Sostenibilidad e impuestos: una relación necesaria

El crecimiento sostenible se ha impuesto como una fuerte tendencia a nivel mundial y nacional. Existe un acuerdo transversal en que todos los actores de la sociedad, vale decir, empresas, consumidores, sector público, reguladores, entre otros, deben orientar sus acciones hacia un modelo de crecimiento que equilibre los aspectos económicos, sociales y medioambientales.

En ese contexto, las empresas regularmente divulgan sus acciones de sostenibilidad a través de reportes, para lo cual existen diversos formatos o framework que orientan a las entidades en ese cometido. Uno de los estándares más utilizados en Chile, es el GRI, Global Reporting Initiative, que, a contar de 2019, incluyó dentro de los aspectos que deben divulgar las empresas, la relación que estas tienen con los impuestos.

El GRI 207, nombre específico del estándar, establece que las empresas deben revelar su “estrategia fiscal”, es decir, todas las acciones que se realicen en torno al pago de impuestos. Esto es, la política tributaria, cómo el gobierno corporativo controla y gestiona los riesgos asociados a la fiscalidad, cómo los grupos de interés declarados por la organización participan en la estrategia fiscal, en el contexto de las distintas jurisdicciones que las que pueda participar la entidad. Lo anterior implica que la alta gerencia, a través de los órganos de gobierno corporativo, deben involucrarse directamente en la estrategia fiscal, analizando los riesgos y oportunidades que la legislación vigente entrega en ese tema.

Es importante señalar que las empresas contribuyen de muchas maneras al desarrollo social, por ejemplo, a través de la creación de empleos, pero también lo hacen a través del pago de impuestos, toda vez que el Estado se nutre de esos recursos para poder satisfacer las necesidades sociales, en un hábitat donde las firmas están, ciertamente, también insertas. Por tanto, las estrategias fiscales, o dicho de otra manera, la forma en la que hacen frente a sus obligaciones tributarias es de especial interés, no solo para los organismos reguladores como el Servicio de Impuestos Internos, sino que para la comunidad toda.

Uno de los conceptos que toma relevancia con la emisión de este tipo de información al mercado, es del compliance o cumplimiento normativo, que se define como el deber de la administración de generar políticas y procedimientos que garanticen el desarrollo del negocio, bajo las directrices vigentes. Para esto, se requiere la existencia de políticas y procedimientos internos que promuevan una cultura de “cumplimiento” tanto en los niveles gerenciales como así también en los niveles operativos.

En el escenario de un eventual pacto fiscal, con reformas tributarias recientes, es necesario hacer una asociación entre las obligaciones tributarias y cómo estas se relacionan con el desarrollo de la sociedad como un conjunto. Para ello, también el Estado debe cautelar el buen uso de los recursos, bajo criterio de eficiencia y optimización. En ese sentido, toman fuerza los cuestionamientos de la opinión pública hacia casos ampliamente conocidos de uso indebido de recursos estatales, con poco o nulo control por parte de los estamentos destinados para estos fines. Claramente, eso debe mejorar, puesto que es vital para que esta relación virtuosa empresas-Estado-sociedad, tenga sentido.