que no basta para emitir un juicio justo. Es así como para hacer justicia debemos abrir nuestras mentes y recibir la versión del acusado. De lo contrario corremos el peligro de castigar inocentes y estigmatizar comunidades enteras; tal como le ocurre a miles de personas en nuestro país por provenir de comunas “marginales” o a millones de musulmanes alrededor del mundo, por los crímenes cometidos por algunos de sus correligionarios.
Lo anterior, es sin perjuicio de reconocer que en Chile hay altos niveles de impunidad en todos los ámbitos del actuar delictual y que la confianza en la Justicia Criminal es baja. Sin embargo, esto no debe llevarnos a reducir las garantías de los acusados en el proceso, sino a buscar formas de volver más eficiente la Administración de Justicia, dotarla de más recursos y mejorar los incentivos de la misma. Lo contrario, es decir, reducir las garantías y dejar el sistema con sus mismos vicios, es la antesala de la corrupción y de la aparición de un Estado criminal que castigue culpables o inocentes solo para contentar a sus electores o satisfacer los deseos del poder de turno.
Por lo anterior, es que quienes estamos contra todo tipo de violencia y en favor de la protección de los derechos humanos debemos manifestarnos contrarios a las opiniones que buscan relativizar el derecho a defensa de los acusados, la presunción de inocencia y el debido proceso. De lo contrario estaremos contentándonos y formando una sociedad en que impere la irracionalidad, la violencia y la injusticia; en la que los procedimientos judiciales ya no buscarán castigar culpables, sino calmar la sed de venganza de una población enardecida, volviendo a inocentes víctimas de la violencia de quien estaba encargado de protegerlos.
