El “prontuario” del fiscal Tarek William Saab de Venezuela

Tarek Saab, que por su nombre podría ser asociado a un grupo terrorista islámico del Medio Oriente, es el Fiscal Nacional de Venezuela, que lanzó sus dardos contra Chile, apuntando en su discurso con su dramático estilo, que el secuestro y posterior asesinato del ex teniente venezolano Ronald Ojeda, asilado en Chile ( concedido por el presidente Boric) sin mostrar ningún antecedente “habrían participado cuerpos de inteligencia de Chile y extranjeros con intereses espurios”.

Las insultantes acusaciones de Saab y su anticipada negativa a extraditar tenían un objetivo dificultar la investigación del crimen, confirmando con su discurso las sospechas del fiscal chileno Héctor Barros, fundadas de intervención de agentes del gobierno venezolano, vinculados al crimen organizado.

Ojeda, militar y preso político fugado de una prisión en Venezuela, más los antecedentes recabados por el fiscal Barros “nos permiten sostener, que el crimen fue organizado y solicitado desde Venezuela, con la sospechosa participación entre otros, de Walter Rodríguez y Maikel Villegas, que, aprovechándose del descontrol fronterizo, se encuentran prófugos”.

“Y que hubo un móvil político que se organizó desde Venezuela”.

Pero quién es este excéntrico fiscal, Tarek William Saab, jefe del Ministerio Público, es un hombre fuerte del régimen de Maduro, que cumple un rol clave- que se apreció en las acusaciones contra el gobierno chileno- en el rodaje de la dictadura venezolana.

Es el brazo ejecutor de las decisiones judiciales más polémicas contra activistas y opositores, otorgándole un escudo legal, que le permita a la dictadura imponer la validez del relato revolucionario, lo podemos bautizar como el “zar del lawfere”.

Término que hemos escuchado- “lawfere”- de manera frecuente los chilenos, las últimas semanas en medio remezón mediático que produjo la formalización de Jadue, como una forma de defensa del edil, señalando que estaba siendo sujeto de una persecución judicial, basada en intereses políticos y no en el imperio de la ley.

Pues bien, el fiscal Saab es el instrumento que sanciona las decisiones discrecionales de la dictadura de Maduro, dándole un sustento legal, a decisiones políticas discrecionales, en un país que no existe el Estado de Derecho, ni la autonomía del poder judicial.

Abogado, con especializaciones en derecho penal y derechos humanos, Saab fue designado fiscal general en 2017 por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, foro que se apropió de las funciones del parlamento electo en 2015, dominado por la oposición venezolana, que quedó inoperante de facto a partir de aquel año en medio de masivas protestas antichavistas en todo el país.

Con esta decisión uno puede establecer que ese año 2017, se consolida la dictadura de Maduro.
La Asamblea Constituyente sepultó al Congreso controlado por la oposición y asumió las labores legislativas, mientras se redactaba una nueva Carta Magna, lo que nunca ocurrió. Pero se terminaba con un poder legislativo independiente, que era lo que importaba con esta decisión.

Irritable controlador de la prensa, Saab usa las leyes para perseguir a quién sea crítico del gobierno, en una oportunidad detuvo a 131 personas por el delito de “sabotear” las medidas económicas de Maduro. Entre los detenidos figuraban varios gerentes de grandes cadenas comerciales.

La oposición lo ha acusado de ser uno de los líderes del madurismo más corrupto de la historia, pese a que – por supuesto- ninguna denuncia ha prosperado en la justicia.

Saab no es, precisamente, el fiscal de un gobierno democrático convencional, sino el de un estado revolucionario. Un estado que nadie ha decretado y no está en la Constitución, pero la única realidad a la cual el oficialismo, como cuerpo político, responde.