Ni contigo ni sin ti: el cuidado en la agenda de reactivación del empleo

A mediados de diciembre se cumplieron nueve meses de la propagación del  COVID-19 y de la puesta en marcha de masivas medidas de confinamiento que se extendieron por el territorio nacional. Desde el comienzo, la dinámica de las familias tuvo que adaptarse al escenario contingente con acciones y estrategias que desafiaban la imaginación de madres y padres trabajadores que debían cuidar a sus dependientes y, al mismo tiempo, intentaban trabajar de forma remunerado.

Prontamente el confinamiento produjo la intensificación del cuidado, principalmente, entre las mujeres, con síntomas de agotamiento, insomnio y estrés que, lejos de disminuir, es probable su aumento ante la segunda ola de contagios advertida por las autoridades y el letargo en el que se encuentra la reactivación del empleo y la economía, ante la debilidad e insuficiencia de medidas.

El interés por la recarga de trabajo de las mujeres ha sido documentado en varias fuentes, como un intento para que las autoridades elaboren intervenciones pertinentes y amortiguadoras de las desigualdades en la carga de trabajo y de los efectos negativos que ésta produce, especialmente, en las madres trabajadoras.

El estudio MOVID-19 de la Universidad de Chile y del Colegio Médico muestra que una de cada cinco personas aumentó su carga de cuidados más de 8 horas al día y una de cada cinco ha aumentado al menos una hora de cuidado semanal. El Boletín de octubre de Comunidad Mujer advierte que en la última semana de julio las mujeres destinaban en promedio 18,9 horas semanales al cuidado, mientras que los hombres solo 8,2 horas por el mismo trabajo. Ambos documentos plantean la urgencia de reponer la discusión sobre la ampliación universal de la provisión de sala cuna y el posnatal para hombres y mujeres, entre otras recomendaciones.

Estas propuestas son necesarias para una potencial igualdad entre trabajadores, pero requieren ser diseñadas a partir de la composición actual del mercado laboral o, de lo contrario, corren el riesgo de recaer en lógicas excluyentes y simplificadas que prontamente requerirán atención.

El recuento del empleo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística muestra una radiografía preocupante. Se observa una sostenida desocupación que se ha incrementado en cinco puntos porcentuales en los últimos doce meses, y una participación de los ocupados descendida en un 18%. Esto debido, en parte, a la implementación de la Ley de Protección al Empleo que facilitó el crecimiento en un 70% de los ocupados ausentes.

Una mirada más acuciosa de las cifras indica que la fuerza de trabajo potencial (no buscan trabajo, pero están disponibles) creció en un 132% (177% en los hombres y 105 en las mujeres), y los desocupados más los potenciales crecieron en 14 puntos porcentuales (15% en los hombres y 14% en las mujeres) en el período ya señalado.

Los desempleados, subempleados y trabajadores potenciales conforman un grupo que contrarresta la estabilidad de los clásicos datos de empleo y desempleo. Se trata de personas que están dispuestas a trabajar en forma remunerada, pero no pueden hacerlo por razones ajenas a su voluntad, en el caso de las mujeres, principalmente por labores de cuidado. En medio de la pandemia vemos que, dada la caída de la ocupación, habría una mayor disponibilidad de tiempo familiar y personal para realizar otras actividades, a costa de la menor participación laboral.

El descenso de ocupados y la dramática alza de fuerza de trabajo subutilizada (los tres grupos mencionados) muestran volatilidad de las condiciones de empleo, con entradas y salidas más recurrentes en la contratación, extensión de jornada, disponibilidad y rotación, y que requieren ser contempladas cuando se incorpora el cuidado como factor determinante de las políticas dirigidas a madres y padres trabajadores. Tanto la flexibilidad en los tipos de contrato como la extensión de la jornada laboral abren la complejidad de un mercado laboral visto como precario que, sumándose al ser mujer y cuidadora única, evidencian la posibilidad de tener mejor o peor empleo.

