Proyecto de convivencia escolar: lejos de ser una solución
Es de total inocencia creer que por medio de este proyecto se lograrán los objetivos que el Gobierno promete cumplir y peor aún, que pretenda hacerlo a costa de las comunidades educativas, quienes deberán cumplir mayores obligaciones sin herramientas pesándoles todo el rigor de la ley ante eventuales incumplimientos.
Francisca González Echavarri es Directora Legal de Acción Educar
El renombrado proyecto de ley de convivencia escolar ha sido objeto de modificaciones en lo que lleva de tramitación. Actualmente se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, a la espera de continuar su tramitación en la Comisión de Hacienda, luego de haberse discutido en la Comisión de Educación.
Uno de los cambios más relevantes es el realizado al consejo escolar. Inicialmente, el proyecto proponía además de su obligatoriedad en todos los establecimientos educacionales, dotarlo de poder resolutivo en algunas materias, coartando su autonomía y vulnerando su libertad de enseñanza, así es como, sin perjuicio de haberse corregido el carácter resolutivo, aún se mantiene su obligatoriedad para todos los establecimientos. Otro aspecto modificado fue moderar la obligación del sostenedor de brindar asistencia jurídica a los docentes afectados por delitos cometidos por terceros, limitándola a ofrecer apoyo y orientación para proteger sus derechos, al menos hasta la presentación de la denuncia. Lo primero excedía con creces la esfera de actuación y las posibilidades financieras de los establecimientos.
Si bien se mejoraron algunos aspectos críticos, aún persisten importantes vacíos y elementos deficitarios que limitan su capacidad de generar un impacto real y beneficioso en las comunidades educativas.
En primer lugar, preocupa la falta de una mirada integral en donde la prevención (atender aquello que causa la violencia), la importancia y participación de las familias y la relevancia de la gestión y liderazgo directivo continúan olvidados en el diseño de la ley.
El proyecto se centra en la imposición de una serie de protocolos y nuevas exigencias que aumentan de forma excesiva la normativa interna y la carga de trabajo de docentes y profesionales, quienes deberán poder implementar y dar cumplimiento a los nuevos requerimientos en un corto periodo de tiempo (6 meses desde la publicación de la ley). Esto además da cuenta de una visión sesgada en la que se responsabiliza directamente a los establecimientos de un problema profundo y complejo como es la violencia, que, si bien se manifiesta también en ellos, posee causas que no son posibles de abordar únicamente desde la esfera escolar. La mayor carga burocrática que el proyecto genera es sumamente relevante, pues quita tiempo a los colegios para hacerse cargo de su misión fundamental: impartir educación. Un reciente estudio de Acción Educar da cuenta que de las numerosas normas que deben cumplir los establecimientos educacionales con reconocimiento oficial, se desprenden 2.527 obligaciones para sostenedores y establecimientos educacionales.
Por otro lado, la especificidad de la normativa que se propone quita libertad y autonomía a los colegios para abordar los problemas de convivencia conforme a su proyecto educativo y a su propia realidad, lo que los convierte en simples ejecutores de las directrices del Estado.
Finalmente, un aspecto inconcebible es que el proyecto no contemple los recursos necesarios para que los colegios puedan contar con los profesionales capacitados que exige, ni para dar cumplimiento a los nuevos requerimientos. Lo anterior cobra especial relevancia cuando una de las principales preocupaciones de los directores de establecimientos educacionales es la falta de recursos para la gestión de la escuela. El proyecto sólo contempla recursos para aumento de personal en la Superintendencia de Educación y la Agencia de la Calidad, es decir, para facilitar la actuación estatal, pero nada que permita a los establecimientos contar con herramientas para cubrir las nuevas necesidades. Es de total inocencia creer que por medio de este proyecto se lograrán los objetivos que el Gobierno promete cumplir y peor aún, que pretenda hacerlo a costa de las comunidades educativas, quienes deberán cumplir mayores obligaciones sin herramientas pesándoles todo el rigor de la ley ante eventuales incumplimientos. Sin recursos humanos y financieros las buenas intenciones del proyecto difícilmente se traducirán en mejoras reales.
Para que esta ley tenga un impacto real y duradero, es fundamental replantear su enfoque y proporcionar a las escuelas los recursos y el apoyo necesarios para crear ambientes propicios para el aprendizaje, lo que permitirá no solo mejorar los logros académicos de los estudiantes, sino también avanzar hacia la construcción de una cultura de paz, respeto y mayor bienestar social.
