No es el tratado CPTPP, es la ideología

Hace unos días la Mesa del Senado, violando una norma expresa y haciendo caso omiso a la urgencia legislativa decretada por el Ejecutivo – discusión inmediata (cinco días para votarlo) – desestimó poner en tabla el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP- 11), alegando que había otras prioridades relacionadas con el COVID-19. Tras esta verónica senatorial, no queda claro cuándo se volverá a poner en tabla y ni siquiera si están los votos para aprobarlo.

Esta no es la primera vez que este tratado enfrenta un serio escollo en su accidentada tramitación parlamentaria y la razón de fondo es ideológica. En estos últimos años está claro que los vientos han cambiado y los grupos anti globalización han fortalecido su acción y su posicionamiento a nivel de la opinión pública, ejerciendo una fuerte presión sobre los parlamentarios (que en algunos casos ha revestido el carácter de amenaza contra su integridad física). En ese contexto de río revuelto, la presidenta del Senado que va a la reelección este año, apoyada en un grupo relevante de senadores opositores, optó por inclinarse ante la galería (y esperar que ello se traduzca en votos para su repostulación), dejando en una compleja situación el futuro del acuerdo.

¿Cómo llegamos a este punto? Es importante revisar la génesis de este tratado, el rol de Chile y el papel de los distintos actores de nuestra institucionalidad.

El acuerdo fue concebido por el gobierno de Obama como parte de la estrategia de Estados Unidos por mantener el liderazgo en el Asia Pacífico y hacer un contrapeso, con otras economías, al vertiginoso ascenso de China (este país no fue incluido en la propuesta). Los países participantes de la negociación fueron, además de EEUU, Canadá, México, Perú, Chile, Australia, Nueva Zelandia, Japón, Malasia, Singapur, Vietnam y Brunei.

Es interesante destacar que la iniciativa estadounidense se inspiró en el P4, acuerdo de asociación económica suscrito entre Chile, Nueva Zelandia, Brunei y Singapur, y del cual nuestro país fue uno de los impulsores.

Ya durante la negociación, que se inició en 2010, se levantó la polémica por diversos grupos de la sociedad civil en los países involucrados, al establecerse la reserva de la información. Esto generó todo tipo de suspicacias que posteriormente apuntalaron la oposición al tratado. La razón de la reserva, fomentada por EEUU, fue facilitar la búsqueda de consensos considerando la gran cantidad de participantes y evitar así presiones tempranas desde cada país, que hubieran dificultado de sobremanera llegar a un acuerdo.

No hay que olvidar que EEUU asignaba una alta importancia el lograr suscribir pronto este tratado, como un hito en su política respecto del Asia Pacífico. Esto fue claramente un error, porque incrementó la desconfianza de los críticos, dando pie a todo tipo de teorías conspirativas y facilitando la construcción de un anti relato fundado en ese secretismo. Esto complicó la discusión legislativa en la mayoría de los países y en Chile ha tenido particular fuerza, con argumentos (muchos de ellos falsos) que han quedado establecidos como certezas en la percepción pública, a pesar de las evidencias que demuestran lo contrario.

En febrero de 2016, los 12 países firmaron el TPP y se iba a dar inicio al proceso de ratificación, pero ello fue alterado por las elecciones en EEUU. El candidato Donald Trump puso como una de sus prioridades de campaña terminar con estos tratados de libre comercio, que consideraba perjudicaban a EEUU. La candidata Hillary Clinton, ante el cambio de marea, prometió retirarse del TPP si llegaba a ganar. Finalmente ganó Trump y EEUU se salió del acuerdo en enero de 2017.

En esa coyuntura, parecía que todo quedaba en nada. Pero en un acto notable de diplomacia que mostró lo mejor de nuestra política exterior, Chile con la presidenta Bachelet y su canciller Heraldo Muñoz, lograron convencer al resto de renegociar el acuerdo, omitiendo ciertos temas que se habían incorporado por presión específica de EEUU, lo que derivó en la firma de un acuerdo modificado denominado CPTPP, en Santiago, a días del término de su gobierno en marzo de 2018. Con esto se daba un paso más en una política de Estado de insertar a Chile en el Asia Pacífico, el área más dinámica del mundo.

Sabemos que en el plano político nacional las elecciones generales de 2017 significaron un giro hacia la izquierda en el Congreso, con la irrupción de un nuevo grupo de partidos agrupados en el Frente Amplio. Un factor común de estos partidos es el rechazo a los acuerdos de libre comercio, que consideran predatorios para nuestra economía y ambiente, y particularmente para las pymes.

