Una catástrofe autofabricada
Si bien desde hace cuatro años contamos con una ley que protege y promueve el uso sostenible de los humedales urbanos, es aún muy baja la protección que se le ha dado a estos cuerpos de agua.
Estefanía González es subdirectora de Campañas de Greenpeace.
Según el Informe Climatológico Diario Nacional, elaborado por la Dirección Meteorológica de Chile, a la fecha, al menos 13 de las 26 estaciones del organismo presentan un superávit de lluvias (sobre todo en la zona centro sur del país). Por ejemplo, en la estación Pudahuel, de la Región Metropolitana, los registros de este año superarían en un 123% los de un año normal.
Pese a lo necesarias (y esperadas) de estas precipitaciones, lamentablemente también nos han mostrado la peor cara de los frentes meteorológicos en la actualidad: complejos residenciales completamente inundados, calles anegadas y puentes destruidos, por mencionar algunos ejemplos, lo que nos hace reflexionar sobre las políticas de planificación territorial y las causas de que cada año ocurran estas catástrofes en los mismos territorios, así como en la falta de resiliencia de nuestras ciudades frente a eventos climáticos cada vez más complejos.
El crecimiento urbano exponencial nos lleva cada año a ser testigos de graves catástrofes fabricadas por un desarrollo descontrolado y el hecho de no contar con una planificación territorial a la altura del desafío. Vemos como los rellenos de humedales se han convertido en algo común para la industria inmobiliaria, pese a que cada año estos nuevos proyectos sufren las consecuencias de las lluvias de forma directa, como ocurrió el pasado 18 de junio con el condominio La Reserva en la comuna de Isla de Maipo producto de la crecida del río, una situación que históricamente se ha registrado en dicha comuna.
Es clave entender que en Chile existen más de 40 mil humedales, que cubren una superficie de 4,5 millones de hectáreas, representando cerca del 6% del territorio nacional. Estos ecosistemas tienen distintas formas y naturalezas, las que varían en cada territorio: pueden presentarse como estuarios, salares, vegas y bofedales o turberas; pueden ser humedales lacustres, fluviales o costeros.
Además de ser el hábitat de miles de especies, estos ecosistemas tienen beneficios enormes, que permiten la regulación de fenómenos extremos: absorben las lluvias, actuando como verdaderas esponjas que luego liberan el agua de forma paulatina y controlada, evitando inundaciones en entornos urbanos; son reguladores de temperaturas, algo crucial al enfrentar cada verano olas de calor; infiltran las napas subterráneas, lo que asegura una mantención sana del suelo y una mejor acumulación de agua, y, además, tienen un enorme valor cultural para sus comunidades y entornos.
Si bien desde hace cuatro años contamos con una ley que protege y promueve el uso sostenible de los humedales urbanos, es aún muy baja la protección que se le ha dado a estos cuerpos de agua (vitales, como ya se mencionaba, para la supervivencia y la construcción de ciudades más resilientes): ejemplo de ello es lo ocurrido recientemente en Puerto Montt, donde la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) formuló cargos a la Inmobiliaria Pocuro Sur que construyó un enorme proyecto residencial sobre un humedal sin contar con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) correspondiente; hecho que las comunidades venían alertando desde 2021, cuando se comenzó el proyecto.
Más allá de que esta empresa se enfrente a una posible multa de casi 4 mil millones de pesos, el daño ecosistémico y en todo el territorio ya está hecho: no sólo el humedal fue groseramente intervenido, además las personas que eventualmente habiten ese proyecto podrían verse afectadas por inundaciones en el futuro, tal como hemos visto que ha ocurrido en el humedal de Los Molles y en diversos megaproyectos residenciales construidos sobre rellenos de humedales.
Es ahí donde la ley de humedales urbanos, aunque representa un tremendo avance, no logra frenar el problema de fondo, pues pareciera que las empresas prefieren pagar multas (o apelarlas por décadas y llevar el caso a cuánto tribunal les sea posible) que dejar de cometer estas ilegalidades.
Un año lluvioso en la zona central del país, como este 2024, debiese ser motivo de alegría y celebración; pero, lamentablemente, este escenario se ha visto eclipsado por el dolor de miles de familias que cada vez que llueve quedan en situación de vulnerabilidad producto de inundaciones que debieron ser atajadas con un buen plan de urbanización (que considere el cambio climático como una variable) y normativas que logren efectivamente impedir estas malas prácticas de la industria.
Es hora de prepararnos mejor y no propiciar catástrofes autofabricadas que pueden ser evitadas.