Delegados presidenciales regionales: entre realidad y retórica
En mayo de 2023, el gobierno presentó un proyecto de reforma constitucional para reemplazar a los delegados presidenciales con la figura de "jefe o jefa regional y provincial de Gobierno Interior". Sin embargo, esta iniciativa es más un gesto simbólico que un esfuerzo genuino por cumplir con su promesa de campaña. La Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi) criticó duramente el proyecto, argumentando que no otorga mayores atribuciones a los gobernadores, especialmente en materia de orden público.
Víctor Inostroza es investigador de Fundación P!ensa
Durante las campañas presidenciales, los candidatos hacen muchas promesas sin considerar su viabilidad técnica, solo para ganar votos. El actual gobierno prometió mucho: transporte público gratuito y no contaminante, condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE), desmilitarización de la Araucanía y la creación de un Banco Nacional de Desarrollo, entre otros. Una promesa destacada del entonces candidato Gabriel Boric era eliminar a los delegados presidenciales regionales y provinciales para entregar mayor poder a las gobernaciones regionales.
Boric se comprometió a una “descentralización sin letra chica”, asegurando que eliminaría la figura del delegado presidencial debido a su duplicación de funciones con los gobernadores regionales. A pesar de que la propuesta carecía de rigor técnico y dejaba al poder ejecutivo sin representantes en las regiones, su programa afirmaba: “Eliminaremos la figura del Delegado Presidencial por su duplicación de funciones con los nuevos gobernadores regionales electos y daremos prioridad al traspaso de competencias hacia estos”. Además, incluía la transferencia de potestades relativas a la seguridad pública del Delegado Presidencial al Gobernador Regional, subrayando la importancia de la autonomía regional en la gestión de la seguridad.
Durante la campaña, el diputado Boric no parecía consciente de que la figura del delegado presidencial regional es fundamental para el funcionamiento eficiente y coordinado del Estado en las regiones. Al parecer, solo al llegar a La Moneda se dio cuenta de que este rol no solo actúa como el principal representante del poder ejecutivo, sino que también es crucial en la gestión de la seguridad pública, un tema muy cuestionado hoy en día. Los delegados presidenciales deben facilitar la implementación de políticas nacionales a nivel local, garantizando que las prioridades del gobierno central se reflejen y ejecuten adecuadamente en cada región.
En mayo de 2023, el gobierno presentó un proyecto de reforma constitucional para reemplazar a los delegados presidenciales con la figura de “jefe o jefa regional y provincial de Gobierno Interior”. Sin embargo, esta iniciativa es más un gesto simbólico que un esfuerzo genuino por cumplir con su promesa de campaña. La Asociación de Gobernadores Regionales (Agorechi) criticó duramente el proyecto, argumentando que no otorga mayores atribuciones a los gobernadores, especialmente en materia de orden público. Como era de esperar, el proyecto ha permanecido sin avances desde su presentación.
Todo parece sugerir que el gobierno cambió de parecer y ya no quiere eliminar la figura del delegado presidencial ni mucho menos traspasar atribuciones de orden público a los gobiernos regionales. Esto se evidencia al contrastar las promesas del programa de gobierno con las declaraciones de la Subsecretaria de Desarrollo Regional, Francisca Perales (FA), en una reciente entrevista. “El rol del delegado es ser el representante del Presidente y del gobierno central en la región”. Además, subrayó que, incluso si se eliminan los delegados presidenciales, las competencias de control del orden público seguirían radicadas en el gobierno central. Esta postura, contraria a la inicial, da cuenta de una clara improvisación y falta de planificación en la gestión de temas cruciales como la descentralización y la seguridad pública a la hora de desarrollar un programa de gobierno.
La figura del delegado presidencial regional sigue vigente, no solo porque quienes nos gobiernan tuvieron que llegar al poder para darse cuenta de su importancia, sino también porque sirve como trampolín político para futuras candidaturas de cualquier sector del oficialismo. Chile tiene 16 regiones, por lo que hay 16 delegados presidenciales regionales (además de 56 delegados provinciales). La actual presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, renunció a la delegación presidencial metropolitana, luego de varios años en un cargo de alta connotación pública, para disputar y ganar la presidencia del partido, quedando bien perfilada para una futura candidatura parlamentaria. Otros delegados que suenan como candidatos para las elecciones de 2025 incluyen a Daniela Dresdner (Biobío), José Montalva (Araucanía) y Daniel Quinteros (Tarapacá).
Es fundamental que las promesas de campaña sean serias y estén respaldadas por una planificación sólida, para no comprometer la institucionalidad y la seguridad del país. El desafío real no es eliminar figuras clave, sino asegurarse de que todos los niveles de gobierno trabajen en armonía para enfrentar los problemas más urgentes de la nación.
