El gobierno y la persecución del delito
"El problema principal no está tanto en las reglas como en una cierta debilidad del Poder Ejecutivo para ejercitar con eficacia los diversos instrumentos de gobierno que tiene a su disposición"
Cristián Riego Ramírez es Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Magíster en Derecho de la LLM Universidad de Wisconsin-Madison, EE.UU. Es Profesor Titular de Derecho de la Universidad Diego Portales. Fue director del equipo técnico encargado de la elaboración del proyecto de Código Procesal Penal y de la Ley Orgánica del Ministerio Público de Chile. Estuvo vinculado intensamente en el proceso de tramitación legislativa, en la capacitación de los actores, y en el proceso de implementación y evaluación de la reforma a la justicia penal chilena.
La relación de los organismos que persiguen el delito —policías y fiscalía— con el gobierno es siempre problemática. Por una parte requieren cierta autonomía para evitar la manipulación política y para permitir que prospere el profesionalismo en su interior. Por otra parte, el gobierno es quien debe transmitirles las demandas de la ciudadanía y presionarlos a actuar coordinada y eficazmente.
En Chile —como en la mayoría de los países— existe un complejo sistema de reglas que resguardan un cierto nivel de autonomía pero al mismo tiempo otorgan al gobierno diversos instrumentos para ejercer su función de coordinación del conjunto del sistema de persecución. Es muy probable que esas reglas requieran ajustes, pero ellos en ningún caso suprimirán el desafío político de gobernar un sistema complejo, poblado de instituciones con fuerte tendencia a maximizar su autonomía, con intereses propios y muchas veces poco dispuestas a cooperar.
En mi opinión, el problema principal no está tanto en las reglas como en una cierta debilidad del Poder Ejecutivo para ejercitar con eficacia los diversos instrumentos de gobierno que tiene a su disposición, los que van desde el presupuesto a la iniciativa legislativa; desde la remoción de los mandos o la acusación constitucional, a la crítica pública.
Esta debilidad del Ejecutivo tiene diversas expresiones. La primera de ellas es la carencia de un equipo profesional estable que acumule un conocimiento especializado de un sector especialmente complejo. Esta es un área en la que el copamiento político de los cargos ejecutivos es una práctica generalizada que impide la acumulación de experiencias en el gobierno mientras que al frente, en los organismos con que debe lidiar, existe una estabilidad donde su personal acumula una enorme experiencia que luego utiliza en defensa de su autonomía.
Vinculado directamente a lo anterior existe una fuerte carencia técnica. Uno de los principales instrumentos de gobierno en este sector —en los países desarrollados— es un conocimiento detallado del funcionamiento del sistema en sus diversas dimensiones organizacionales, culturales, por supuesto, legales y sobre todo cuantitativas. Lo anterior supone un conocimiento multidisciplinario y un manejo detallado de los datos, la existencia de múltiples evaluaciones de los diversos programas y planes operativos y el dominio de diversos instrumentos para el ejercicio del gobierno.
En nuestro país, los equipos del Poder Ejecutivo, además de inestables suelen estar poblados casi exclusivamente por abogados, que en el mejor de los casos, manejan con solvencia la herramienta legislativa. La carencia de un conocimiento profesional más sofisticado del funcionamiento de la fiscalía, las policías y el conjunto de sistema de persecución del delito les otorga a los operadores del mismo una ventaja casi incontrarrestable para hacer valer sus puntos de vista frente a los del gobierno, en una relación que necesariamente será compleja y tensa en un país con instituciones serias.
Por último, los instrumentos del Ejecutivo suelen estar dispersos entre diversos ministerios y resulta muy difícil ordenarlos a una línea clara de política de gobierno sobre la persecución criminal. Así, mientras, las cuestiones presupuestarias son resueltas por Hacienda, la iniciativa legal suele ser compartida entre Interior y Justicia. Los órganos de la persecución conocen perfectamente este problema y saben cómo operar separadamente frente a un Ejecutivo fragmentado.