La distinción actual entre empleos dependientes e independientes sobre la cual se dictan las políticas de protección a la maternidad y paternidad resulta extremadamente limitada ante una población que trabaja en forma remunerada más o menos horas; que, de ser posible, incrementaría su participación laboral; que despliegan estrategias secuenciales o paralelas de cuidado para conciliar trabajo y familia, a veces siendo cuidador único y, otras, apoyadas de manera informal, esporádica o permanente. El cuidado es a la vez presente, difuso y contingente, más allá de una declaración de derecho al cuidado impulsada hace más de dos décadas.

Por ejemplo, el Programa “4 a 7” – actualmente suspendido- destinado a madres trabajadoras de niños/as en educación primaria de los quintiles I, II y III busca disminuir las dificultades que ellas tienen para que se inserten o sigan en el mercado laboral. Este programa cumple con el indicador de participación laboral femenina, pero si lo que se desea es avanzar en conciliación y corresponsabilidad, es justo revisar las condiciones contractuales de las usuarias, incluyendo los salarios, la flexibilidad horaria y el tipo de jornada.

En el caso del proyecto de reforma al Artículo 203 del Código del Trabajo, relativa al acceso a la sala cuna que propone garantizar un acceso universal al cuidado institucional de niños menores de 2 años, se extiende en la práctica a determinadas madres y padres trabajadores formales, dejando fuera a quien tenga una jornada laboral inferior a 15 horas semanas, sin contrato o ausencia de cotización. Queda por ver si el futuro mercado laboral podrá absorber a la población que perdió su empleo y una vez recuperado tiene contrato y está dispuesta a cotizar en las AFPs o, la oferta de trabajadores disponible a trabajar más horas y no puede por razones ajenas a su voluntad. Antes de la revuelta social de octubre, 30% de los ocupados tenían disponibilidad de trabajar más horas, cerca del 10% trabajaba menos de 15 horas a la semana, y 16% no cotizaba. Cifras de personas excluidas no soslayables para un proyecto que se declara universal.

Sabemos que las políticas dirigidas a madres y padres trabajadores se sostienen en la figura clásica del trabajador dependiente, pero algunas de las propuestas actuales que buscan mejorarlas siguen formulándose en base a una imagen estandarizada de trabajadoras y trabajadores; grandes bloques que invisibilizan la multidimensionalidad de la precariedad del trabajo y, con esto, de los derechos laborales.

Los desocupados, subocupados y potenciales llegan a ser una “carga valiosa” cuando de sumar dígitos se trata para reactivar la economía y augurar la salida del túnel laboral, pero se convierten en “exceso de equipaje” al momento de diseñar políticas laborales y de cuidado. Es aquí donde la idea de igualdad de oportunidades sobre la cual se sostienen las políticas mencionadas (y otras de conciliación) es papel mojado, mostrando los límites autoimpuestos por esa idea de igualdad. La paradoja de iniciativas como las señaladas, radica en que tratan de correr el cerco de la provisión de recursos públicos a más ciudadanos/as, pero esta protección implica sacrificar a otros en beneficio de la misma idea de igualdad anclada en una concepción tradicional de protección laboral.

Las políticas mencionadas con el acento en la inserción de las mujeres en el mercado laboral como un afluente que conlleva a una mejora en las condiciones de vida terminan posicionando una mirada instrumentalista que degenera los problemas del trabajo-familia y minimizan las acciones relativas a las condiciones contractuales sobre las cuales se sostiene el derecho a dar cuidado, a la vez que fortalece la responsabilidad únicamente femenina del cuidado. Esto en parte debido a la retórica del cuidado como restricción sobre el verdadero trabajo, el que permite la sobrevivencia, en lugar de impulsar un cambio de mentalidad que enfatice el valor social del trabajo de cuidado y lo reconcilie con el trabajo remunerado.