Lecciones para el gasto público en educación

El informe Education at a Glance 2023, publicado hace algunas semanas, permite observar el panorama de la educación chilena desde una perspectiva de experiencia internacional, tanto en la enseñanza parvularia y escolar, como en los programas de educación superior. A partir de esta publicación, es posible extraer tres lecciones desde la evolución y el estado de la educación nacional, que sirven para guiar el futuro del gasto público en la materia.

La primera lección versa sobre la amplia cobertura que posee el sistema chileno, sin obstar que su espacio para mejorar existe y se concentra en niveles clave para el desarrollo. Por ejemplo, entre 2005 y 2021, Chile redujo su tasa de deserción de la educación secundaria, desde un 6,4% a un 3,4%. Empero, luego del aumento de la desvinculación que conocimos entre la última observación mencionada y la actualidad, esa situación parece haberse deteriorado.

Por otro lado, la tasa de asistencia neta a la educación formal es baja en las edades de educación parvularia. A los 3 años, sólo un 51,3% de los niños asiste a la educación formal —esta tasa pertenece al 25% más bajo de la OCDE, sólo siendo menor en 11 países—. Consolidar la cobertura en los niveles obligatorios y avanzar en la inclusión de los niveles de transición son necesidades que no pueden ser pasadas por alto.

La segunda lección es sobre el gasto. Actualmente, el Estado de Chile desembolsa cerca de 6.340 dólares anuales, a paridad de poder de compra, por cada niño de entre 3 y 5 años de edad que está matriculado en educación parvularia. Esto es alrededor de un 25% menor que el promedio de los países de la OCDE incluidos en la muestra estudiada. Al mismo tiempo, el gobierno destina 9.892 dólares por cada matriculado en la educación superior pública. Lo anterior implica que por cada $100 pesos que otorgamos a la educación superior, sólo $62,5 se dan a la educación preescolar. La literatura empírica ha demostrado consistentemente que la rentabilidad social de la inversión en parvularia es con creces mayor. Cabe preguntarse, entonces, por qué la política pública educacional de nuestro país está haciendo las cosas al revés de cómo deberían realizarse.

La tercera lección es sobre las ventajas que otorga la educación superior y los desafíos que trae consigo su masificación. De los egresados de educación universitaria entre 25 y 34 años, un 81,1% está empleado. Por otro lado, de los egresados de media, un 67% está empleado. La diferencia entre ambos porcentajes mencionados (14,2 p.p.) es la más alta de la OCDE. Al mismo tiempo, un egresado de educación superior tiene ingresos por 2,74 veces lo que gana un egresado de básica y 2,1 veces lo que un egresado de media científico-humanista.

Contrapuesto está el hecho de que, en la OCDE, Chile es el cuarto país con mayor porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan, un 26,1% (entre los egresados de media técnico-profesional, este porcentaje salta a un 31,8%).

El país ha experimentado una evolución positiva durante las últimas décadas en materia educacional, pero también enfrenta nudos críticos de magnitud importante en los distintos niveles. Primero, ampliar la cobertura de parvularia, a través de la efectividad del kínder obligatorio es necesario. Segundo, elevar el gasto dedicado a los niveles medios y de transición podría ser fuertemente beneficioso para el desarrollo nacional, dada la literatura existente. En último lugar, reconocer la ventaja salarial de los egresados de estudios superiores y actuar en consecuencia —resistiendo las presiones políticas para condonar las deudas de algunos profesionales con altos salarios— es un paso necesario para un gasto público en educación más eficiente, justo y sostenible.