¿Se justifica la compra de nuevos textos escolares?
De las propias editoriales deben esperarse esfuerzos destinados a diseñar textos que puedan utilizarse varias veces. Simultáneamente resultaría pertinente que, al publicar una nueva versión, se cuestionen si ellas tienen cambios tan importantes que merezcan reemplazar la del año anterior.
Erika Isler es investigadora del Instituto de Investigación en Derecho de la U. Autónoma
Llega marzo y una vez más los reclamos de los apoderados de colegios a quienes se les conmina a comprar nuevas versiones de textos escolares, impidiéndoles que utilicen los de años anteriores. Frente a tal panorama, surge una pregunta lógica: ¿realmente las nuevas versiones contienen cambios sustanciales que motiven y justifiquen su adquisición?
El primer interés involucrado es el de los padres, para quienes, la reutilización de libros podría implicar un importante ahorro, en el contexto de una educación escolar que, en Chile, suele ser costosa. Cabría esperar, de los establecimientos educacionales, una iniciativa en orden a disminuir los esfuerzos económicos relativos a materiales y libros.
En segundo término, el desecho de materiales previamente utilizados lesiona otro interés más relevante, que es el cuidado del medio ambiente. Desde luego, la publicación de textos que sólo tendrán una utilidad efímera, no se condice ni con el desarrollo sostenible que reclama la ONU en su Agenda 2030 -Chile la suscribió-, ni con el principio de consumo sustentable consagrado en la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, en un doble sentido: implica una mayor utilización de recursos en la fabricación de textos, además de dar lugar a una gran cantidad de desechos, en un país que es uno de los mayores generadores de basura de Latinoamérica.
Se hace necesario asumir que la viabilidad de la permanencia de las generaciones actuales y futuras en el planeta sólo será posible en la medida de que realicemos cambios importantes en nuestra conducta. El consumo sustentable es urgente e imperativo, y exige esfuerzos de públicos y privados.
Son llamados a ellos, desde luego, las entidades vinculadas a la educación de los menores, particularmente si se considera que la actual Ley sobre Garantías y Protección Integral de los derechos de la Niñez y la Adolescencia (21.430) exige que la publicidad dirigida a estos colectivos resguarde la sustentabilidad ecológica y no incite al consumo desmedido. Desde luego, la política de la utilización temporal de un libro no contribuye a la educación por un consumo sustentable, sino que más bien, aleja la sensibilidad de prácticas circulares.
De las propias editoriales, por lo tanto, deben esperarse esfuerzos destinados a diseñar textos que puedan utilizarse varias veces. Simultáneamente resultaría pertinente que, al publicar una nueva versión, se cuestionen si ellas tienen cambios tan importantes que merezcan reemplazar la del año anterior. Si las modificaciones no son sustanciales, sería útil informarlo a las instituciones educacionales -empaque, anexos, publicidad, etc.- para que estas últimas tomen una decisión razonada y fundamentada al confeccionar las listas escolares.
Asimismo, los colegios han de ser agentes promotores del cuidado del medio ambiente, en un contexto en el cual es sabido que los niños aprenden también por imitación. El incentivo por la utilización de materiales usados, en la medida de que ello sea posible, constituye un excelente ejemplo a seguir.