Sistema político: cuidado con las balas de plata

Hace dos días el presidente de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, señaló que iban a poner todo su esfuerzo para que una reforma al sistema político salga rápidamente del Congreso. A esto se sumó recientemente un grupo transversal de expertos, agrupados en la Asociación chilena de Ciencia Política que señalaron que “la reforma al Sistema Político no puede esperar más” y esfuerzos políticos transversales que han aparecido en distintos medios de comunicación.

Solo cabe celebrar que se forme un consenso cada vez más transversal y explícito en torno a la necesidad de introducir cambios profundos a nuestro sistema político, y es de esperar que este consenso se materialice en una reforma cuanto antes. Quienes trabajamos en políticas públicas bien sabemos los efectos que tiene entrar en una vorágine electoral en la discusión legislativa. Reducir la excesiva fragmentación, empoderar a los partidos políticos, desincentivar conductas oportunistas de parlamentarios “díscolos” y generar incentivos a la colaboración entre los actores del sistema, debiesen ser los ejes prioritarios de una reforma.

Sin embargo, me permito utilizar esta tribuna para hacer un llamado de alerta: cuidado con las balas de plata. Sin querer poner en duda la relevancia de un cambio profundo al sistema político, es importante no perder de vista que es la institucionalidad pública en su conjunto la que se encuentra en crisis, o al menos enfrentando grandes dificultades. Sin duda que en esa dinámica el Congreso y los partidos políticos parecen ser los niños símbolos del problema dada su baja confianza ciudadana, pero eso no quiere decir que el problema se agota ahí.

En el Ejecutivo y en la administración, los niveles altos de apoyo ciudadano a los presidentes duran cada vez menos, ya ni luna de miel se permiten tener los mandatarios recién electos. Un sector público cooptado por designaciones “de confianza” en todos los niveles, una enorme rotación en cargos directivos y una débil carrera funcionaria en cargos iniciales poco ayudan para que el Estado pueda mostrar resultados concretos. A esto hay que agregar la baja calidad regulatoria, con pocos análisis de impacto de políticas públicas, y los que hay tienen poca incidencia.

Los problemas también se ven en la judicatura. A los conocidas dificultades de gobierno judicial, que desvían a las Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de su labor fundamental (resolver controversias judiciales) hay que agregar problemas profundos en los sistemas de designación de jueces y auxiliares de la administración. Es gracias a antecedentes de investigaciones policiales y del Ministerio Público que estas temáticas tomaron relevancia en la opinión pública, a pesar que se tratan de vicios conocidos por muchos. Por si esto fuera poco hay cada día más casos en que los jueces toman decisiones de política pública de aplicación general, comprometiendo el frágil pero esencial equilibrio del sistema democrático.

Como se puede ver, cuando hablamos de las principales instituciones del Estado, el zapato no aprieta en un solo lado. Corregir los defectos de un sistema político disfuncional es urgente y primordial. Ungir esa reforma como la bala de plata que corrige los problemas de la institucionalidad pública es un error. El llamado es a aprovechar esta ventana de oportunidad para mejorar el sistema político, y acto seguido pasar a revisar los problemas que existen a nivel de empleo público, calidad regulatoria, gobernanza judicial y activismo judicial.

En una época en que la democracia se ve tensionada desde distintos flancos, sólo una institucionalidad fuerte en todas sus áreas podrá entregar los resultados que se necesitan para enfrentar al populismo y la anti-política.