Energía y agua

Durante la última semana legislativa en el Congreso Nacional se logró un importante avance en la reforma a la ley de aguas con el fin de aumentar las facultades fiscalizadoras de la DGA, para tener una mejor sintonía entre los perjuicios o ilegalidades que se cometen respecto al recurso en lo relativo a la cantidad, calidad, extracción e información de éste, con un aumento de las multas y sanciones administrativas, de manera de garantizar un mejor uso de un bien cada vez más valioso y escaso, como es el agua.

Después de un acuerdo significativo que buscaba evitar la discrecionalidad, el asunto fue aprobado por unanimidad en el Senado, tanto en general como en particular, tras las revisiones realizadas por la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, y su par de Hacienda.

En forma paralela, la comisión de Minería y Energía de la Cámara Alta puso nuevamente en tabla la reforma a la ley de generación eléctrica residencial y ciudadana –Ley N° 20.571, conocida como Ley Net Metering, promulgada en febrero de 2012 y vigente desde 2014, tras la dictación del respectivo reglamento– y que ha sido implementada de manera gradual a través de diversas capacitaciones y una importante inversión del sector público, desde escuelas a hospitales, pasando por el Indap; a la vez que ha ido aumentando en forma creciente, sobre todo en el sector habitacional, mediante la instalación de paneles solares, sistemas eólicos y pequeñas centrales hidroeléctricas, con el propósito de que los habituales consumidores se transformen a la vez en generadores.

En su minuto esta ley fue “podada” en el sentido de que el valor que las empresas distribuidoras le asignan a la energía que reciben de estos pequeños generadores es castigado en alrededor de un 40 por ciento.

Con el objetivo de mejorar la Ley 20.571 algunos parlamentarios –incluidos los miembros de la comisión de Minería y Energía del Senado– hemos presentado una moción para valorar en mejores condiciones la energía generada, sin afectar dentro de márgenes razonables de utilidad a las distribuidoras y fomentando que éstas se involucren mayormente.

Por otro lado, el límite de los 100 Kilowatts de potencia que corresponden a una cantidad significativa de hogares, considerando que por lo general una casa consume unos 2,5 Kilowatts, la estamos subiendo a 300 Kilowatts. En este sentido, durante una reciente sesión de la comisión de Minería y Energía, el ministerio del ramo mostró una buena disposición para sacar adelante estas reformas, de manera de tener una ley que permita que los consumidores habituales de nuestro país también sean protagonistas.

Como ejemplo de lo anterior, cabe destacar que solo en los techos de la ciudad de Santiago existe un potencial de dos mil Megawatts. Al evaluar la estructura de esas techumbres, al menos el 10 por ciento de ellas resiste la instalación de paneles solares, por lo que debiese ser considerado como un aporte sustantivo para los requerimientos de energía del país, como lo han demostrado, entre otros, las ERNC, dejando de lado los proyectos tradicionales de termoeléctricas y grandes centrales hidroeléctricas como solución para el país.