La urgencia de proteger a las víctimas de arrendatarios inescrupulosos

Gonzalo Fuenzalida es Diputado RN

Otra de las consecuencias de la pandemia en Chile, además de las más de 30 mil muertes, cerca de 1,5 millones de contagiados y el daño casi irreversible a la economía y otros tantos perjuicios de la crisis sanitaria, ha sido el incumplimiento contractual de arrendatarios. Muchas veces esto ocurre por necesidad, falta de empleo, problemas de salud u otras contingencias, pero en otras tantas ocasiones lo anterior sucede por el mero aprovechamiento del sistema y las leyes que siempre han protegido más al que arrienda que al dueño de la propiedad.

Según lo informado por la Corte Suprema de Justicia, al año se presentan en promedio más de 15 mil juicios de arrendamiento y, de cada cuatro demandas acompañadas, sólo una llega a judicializarse.

En este contexto, surgen iniciativas que buscan poner un “paralé” a una irregularidad que lamentablemente aqueja cada día a más personas. Precisamente, el proyecto “Devuélveme la casa” apunta a la rápida expulsión de arrendatarios que no cumplan con el pago del arriendo, servicios básicos o que hayan generado algún deterioro y, de esta manera, los dueños puedan recuperar sus viviendas.

El sueño de tener una casa propia para arrendarla por un tiempo determinado o, lisa y llanamente, contar con una segunda vivienda para destinarla a la renta y tener un ingreso extra, que muchas veces sirve como un ahorro para una futura pensión o un segundo sueldo, se ve destruido por arrendatarios abusivos que al no cumplir con sus contratos generan una impotencia muy grande en los propietarios que enfrentan un problema sin una pronta solución, y donde las actuales herramientas o recursos legales pueden entramparse para los arrendadores.

Desde mi punto de vista, no es posible que actualmente los dueños de las viviendas tengan que esperar como mínimo un año o más para que se decrete el lanzamiento con auxilio de la fuerza pública con Carabineros.

Con el fin de evitar estos plazos tan largos que dejan en quiebra o bancarrota a cualquier familia de clase media o baja en nuestro país y que depende de estos ingresos generados por el arriendo, es que el proyecto de ley pretende modificar el Código de Procedimiento Civil, incorporando la medida precautoria de restitución anticipada de inmuebles o restitución en un plazo de 10 días, si es que el arrendatario no paga lo adeudado por concepto de renta, gastos comunes o servicios básicos.

Tengo la confianza de que el proyecto contará con el respaldo parlamentario suficiente -en ambas Cámaras- y se convierta en ley este año, poniendo fin a un verdadero drama para miles de hogares, que recrudece más aún en un contexto de COVID-19.