La inclusión educativa en peligro

El norte del Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación es garantizar que todos los niños y niñas, sin excepción alguna, alcancen los aprendizajes que por derecho les pertenecen. Una tarea titánica que las escuelas intentan cumplir día a día, implementando estrategias y acciones que el Estado y los privados ofrecen. Esta acción conjunta ha permitido que en la actualidad prácticamente no existan barreras de acceso, se consolide el reconocimiento a la diversidad cultural y biológica, y por sobre todo, avanzar en una respuesta especializada acorde a las necesidades educativas permanentes y transitorias de nuestras y nuestros niños a través del Programa de Integración Escolar (PIE).

En la actualidad, cerca del 50% de las escuelas en Chile tienen PIE, permitiéndoles contar con un equipo de especialistas que se integran al aula como un docente más, brindando una atención holística. Gracias a ello, nuestras niñas y niños acceden a atención fonoaudiológica cuando se les dificulta aprender a leer, a una educadora diferencial cuando tienen algún grado de autismo o déficit atencional, a un terapeuta ocupacional cuando su desarrollo sensorial requiere estimulación, a psicólogos que les permiten desplegar y reconocer su pensamiento, entre muchas otras atenciones de estos y otros profesionales cuyo único fin es la atención integral de la persona en desarrollo.

El camino de inclusión ha sido difícil como para retroceder ahora. Lograr que todos nuestros estudiantes aprendan en un mismo espacio ha sido arduo como para volver a segregarlos. El candidato a la presidencia, José Antonio Kast, plantea la derogación del decreto 170 (reglamento de la Ley Nº 20201), el que fija normas para determinar los alumnos con necesidades educativas especiales que serán beneficiarios de la subvención para educación especial. Derogarlo implicaría dejar a las escuelas en la nada. Lo anterior es absolutamente contradictorio, cuando se sigue que implementará el apoyo itinerante de especialistas y centros de recursos especializados, desconociendo todos los avances que se han logrado desde que los especialistas pertenecen a una comunidad educativa, generando vínculos en ella, y los recursos especializados se brindan en aula, como debe ser en una sociedad inclusiva.

Si se desea avanzar en inclusión, el paso que los candidatos presidenciales deben dar es hacia fortalecer y enriquecer lo que hoy tenemos. Es necesario instalar esos equipos itinerantes, no obstante, al servicio de las comunidades educativas en la etapa de diagnóstico temprano. Son necesarios esos centros de recursos especializados, sin embargo, a través de acciones concretas, como un plan nacional de Aulas Sensoriales.

Urge incluso más, una ley corta que agilice la llegada de las subvenciones PIE a las escuelas (hoy demoran en promedio seis meses), o en su defecto, que permita al Estado ser aval de las escuelas ante instituciones privadas, para financiar la incorporación de los especialistas hasta la llegada de los recursos. Este último punto es la barrera de acceso más fuerte a la hora de pensar en implementar un programa de integración escolar, ya que la mayoría de los sostenedores no poseen hombros financieros para pagar los sueldos de los especialistas hasta el arribo de los dineros.

Invitamos al equipo programático del candidato Kast a repensar su apuesta. Ninguna derogación es necesaria. Lo necesario es utilizar esos mismos instrumentos legales para ampliar la cantidad y la calidad de la respuesta inclusiva que hoy ofrecen las escuelas. La invitación es a construir, la invitación es a incluir.