Por un Estado que no siga renunciando a su rol en la cohesión social

Juan Fernández es Sociólogo

El debate actual sobre las respuestas estatales frente a la urgente necesidad de ingresos de la población en el contexto de pandemia, ha estado marcado por la discusión respecto de coberturas y montos, ya sea de la seguidilla de bonos IFE (las ayudas “por goteo” y llenas de requisitos), los retiros de fondos de las AFP (el uso de los ahorros de los propios trabajadores/as) y las propuestas de Renta Básica Universal.

Vale la pena poner sobre la mesa en dicho debate dos aspectos fundamentales que se despliegan en las sociedades, involucrando a instituciones, grupos sociales e individuos.

Por un lado, están los procesos de integración y cohesión social, que operan haciendo parte a los individuos de un colectivo mayor, tanto socializándolos en normas y valores compartidos, como también configurando mecanismos y espacios en los cuales ser reconocidos y vinculados entre sí a través de un lazo social, fundamental para la vida en común. Hitos fundantes, una memoria colectiva, experiencias de solidaridad, ejercicios de participación, equidad social, y, por supuesto, un ámbito público común del cual sentirse parte, juegan un rol en ello.

Por otro lado, están los procesos de distinción y diferenciación social, que operan en los diversos campos de la vida colectiva, estableciendo jerarquías, segmentaciones, posiciones de prestigio y ubicaciones subalternas en las que los individuos se desenvuelven y transitan. Se puede ocupar un lugar en un ámbito y otra posición en uno diferente, aunque existen códigos que predominan y pueden marcar de modo transversal dicha segmentación y clasificación.

Se puede esperar, razonablemente, que el mercado sea un sistema esencialmente diferenciador, distribuidor de distinciones estatutarias y clasificador a través del dinero y el consumo; mientras que el Estado se constituya en un proveedor de mecanismos de integración y cohesión social. Las nociones de lo público, los derechos sociales y la ciudadanía, van en ese sentido profundo de ofrecer a los individuos un espacio de reconocimiento y pertenencia, independiente de su posición social asignada en el mercado.

En Chile, las reformas estructurales del neoliberalismo y la mercantilización de la vida a los más diversos ámbitos de la sociedad llevaron a hablar de una “integración vía consumo”, donde, curiosamente, era el mercado el llamado no sólo a distinguir-discriminar-diferenciar (según capacidad de pago), sino que también a integrar, simbólica y fácticamente, a través del consumo. Paradójico e inverosímil.

Cuando por años el Estado, a través de sus políticas, internalizó los principios del mercado, no lo hizo sólo a partir de la “Nueva Gestión Pública”, el modelo de concesiones o la racionalización en la inversión, sino que lo hizo también incorporando el código diferenciador, discriminador y selectivo aplicado a las personas, sometidas de modo constante a la verificación del cumplimiento de requisitos y criterios de acceso a los bienes públicos.

Cuando la pandemia ha exigido respuestas “integradoras”, el Estado ha abordado sólo algunas de ellas (Ej. la vacunación) desde un criterio lógico y razonable: universalidad y gratuidad. Para el resto (Ej. apoyo ante reducción de ingresos), ha operado con el criterio “selectivo”, renunciando con ello a su rol de motor de la integración social.

La batería de medidas destinadas a paliar las carencias económicas de las personas derivadas de la pandemia (siete IFE-bonos covid, etc.), han insistido en la lógica de los requisitos de entrada y el cumplimiento de condiciones para el acceso. Estar en el Registro Social de Hogares, tener un ingreso familiar bajo una determinada línea, haber experimentado una disminución en los ingresos en un porcentaje determinado entre una fecha y otra, tener en la familia a miembros de determinada edad, residir en una comuna que haya permanecido una cantidad de días en determinada fase del Plan Paso a Paso, es decir, demostrar de la manera más clara y verificable, que se requiere de ayuda y que se “es parte” de ese grupo necesitado, aunque dicho grupo represente la mayoría de la población.

Pasar de 13,3 a 14,5 o a 17,7 millones de personas en las coberturas; o definir los montos en $100 mil, $170 mil o $200 mil por persona, son definiciones relevantes, pero que deben enlazar a una discusión de fondo: es hoy un imperativo replantearnos el espacio de lo público y el rol del Estado como promotor de integración y cohesión social, donde haya reconocimiento y respeto, seguridades compartidas, soporte institucional para la solidaridad social, un piso del cual partir y una mano en la cual encontrar apoyo en clave de dignidad y no de discriminación. Los bonos IFE y los retiros de fondos de capitalización individual no van en esta dirección.