Este 20 de febrero empecemos a repartir bien el chancho

Cada 20 de febrero, desde 2007, la ONU conmemora el Día de la Justicia Social, concepto que apunta a que todos reciban lo justo, a que los bienes se repartan de manera equitativa y no haya abismos escandalosos entre los que tienen mucho y los que nada tienen. 

Aristóteles sería el pionero de la idea, aseguran algunos, comparando el concepto justicia social con la idea aristotélica de una “justicia distributiva”, pero es en el siglo 18 que empieza a aparecer y reiterarse con más fuerza. En 1843, el jesuita Luigi Taparelli, considerado uno de los fundadores de la doctrina social de la Iglesia, en su “Ensayo teórico del derecho natural apoyado en los hechos”, dice que “la justicia social debe igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad”. Y, en 1931, el papa Pío XI escribe en la Encíclica “Quadragesimo Anno”: “La justicia social es un límite al que debe sujetarse la distribución de la riqueza en una sociedad, de modo tal que se reduzca la diferencia entre los ricos y los necesitados”. 

Poco después, otro italiano, el demógrafo, estadístico y sociólogo, Corrado Gini, desarrolló el famoso coeficiente que lleva su apellido y que es “la” herramienta actual para clasificar a los países en términos de distribución de la riqueza. El índice Gini mete el dedo en la llaga de la inequidad mundial y de la necesidad de justicia social. Para ubicarnos: el índice para Chile es 0,47, lo que nos ubica en el lugar 24 en términos de desigualdad sobre 159 países con datos disponibles y como el más desigual de los 38 miembros de la OCDE. 

Esa herramienta acusadora la creó un tipo que en lo menos que creía era en la igualdad. Gini, como destaca el escritor argentino Martín Caparrós en su ensayo “Ñámerica”, fue partidario de la eugenasia (la selección manipulada de la raza para hacer prevalecer a las “superiores”, lo que ciertamente es re poco igualitario). Fascista, asesor e íntimo amigo de Mussolini, fue juzgado post Segunda Guerra y “para limpiar su nombre se unió al Partido Unionista, que proponía anexar Italia a Estados Unidos. Y, ahora, por esas raras vueltas de la historia, su nombre y su concepto denuncian las injusticias más tajantes”, escribió Caparrós en 2015, quien hace rato venía investigado las inconsecuencias del italiano que hoy citan los preocupados de lo mal repartido que está el chancho en el planeta.

Por esos mismos años, un cura nacido en una familia de clase alta empobrecida por la muerte del padre, predicaba mucho y le ponía contenido concreto al concepto “justicia social” en nuestro país. Hoy, ad portas de la conmemoración de ese ideal, les comparto dos diagnósticos que hizo el activista Alberto Hurtado Cruchaga en torno al Chile de fines de los años 40 del siglo pasado y que desgraciadamente siguen vigentes: “Enorme es el escándalo de quienes ven gozar un sector de la sociedad de todas las delicias de la vida, mientras ellos carecen de todo. Es horrible el contraste entre quienes nadan en la abundancia y quienes se ahogan en la desesperación de la indigencia”.

Y el otro: “Hay muchos que están dispuestos a dar limosna, pero no a pagar el salario justo… Aunque parezca extraño, es más fácil ser caritativo que justo. La caridad comienza donde termina la justicia y la injusticia causa enormemente más males que los que puede reparar la caridad. Nuestro país tiene una inmensa urgencia de que un mínimo, al menos, de bienestar sea extendido a gran número de ciudadanos que hoy carecen de una vida que se pueda llamar humana”.

Hurtado demandaba el “estándar de un mínimo vital”, de un ingreso sobre la línea de la pobreza, la misma petición que hace un mes levantaron varias organizaciones, lideradas por el Hogar de Cristo, a la Convención Constituyente para que se incluyera como un derecho en la nueva Constitución. La iniciativa popular de norma no logró las 15 mil firmas requeridas para ser discutida, pese a que la garantía de ese mínimo sea la base del mayor imperativo moral de una sociedad desarrollada y moderna: la justicia social.