Las venas abiertas de América Latina: Colombia

Juan Pablo Glasinovic es Abogado

En 1971 el autor uruguayo Eduardo Galeano publicaba su libro “Las venas abiertas de América Latina”, el que marcaría a varias generaciones, y en el cual describía la historia de sufrimiento y explotación de nuestra región. Esa visión de una región afligida por todo tipo de males y de desesperanza, ha vuelto a cobrar vuelo en estos tiempos complejos que vivimos. Todos los países de nuestro hemisferio atraviesan un período crítico, con duras secuelas para la mayoría de la población, y se han turnado para figurar en los noticieros del mundo. El último turno, desde hace casi dos semanas, corresponde a Colombia, la cual se encuentra sacudida por protestas masivas y la violencia. Ya van varias decenas de muertos y centenares de heridos, además de la destrucción de bienes públicos y privados en diversas ciudades del país.

Lamentablemente, es imposible no evocar lo que nos pasó en Chile a partir de octubre de 2019, al observar lo que está pasando en ese país.

El detonante de este estallido, fue el envío al congreso, por parte del gobierno del presidente Duque, de una reforma tributaria para aumentar la recaudación. Esto, en atención al gran desequilibrio fiscal que se ha generado por la crisis económica y la pandemia. La reforma en cuestión, originalmente buscaba recaudar 23,4 billones de pesos (USD$6.294 millones), equivalente a un 2% del PIB. La iniciativa, validada técnicamente, proponía aumentar el impuesto a la renta y gravar productos básicos de la canasta familiar y servicios públicos. Los recursos frescos captados irían, de acuerdo al proyecto, prioritariamente a financiar los programas sociales y pagar la deuda externa.

La reacción popular da cuenta de un hartazgo con la situación política, sanitaria y económica del país. Ya en el 2019 se había desatado una oleada de protestas lideradas por estudiantes y distintas organizaciones de la sociedad civil, disconformes con el rumbo del país. En ese entonces, el presidente Duque logró desactivar el movimiento impulsando un diálogo nacional, que se arrastró sin grandes definiciones en los meses siguientes. En el intertanto sobrevino la pandemia y todo quedó en suspenso ante la contingencia sanitaria.

Sorprendido por la magnitud e intensidad del movimiento popular desatado por la reforma, el presidente Duque se vio obligado a retroceder, retirando el proyecto del congreso y aceptando la renuncia de su ministro de Hacienda. Sin embargo, y como ha quedado en evidencia, esto no fue suficiente para calmar los ánimos. Las protestas, paros y manifestaciones continuaron, acicateados en parte por la reacción de las fuerzas policiales y de seguridad, respecto de las cuales existen numerosas acusaciones y testimonios de uso excesivo de la fuerza. En distintas ciudades las fuerzas del orden han recurrido a sus armas de servicio contra los manifestantes, con el resultado de muerte en casi 40 casos y muchos más heridos.

Cali ha sido probablemente la ciudad más golpeada por la violencia, los paros y bloqueos, asemejándose a una ciudad sitiada, con reducida movilidad de sus habitantes y problemas de abastecimiento.

Mientras el gobierno ha insistido en su discurso de control del orden público, justificando su actuación en función de los numerosos casos de saqueos, incendios, ataques a sedes policiales y otros actos de violencia, que no se pueden ignorar, la ciudadanía que se ha movilizado pacíficamente no se siente escuchada y considera que es puesta en el mismo saco que los violentistas, lo que ha aumentado su frustración.

La situación se hace más compleja con las imputaciones de las autoridades colombianas respecto de supuestas acciones de provocadores y agentes venezolanos y de otros países, fomentando la violencia. En las redes sociales se han insultado las autoridades de ambos países, con acusaciones cruzadas. Colombia también expulsó a un diplomático cubano por su supuesta participación en actividades de apoyo a la violencia. Aunque las autoridades colombianas no han presentado evidencia de sus acusaciones respecto de Venezuela, no es para nada descartable la acción de agentes de ese país, considerando la animosidad entre ambos regímenes, su vecindad y la gran colonia venezolana en Colombia.

La situación de muchos colombianos es muy precaria y se estima que, producto de la coyuntura económica de estos años, exacerbada por la pandemia, casi 3 millones de personas han engrosado el porcentaje de la población en situación de pobreza. Ello, sin contar los millones (entre los cuales hay muchos refugiados venezolanos) que subsisten de la economía informal, fuera de todo registro oficial.

El presidente Duque, quien se encuentra muy debilitado políticamente y ya en la última fase de su mandato (las elecciones son en mayo del próximo año), ha hecho llamados al diálogo, pero sin grandes resultados hasta ahora. La cercanía de las próximas elecciones y, en consecuencia, los cálculos electorales, empiezan a chocar con la iniciativa presidencial. Mientras desde la derecha y en particular desde el uribismo, llaman a reforzar la acción de las fuerzas de orden y seguridad, desde la izquierda azuzan a los manifestantes.

Hasta ahora, el movimiento de protesta no tiene un referente o aglutinador. Es la suma de muchas demandas actuales e históricas, que básicamente piden mejorar sus condiciones de vida y disminuir las desigualdades en todos los ámbitos. Los partidos políticos -al igual que en Chile- no han tenido protagonismo y no son considerados como los actores esenciales para el cambio. Esto se viene apreciando desde hace varios años, en los cuales el protagonismo en distintos temas lo han ido tomado organizaciones civiles. Por eso, la dificultad principal radica en cómo encauzar este descontento y traducirlo en clave política, para poder abordarlo desde la institucionalidad democrática.

Si en Chile la decisión de la clase política de discutir y redactar una nueva Constitución fue el factor que enrieló el malestar y evitó que nos adentráramos en una dinámica extendida de violencia (aunque desgraciadamente esta sigue muy presente), en Colombia los políticos deben encontrar cuál es el factor en torno al cual pueden congregar a la población con un sentido de futuro y unidad. De lo contrario, la situación puede empeorar y esto podría estimular el renacimiento de focos permanentes de violencia, que tanto sufrimiento y perjuicio han causado al país en el pasado.

La luz de esperanza inmediata está en el diálogo recién iniciado entre el presidente y la “Coalición Esperanza”, un grupo transversal de representantes de la oposición que llegó con una serie de propuestas al ejecutivo, tanto en el ámbito económico como político. En lo primero, proponen un paquete con medidas de emergencia para ir en ayuda de la población más necesitada. En lo político, estos representantes opositores condenaron explícitamente la violencia -una fundamental diferencia con lo que vivimos en Chile-, tanto de las fuerzas policiales como de los delincuentes y llamaron a sumarse al diálogo. Respecto de la violencia policial pidieron investigaciones y sanciones.

Colombia siempre se ha caracterizado por una sociedad civil vibrante y diversa, que aspira a vivir en una mejor sociedad y que ha demostrado en estas semanas su capacidad de organización y presión pacífica, sin dejarse arrastrar por quienes quieren llegar a un escenario violento.

Medio siglo después de la obra de Galeano, nuestra región atraviesa sin duda circunstancias muy duras y pareciera que se desangra por sus venas abiertas. Pero al mismo tiempo, nunca ha habido tanta esperanza de cambiar para vivir mejor y de sentirse partícipe de la construcción de un proyecto común. Esperanza, diálogo y participación son los elementos básicos para preservar y profundizar nuestras democracias y generar mejores condiciones para nuestras sociedades. Estamos en el túnel, pero hay luz al final.