El segundo Gobierno de Piñera no supo leer bien este cambio político y demoró el trámite de aprobación parlamentaria, iniciándolo en la Cámara de Diputados. A la demora, se sumó una deficiente estrategia de convencimiento a los parlamentarios y a la opinión pública. Esto permitió una mejor articulación de los grupos anti globalización con las nuevas fuerzas políticas que comulgaban con sus ideas, y el acuerdo estuvo a punto de naufragar. Algo que se consideraba impensado, estuvo a punto de ocurrir. Incluso se levantó una cuestión de constitucionalidad para invalidar la aprobación en la Cámara, lo que finalmente no prosperó.

Ante la real posibilidad de que el tratado no fuera aprobado en el Senado, el Gobierno tardíamente articuló mejor sus esfuerzos y fue llevado a negociar, en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, un protocolo en el cual, junto con aclarar ciertos temas del tratado para despejar equívocos, como que el CPTPP no contiene disposiciones ni establece obligaciones que impliquen para Chile la modificación del ordenamiento jurídico vigente en materia de medicamentos, garantizaba una serie de condiciones. Entre éstas, el Gobierno se comprometió a evaluar, dentro de tres años desde su entrada en vigor, y enviar un informe al Congreso, sobre la efectividad del CPTPP en relación con el desarrollo sustentable, mujeres y comercio, pueblos originarios, desarrollo económico regional, pymes, los derechos laborales, el medio ambiente y el cambio climático.

Tras este protocolo, inédito en la historia legislativa de los TLCs, el acuerdo fue votado favorablemente en las comisiones de RREE y Hacienda. Sólo restaba la sala, pero sobrevino el “estallido social” y el trámite perdió prioridad.

En diciembre de 2018, el CPTPP había entrado en vigor, al haber sido ratificado por Australia, Nueva Zelandia, Canadá, México, Japón y Singapur.

Y parecía que se llegaba al fin de la tramitación, con la calificación de “discusión inmediata” el 7 de enero pasado, lo que conllevaba una votación dentro de cinco días. El Gobierno estaba confiado que el protocolo con el Senado iba a despejar esta última instancia. Se equivocó.

El rechazo, disfrazado de dilación (la apuesta de los opositores al mismo es suspender indefinidamente la discusión con el pretexto del inicio del proceso constituyente), no tiene que ver con argumentos técnicos y económicos. Es puro y simplemente ideológico. Este acuerdo representa para los que lo rechazan, un aspecto del modelo económico que quieren derribar.

Un proceso que tuvo el nivel de política de Estado, que involucró a dos gobiernos de muy distinto signo, se estrella contra el pétreo muro de la ideología y el oportunismo de algunos parlamentarios, que creen poder inflar sus votos en las próximas elecciones. Cuesta entender que uno de los artífices del CPTPP esté a punto de tirarlo por la borda. De los 11 signatarios, ya rige para siete. Sólo resta la ratificación de Malasia, Brunei, Perú y Chile.

Para quienes argumentan que con los TLCs que ya tenemos, es marginal el beneficio del CPTPP, la respuesta es obvia. La dinámica de un acuerdo bilateral es muy distinta a la de uno plurilateral, donde las sinergias y oportunidades son mucho mayores. Contar con normas y estándares parejos facilita el acceso a los mercados (frente al puzzle que significa la sumatoria de acuerdos bilaterales). También la posibilidad de sumar origen al interior del bloque acrecienta la probabilidad de participar de cadenas productivas globales, lo que podría ser decisivo para salir del modelo extractivista que no es sostenible.

Además de todas estas oportunidades y beneficios, de las cuales ya han dado evidencias concretas economías a las cuales nos gusta compararnos como Nueva Zelandia, hay un factor geopolítico crítico. La cuenca del Asia Pacífico se está integrando en torno a dos grandes acuerdos económicos: el RCEP, que tiene 14 signatarios y es encabezado por China, y el CPTPP que tiene 11 signatarios (del cual no participa China). Con el advenimiento de Biden, EEUU podría reevaluar su posición e intentar unirse al CPTPP. Chile no puede quedar fuera de estas dinámicas, especialmente si ha tenido un rol tan consistente por décadas y del cual ha reportado tantos beneficios.

Finalmente, además de la pérdida de oportunidades económicas y de salir de la primera línea de actores en el Asia Pacífico que significaría no ratificar el CPTPP, estamos a punto de causar un daño irremediable a nuestra pretensión de sostener una visión de Estado en materia de política exterior. Queda en evidencia que es urgente y necesario discutir y acordar un nuevo consenso en materia de política exterior, pero no a partir de la invalidación de una iniciativa que contó con la participación de dos gobiernos de signo contrario y se suma a una estrategia de décadas. Cerremos bien el ciclo y discutamos luego cómo seguimos hacia adelante.

Hago un llamado a nuestros senadores a pensar con visión de Estado. Winston Churchill decía que el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. El tren de la historia no suele otorgar segundas oportunidades y quien se baja del vagón, en un mundo tan dinámico, puede ser forzado a una penosa caminata por mucho tiempo. Pensemos en las próximas generaciones.